El Gobierno cubano elevó a 350 CUP la balita de gas licuado de 10 kg y fijó en 4,97 CUP por m³ el gas manufacturado en La Habana
El Ministerio de Finanzas y Precios publicó nuevas tarifas para el gas licuado de petróleo y el gas manufacturado, en medio de la escasez de combustible, los apagones prolongados y el deterioro de los servicios básicos. La medida fue presentada como una actualización necesaria por los costos reales del servicio y el impacto del embargo estadounidense.
El Gobierno cubano oficializó este jueves un aumento en los precios minoristas del gas licuado de petróleo, conocido popularmente como GLP, y del gas manufacturado, mediante resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial No. 59.
La medida fue dictada por el Ministerio de Finanzas y Precios y entra en vigor en un momento de profunda crisis energética, marcada por apagones masivos, falta de combustible y colapsos repetidos del Sistema Electroenergético Nacional.
El incremento afecta directamente a millones de hogares que dependen del gas para cocinar en medio de una situación cada vez más precaria.
La Resolución 155/2026 fija el nuevo precio minorista del gas licuado en 35 pesos cubanos por kilogramo.
Eso significa que el cilindro doméstico de 10 kilogramos, conocido como “balita”, pasa a costar 350 CUP.
Hasta ahora, el cilindro costaba 213 CUP, por lo que el aumento representa un golpe adicional para los hogares cubanos, especialmente aquellos con ingresos fijos, jubilados o familias que ya enfrentan gastos elevados por alimentos, transporte y productos básicos.
Según el propio Ministerio de Finanzas y Precios, Cuba cuenta con 1.707.763 clientes de gas licuado de petróleo.
El 26% de esos clientes se concentra en La Habana.
Otro 37% se ubica en Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.
La magnitud de la base de usuarios explica el impacto social de la medida: no se trata de un servicio marginal, sino de una fuente esencial de energía doméstica para una parte importante de la población.
El Ministerio admitió que las limitaciones financieras en divisas han provocado afectaciones en las ventas de gas licuado.
Según la entidad, esas ventas no alcanzan a cubrir la demanda de la población.
Esa declaración confirma lo que muchos cubanos denuncian desde hace meses: aun cuando las familias tienen dinero para comprar el cilindro, el producto no siempre está disponible.
El aumento de precio llega, por tanto, en medio de escasez, no de normalidad en el suministro.
La Resolución 156/2026 establece nuevas tarifas para el gas manufacturado, un servicio disponible únicamente en La Habana.
El precio para el sector residencial y no residencial no productivo queda fijado en 4,97 CUP por metro cúbico.
Antes, la tarifa era de 2,20 CUP por metro cúbico, lo que implica más del doble del precio anterior.
Para muchas familias habaneras, el aumento llega en un momento de ingresos insuficientes y gastos acumulados por la crisis eléctrica.
La resolución establece una tarifa bonificada de 4 CUP por metro cúbico para entidades que prestan servicios sociales.
Entre ellas se incluyen hospitales, hogares de ancianos, centros de niños sin amparo familiar y otros servicios de naturaleza similar.
El descuento busca reducir el impacto sobre instituciones sensibles, aunque no elimina el problema de fondo: el encarecimiento de un insumo básico en un país donde los servicios públicos ya operan bajo fuertes limitaciones materiales.
El gas manufacturado tiene una cobertura mucho más limitada que el GLP.
Según el Ministerio, el servicio llega a 280.707 clientes residenciales en La Habana y a 3.844 clientes del sector no residencial.
De los clientes residenciales, una parte recibe el servicio mediante medición y otra por sistema no metrado.
La Habana es la única provincia donde este servicio se mantiene disponible, lo que hace que el impacto de la nueva tarifa se concentre en la capital.
La norma también abre la puerta a aplicar tarifas en dólares estadounidenses para clientes que operen en esa moneda o tengan condiciones económicas para asumir el pago en divisas.
El Gobierno justifica esta disposición por el llamado “cerco energético” y por la falta de recursos para satisfacer la demanda de productos necesarios para la población.
La medida confirma la creciente dolarización parcial de servicios y operaciones en Cuba, incluso en sectores básicos vinculados a la energía doméstica.
El Ministerio de Finanzas y Precios explicó que la actualización responde a los costos reales y gastos necesarios para sostener el servicio.
También atribuyó la medida al recrudecimiento del embargo estadounidense en los ámbitos económico, comercial, financiero y energético.
Según el Gobierno cubano, las sanciones y restricciones al suministro de petróleo tienen una incidencia directa en la capacidad del país para mantener precios subsidiados y garantizar productos esenciales.
El aumento del gas no ocurre en un contexto normal.
Cuba atraviesa una de las crisis energéticas más graves de su historia reciente.
En julio, la isla sufrió varias desconexiones totales del Sistema Electroenergético Nacional en apenas días, con apagones que en algunas zonas superan las 72 horas consecutivas.
La falta de electricidad afecta también el bombeo de agua, la conservación de alimentos, hospitales, transporte, telecomunicaciones y la vida diaria de millones de personas.
Para muchas familias cubanas, el gas no es solo un servicio más.
Es la vía para cocinar cuando no hay electricidad, cuando las cocinas eléctricas no funcionan o cuando los apagones se extienden durante casi todo el día.
Subir el precio del gas en medio de apagones prolongados aumenta la presión sobre los hogares, que deben pagar más por una alternativa energética que también enfrenta problemas de disponibilidad.
El resultado es una ecuación cada vez más difícil: sin luz, con poco gas y con alimentos más caros.
El país enfrenta escasez crónica de combustible, reducción de suministros externos y dificultades para sostener generación eléctrica, transporte y distribución de productos.
El Gobierno acusa a Estados Unidos de imponer un bloqueo energético y de presionar a navieras, proveedores y terceros países.
Críticos del régimen, en cambio, señalan décadas de mala gestión, falta de inversión, dependencia externa y control estatal ineficiente de sectores estratégicos.
Ambas narrativas chocan, pero el impacto recae sobre la población.
La subida del gas llega después de otros anuncios económicos que han golpeado el bolsillo de los cubanos.
El régimen ha aprobado reformas, nuevos precios, ajustes tarifarios y medidas de dolarización parcial en medio de una inflación persistente.
Aunque el Gobierno presenta estas decisiones como inevitables para sostener servicios, muchos ciudadanos las perciben como más carga sobre una población ya agotada.
El problema central no es solo que suba el precio.
Es que sube en un momento en que el servicio es inestable, los salarios pierden valor, el peso cubano sigue debilitado y los productos básicos escasean.
Para los hogares, pagar más no garantiza recibir mejor servicio ni mayor disponibilidad.
Esa contradicción alimenta el malestar social.
El Ministerio señaló que el contexto obliga a buscar alternativas para disminuir la demanda de combustibles.
Pero en la práctica, las alternativas reales son limitadas.
La electricidad falla, el gas escasea, el carbón vegetal también se encarece y muchos hogares no tienen acceso a tecnologías más eficientes.
La población queda atrapada entre precios más altos y opciones cada vez más reducidas.
En Cuba, cada subida de precios tiene carga política.
El aumento del gas se anuncia en medio de apagones, protestas, sanciones de Estados Unidos, crisis de abastecimiento y un clima social cada vez más tenso.
Las medidas económicas del régimen ya no son leídas solo como ajustes administrativos.
Para muchos cubanos, son señales de que el Estado traslada el costo del colapso a las familias.
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