La Resolución 162/2026 flexibiliza el sacrificio y comercialización de ganado bovino y équido, pero mantiene permisos, registros y controles veterinarios
El Gobierno cubano modificó las reglas para el sacrificio, consumo y comercialización de carne de res y caballo, en una nueva flexibilización dirigida a productores agropecuarios en momentos en que la escasez de alimentos y los elevados precios continúan golpeando a los hogares de la Isla.
La Resolución 162/2026, publicada este miércoles en la Gaceta Oficial, actualiza los procedimientos que deberán cumplir los propietarios de ganado bovino y équido para sacrificar legalmente sus animales y posteriormente consumir o comercializar la carne.
Las autoridades aseguran que la medida busca ampliar los canales de venta y facilitar que esos productos lleguen a la población a precios acordados entre las partes.
Sin embargo, el sacrificio de ganado no queda completamente liberalizado: los productores deberán continuar cumpliendo requisitos de registro, autorización veterinaria, traslado y certificación sanitaria.
La nueva normativa flexibiliza determinados procedimientos para que los propietarios autorizados puedan sacrificar ganado y comercializar la carne resultante.
Uno de los objetivos declarados es “promover el acceso de los propietarios de ganado bovino y équidos a los diferentes mercados”.
También se pretende aumentar la disponibilidad de productos cárnicos mediante precios establecidos por acuerdo entre compradores y vendedores.
El cambio amplía las posibilidades comerciales, aunque conserva la supervisión estatal sobre la trazabilidad y sanidad de los animales.
El productor no podrá simplemente matar un animal y comenzar a vender la carne.
Antes deberá solicitar a la autoridad veterinaria el correspondiente certificado de sacrificio.
Con ese documento tendrá que acudir al Registro Pecuario para tramitar el pase de tránsito necesario para trasladar el animal hacia un matadero o una losa de sacrificio autorizada.
La normativa establece:
“Para realizar el sacrificio de los animales, el productor solicita a la autoridad veterinaria el correspondiente certificado de sacrificio”.
Por tanto, continúa existiendo un procedimiento administrativo previo.
Otra limitación importante es el lugar donde puede realizarse el sacrificio.
Los propietarios autorizados deberán utilizar:
mataderos o losas de sacrificio reconocidas oficialmente.
Estas instalaciones deberán disponer además de servicios de inspección veterinaria.
El objetivo declarado es garantizar que la carne destinada al consumo humano cumpla las normas sanitarias.
Después del sacrificio, la carne deberá ser inspeccionada.
Los servicios veterinarios serán responsables de emitir una certificación sanitaria que acredite que los productos cumplen los requisitos establecidos.
La medida busca evitar que carne procedente de animales enfermos o sacrificados sin controles llegue a los consumidores.
La flexibilización comercial, por tanto, mantiene un componente importante de supervisión sanitaria.
La resolución también introduce requisitos específicos para los équidos.
Un caballo adulto deberá alcanzar al menos 280 kilogramos para cumplir las condiciones establecidas para su sacrificio.
La comercialización de carne equina es legal bajo las condiciones contempladas en la normativa cubana, aunque históricamente su consumo ha tenido una presencia mucho menor que otras carnes dentro de la dieta nacional.
Una vez sacrificado legalmente el animal y certificada la carne, el propietario tendrá diferentes opciones.
Podrá reservar una parte para consumo propio.
Pero los productos que no utilice podrán ser comercializados en los destinos autorizados.
La resolución establece:
“Las carnes y los productos que se generan como resultado del faenado del animal, que no se consuman por su propietario, pueden ser comercializados en los diferentes destinos autorizados”.
También podrán incorporarse a determinados balances de distribución previstos por las autoridades.
Uno de los cambios centrales consiste precisamente en ampliar los posibles destinos comerciales.
Hasta ahora, las restricciones y mecanismos de intermediación han sido señalados reiteradamente por productores como obstáculos para llevar alimentos directamente al mercado.
La nueva política intenta reducir parte de esas barreras.
El viceministro de Agricultura Telce González Morera aseguró que se abren nuevos canales de comercialización y se simplifican determinados trámites sanitarios.
La reforma introduce otro cambio significativo.
Ciudadanos que no sean propietarios o usufructuarios de tierras podrán dedicarse al engorde de determinados animales.
La posibilidad incluye las categorías de:
terneros y añojos.
Para hacerlo deberán inscribirse previamente en el Registro Pecuario correspondiente y disponer de la licencia sanitaria exigida.
Esto amplía el número potencial de personas que pueden participar en determinadas fases de la producción ganadera.
La flexibilización llega en un contexto marcado por una severa reducción de la oferta de proteínas animales.
La carne de res se ha convertido durante años en un producto de difícil acceso para buena parte de la población debido a su escasez y elevados precios.
El Gobierno busca ahora incentivar a los propietarios de ganado permitiéndoles mayor margen para comercializar legalmente parte de su producción.
El desafío será determinar si las nuevas reglas consiguen traducirse en una mayor disponibilidad real para los consumidores.
La reforma ganadera coincide con modificaciones más amplias introducidas mediante el Decreto-Ley 161/2026.
Según la información divulgada sobre esa normativa, los productores podrán acceder a determinadas modalidades de comercialización sin intermediarios obligatorios.
El objetivo es reducir algunos pasos entre quien produce los alimentos y quien finalmente los compra.
En teoría, menos intermediación puede permitir una negociación más directa de los precios.
Las nuevas disposiciones también amplían el margen para establecer precios mediante acuerdos y mecanismos vinculados con oferta y demanda.
Este punto representa otro movimiento dentro de las transformaciones económicas impulsadas por La Habana durante 2026.
El Gobierno continúa definiendo el modelo como socialista, pero ha introducido progresivamente mecanismos de mercado para intentar estimular la producción.
Los cambios no afectan únicamente a productores individuales.
Las nuevas normas contemplan mayores posibilidades para que cooperativas y mipymes participen en determinadas operaciones comerciales.
Entre ellas aparece la posibilidad de realizar comercio exterior directamente cuando se cumplan los requisitos establecidos.
Esto podría facilitar la importación de insumos y equipamiento necesarios para determinadas producciones agropecuarias.
Este es uno de los puntos fundamentales de la reforma.
Aunque las reglas se flexibilizan, la venta de carne de res y caballo continúa regulada.
Los productores deberán cumplir requisitos relacionados con:
registro del ganado, autorización veterinaria, certificado de sacrificio, traslado del animal, matadero autorizado e inspección sanitaria.
Por tanto, sacrificar ganado clandestinamente y vender posteriormente la carne fuera de los canales permitidos continuará estando fuera del marco legal.
Durante décadas, el sector ganadero cubano ha estado sometido a fuertes restricciones.
Las autoridades han argumentado que los controles son necesarios para proteger una masa ganadera deteriorada.
Los productores, por su parte, han denunciado que el exceso de regulaciones reduce los incentivos para criar animales y aumentar la producción.
La nueva resolución intenta encontrar un equilibrio entre ambos objetivos.
La reforma abre más posibilidades comerciales, pero no garantiza por sí sola una reducción de precios.
El costo final dependerá de factores como:
cantidad de ganado disponible, alimentación animal, transporte, costos de sacrificio, oferta, demanda y poder adquisitivo de los consumidores.
Si la producción continúa siendo insuficiente, una mayor libertad comercial no necesariamente convertirá la carne en un producto accesible para la mayoría de los hogares.
Las nuevas reglas encajan dentro de la estrategia económica aplicada por Cuba durante 2026.
El Gobierno ha permitido empresas privadas más grandes, ampliado determinados mecanismos de comercio exterior y flexibilizado algunas restricciones para productores.
Pero mantiene importantes controles administrativos, sanitarios y regulatorios.
En el caso de la carne bovina y equina, la nueva fórmula puede resumirse así:
más posibilidades para producir y vender, pero bajo autorización y supervisión estatal.
La verdadera prueba será comprobar si estas modificaciones logran aumentar la producción y llevar más carne a los mercados en medio de una de las crisis alimentarias más profundas que ha atravesado Cuba en décadas.
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