Fernando Armando Valdés Pérez, de 61 años, fue expulsado tras ser señalado por ICE como activo de inteligencia cubana que ocultó sus vínculos para obtener residencia
Estados Unidos deportó a Fernando Armando Valdés Pérez, un ciudadano cubano-guatemalteco de 61 años al que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) identifica como un activo de la inteligencia cubana que habría trabajado durante décadas infiltrado entre opositores y figuras del exilio.
Valdés Pérez, residente en Kendall, fue expulsado de Estados Unidos el 7 de agosto, después de haber sido detenido casi un mes antes en el Aeropuerto Internacional de Miami durante una operación en la que participaron ICE, el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Según la agencia migratoria, el hombre consiguió obtener fraudulentamente la residencia permanente estadounidense al ocultar deliberadamente sus vínculos con el Gobierno cubano y sus actividades de inteligencia.
El elemento más delicado del caso se remonta a mediados de la década de 1990.
Según ICE, Valdés Pérez recibió la misión de infiltrarse entre comunidades de exiliados y opositores cubanos en América Latina y posteriormente en Estados Unidos.
El objetivo habría sido recopilar información de interés para los servicios de inteligencia de La Habana.
La agencia lo describe expresamente como un activo de inteligencia del régimen cubano.
Sin embargo, el comunicado conocido hasta ahora no menciona la presentación de cargos penales por espionaje en su contra. Su expulsión se produjo mediante procedimientos migratorios.
Una de las revelaciones más relevantes es que Valdés Pérez habría conseguido ganarse la confianza de Luis Posada Carriles, una de las figuras más conocidas y controvertidas del exilio anticastrista.
Posada Carriles residió durante años en el sur de Florida y murió en Miami en 2018, a los 90 años.
De acuerdo con ICE, Valdés Pérez permaneció también próximo durante años a otras figuras de la comunidad cubana y cubanoamericana.
La agencia no detalló públicamente qué información habría recopilado ni a quién habría entregado sus reportes.
Valdés Pérez había logrado establecerse legalmente en Estados Unidos y residía en Kendall, Miami-Dade.
Pero las autoridades sostienen que ese beneficio migratorio fue obtenido mediante fraude.
Según la investigación, habría ocultado conscientemente su verdadera relación con el Gobierno cubano cuando solicitó la residencia.
Para ICE, esa omisión fue determinante.
La agencia sostiene que una persona vinculada con un servicio de inteligencia extranjero debe revelar información relevante de ese tipo durante los procesos migratorios cuando los formularios y procedimientos así lo exigen.
El arresto ocurrió el 10 de julio de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Miami.
La operación fue descrita como una acción administrativa de inmigración.
Participaron:
ICE, el FBI y CBP.
Tras quedar bajo custodia federal, Valdés Pérez fue colocado en procedimientos migratorios hasta que finalmente se concretó su expulsión el 7 de agosto.
El comunicado no precisó a qué país fue enviado Valdés Pérez.
El hombre tiene ciudadanía cubana y guatemalteca.
Tampoco se ha informado públicamente si Cuba o Guatemala participaron en las gestiones para recibirlo.
Ese dato permanece sin aclarar.
Otra gran incógnita es el contenido de la información que supuestamente recopiló.
ICE no indicó:
qué personas fueron vigiladas, qué organizaciones fueron objeto de interés, qué documentos habría obtenido ni durante cuánto tiempo mantuvo comunicación operativa con la inteligencia cubana.
Tampoco precisó si recibió pagos, instrucciones directas o entrenamiento específico por parte de organismos de seguridad de La Habana.
La información divulgada hasta ahora se limita a señalarlo como activo de inteligencia y a describir su misión general de infiltración.
Matthew Elliston, director de la oficina de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Miami, lanzó una advertencia después de conocerse el caso.
“Las personas que ocultan vínculos con servicios de inteligencia extranjeros y explotan nuestro sistema migratorio representan una grave amenaza para la integridad de ese sistema y para nuestra seguridad nacional”.
Elliston aseguró que ICE continuará trabajando con otras agencias federales para detectar a personas que hayan obtenido beneficios migratorios mediante fraude.
Este punto es fundamental para entender el caso.
Valdés Pérez fue señalado administrativamente por las autoridades como un activo de inteligencia cubana.
Pero el reporte divulgado no menciona una acusación penal bajo las leyes federales estadounidenses relacionadas con espionaje o actuación como agente extranjero.
Eso distingue su caso de otros procesos en los que fiscales federales presentan cargos criminales específicos.
Aquí, el mecanismo utilizado fue migratorio: determinar que el hombre había conseguido la residencia ocultando información material y proceder posteriormente a su expulsión.
Las autoridades estadounidenses han intensificado durante los últimos años la revisión de antecedentes de cubanos vinculados con organismos de seguridad, inteligencia o estructuras políticas de La Habana.
Uno de los casos más conocidos fue el de Tomás Emilio Hernández Cruz, exoficial de inteligencia cubana residente en Florida.
ICE y el FBI lo arrestaron en marzo de 2025 después de acusarlo de haber ocultado información sobre su trayectoria dentro del aparato cubano durante procesos migratorios.
También fue detenido en Miami Daniel Morejón García, exfuncionario del Ministerio del Interior señalado por su actuación durante las protestas del 11 de julio de 2021.
Morejón fue posteriormente deportado a Cuba.
En varios de estos casos, el eje jurídico no ha sido demostrar judicialmente delitos cometidos décadas atrás en Cuba.
Las autoridades estadounidenses se concentran en establecer qué información declaró la persona al solicitar visas, residencia, asilo o ciudadanía y si ocultó deliberadamente antecedentes relevantes.
ICE dispone de facultades para identificar, detener y remover a personas sujetas a las leyes migratorias, mientras las investigaciones de fraude pueden involucrar también a otras agencias federales.
La deportación ocurre además mientras Estados Unidos incrementa sus acusaciones públicas contra las actividades de inteligencia de La Habana.
Durante 2026, Washington ha señalado al Gobierno cubano por mantener operaciones de recopilación de información dentro y fuera de la isla y por cooperar con servicios extranjeros.
El Departamento de Estado ha prestado especial atención a las relaciones de Cuba con Rusia y China y a las instalaciones de inteligencia de señales existentes en territorio cubano.
La Habana rechaza esas acusaciones y sostiene que Washington utiliza el tema de seguridad como justificación para aumentar la presión política y económica.
Si las afirmaciones de ICE son correctas, el elemento más significativo del caso de Valdés Pérez es la duración de su supuesta operación.
Las autoridades sitúan sus actividades desde mediados de los años 90.
Eso implicaría una operación prolongada a través de distintos países y generaciones del exilio cubano.
Su presunta proximidad a Luis Posada Carriles habría proporcionado a la inteligencia cubana acceso a un círculo considerado históricamente prioritario por La Habana.
Durante años, Fernando Armando Valdés Pérez vivió en el sur de Florida como residente permanente.
Ahora esa residencia terminó anulada en la práctica por un procedimiento que las autoridades relacionan directamente con los vínculos que aseguran que ocultó.
ICE afirma que era un activo de inteligencia del régimen cubano infiltrado entre exiliados.
El Gobierno estadounidense lo detuvo en julio y lo expulsó el 7 de agosto.
Pero permanecen preguntas importantes: a qué país fue enviado, cuánto tiempo trabajó realmente para La Habana, qué información entregó y qué otras personas o grupos estuvieron bajo su observación.
Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido esas respuestas.
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