Washington endurece la presión sobre la cúpula del régimen cubano
La administración de Donald Trump anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra figuras clave del régimen cubano, ampliando por primera vez las medidas punitivas a familiares directos de altos dirigentes de La Habana.
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la inclusión en la lista de sancionados de la esposa de Miguel Díaz-Canel, Lis Cuesta Peraza; de su hijastro, Manuel Anido Cuesta; así como de Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín.
La decisión forma parte de una estrategia más amplia destinada a aumentar la presión sobre el aparato político, militar y económico que sostiene al régimen cubano.
La familia de Díaz-Canel entra en la lista negra de Washington
Aunque Miguel Díaz-Canel y Alejandro Castro Espín ya se encontraban sancionados por Estados Unidos, esta es la primera vez que Washington extiende las medidas a miembros de sus familias.
Según las autoridades estadounidenses, las sanciones bloquean cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos, empresas y entidades financieras de Estados Unidos realizar transacciones con los designados.
Fuentes citadas por medios estadounidenses señalan que Manuel Anido Cuesta, quien reside en España, habría actuado en diversas ocasiones como emisario informal del gobernante cubano en contactos internacionales.
Rubio apunta contra estructuras clave del régimen
La nueva ofensiva también alcanza a varias instituciones consideradas pilares de control político dentro de Cuba.
Entre las entidades sancionadas figuran:
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Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR)
Comités de Defensa de la Revolución (CDR)
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)
Amistur Cuba S.A.
Minera La Victoria S.A.
Washington acusa a estas organizaciones de participar en actividades que, según el Departamento de Estado, contribuyen a la expansión de la influencia política del régimen y a operaciones de inteligencia fuera de la isla.
Marco Rubio: “Sostienen una campaña para socavar la seguridad de EEUU”
Al anunciar las medidas, Rubio aseguró que las nuevas sanciones buscan afectar directamente las estructuras que, a juicio de Washington, financian y ejecutan actividades contrarias a los intereses estadounidenses.
“Estas sanciones apuntan a la amplia y violenta red de acción radical del régimen cubano y a los actores que la implementan y financian”, afirmó el secretario de Estado.
Rubio también sostuvo que durante décadas La Habana ha servido como plataforma de apoyo para movimientos radicales de izquierda en América Latina y otras regiones.
Golpe a las redes internacionales de apoyo al régimen
Uno de los aspectos más significativos de las nuevas sanciones es la inclusión del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), organismo encargado de coordinar relaciones con grupos de solidaridad internacional.
Analistas consideran que la medida podría afectar los programas de intercambio, viajes políticos y actividades de apoyo internacional organizadas desde La Habana.
La decisión llega además mientras autoridades estadounidenses investigan recientes viajes de activistas extranjeros a Cuba para determinar posibles violaciones de las sanciones vigentes.
También sancionan una empresa minera vinculada al oro cubano
El Departamento de Estado anunció además sanciones contra Minera La Victoria S.A., una empresa mixta dedicada a la explotación de oro en Cuba.
La compañía está vinculada a Geominera S.A., entidad estatal cubana, y mantiene asociaciones con inversionistas extranjeros.
La medida se suma a sanciones previas impuestas a empresas del sector minero, energético y turístico vinculadas al conglomerado militar GAESA.
La presión sobre La Habana alcanza niveles inéditos
Las nuevas sanciones llegan en medio de una estrategia de máxima presión impulsada por la administración Trump.
Durante los últimos meses Washington ha impuesto restricciones contra GAESA, altos mandos militares, funcionarios gubernamentales, empresas estatales y entidades financieras.
Paralelamente, el Departamento de Justicia presentó cargos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, mientras continúan los contactos diplomáticos y de seguridad entre ambos países.
Rubio reconoce contactos, pero duda de una figura para liderar una transición
Durante una audiencia en el Congreso, Rubio reiteró que Estados Unidos está dispuesto a apoyar una transición hacia la democracia y la prosperidad en Cuba.
Sin embargo, reconoció que actualmente no existe una figura identificada dentro del sistema cubano capaz de liderar ese proceso.
“Hay personas dentro del aparato que entienden que lo que tienen no es sostenible, pero no tienen suficiente poder para cambiarlo”, afirmó.
Las nuevas sanciones refuerzan el mensaje de Washington: aumentar el aislamiento de la élite gobernante mientras continúa la presión política y económica sobre el régimen cubano.