El canciller cubano acusó a Washington de reforzar una guerra contra el pueblo de Cuba tras nuevas sanciones a MINTUR, BRR y empresas estatales
El canciller cubano rechazó las nuevas designaciones de OFAC contra 10 entidades del régimen, entre ellas las Brigadas de Respuesta Rápida, el Ministerio de Turismo y empresas vinculadas a sectores estratégicos. Washington asegura que las medidas apuntan a herramientas de represión y fuentes de financiamiento del aparato estatal cubano.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó de “criminal y genocida” el nuevo paquete de sanciones anunciado por Estados Unidos contra entidades del régimen cubano.
En un mensaje publicado en la red social X, el canciller acusó a Washington de continuar reforzando una guerra contra el pueblo cubano, sus condiciones de vida y sus fuentes de sustento.
Rodríguez sostuvo que las medidas constituyen una manifestación del propósito de castigar a toda la población del país.
El mensaje del canciller concluyó con la etiqueta #CubaNoEsUnaAmenaza y la frase “El embargo sí”, en línea con el discurso histórico del régimen cubano contra las sanciones estadounidenses.
La reacción llegó pocas horas después de que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado anunciaran nuevas designaciones contra entidades cubanas incluidas en la lista SDN de OFAC.
Para La Habana, las sanciones forman parte de una política de asfixia económica.
Para Washington, son una herramienta para cortar recursos a estructuras represivas y financieras del régimen.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, añadió este lunes 10 entidades cubanas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados, conocida como SDN.
La medida fue adoptada bajo el programa CUBA-EO14404, vinculado a la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026.
Entre las entidades sancionadas figuran organismos represivos, estructuras parapoliciales, ministerios y empresas estatales relacionadas con turismo, comercio exterior, transporte marítimo-portuario y combustibles.
Una de las designaciones más simbólicas es la de las Brigadas de Respuesta Rápida.
Estas estructuras han sido señaladas durante décadas por participar en actos de repudio, hostigamiento, agresiones e intimidación contra opositores, activistas, periodistas independientes y ciudadanos críticos.
Durante las protestas del 11 de julio de 2021, grupos vinculados a estas brigadas fueron denunciados por golpear y perseguir a manifestantes en varias ciudades del país.
Washington las considera parte del aparato represivo del régimen.
La nueva ronda incluye además a las Milicias de Tropas Territoriales, conocidas como MTT, y a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, ACRC.
Aunque estas organizaciones son presentadas por La Habana como estructuras de defensa o veteranos, Estados Unidos las identifica como parte del entramado que sostiene la vigilancia, la movilización política y la represión contra la ciudadanía.
La inclusión de estas entidades refuerza el mensaje de la administración Trump: las sanciones no se limitan a funcionarios, sino que alcanzan a organizaciones utilizadas para controlar la calle.
El Ministerio de Turismo de Cuba, MINTUR, también fue sancionado.
La medida llega en un momento crítico para el sector turístico cubano, golpeado por la caída de visitantes, el deterioro de los servicios, la escasez de combustible, los apagones y la salida o reducción de operaciones de empresas extranjeras.
El turismo ha sido durante años una de las principales fuentes de divisas del régimen.
Washington considera que esos ingresos no benefician directamente al pueblo cubano, sino que alimentan estructuras controladas por la élite estatal y militar.
OFAC también incluyó en la lista a GEMAR, el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario, y a GECOMEX, el Grupo Empresarial del Comercio Exterior.
Ambas entidades son piezas relevantes dentro del sistema estatal de logística, importaciones, exportaciones y transporte.
Su designación puede complicar operaciones comerciales, pagos, seguros, navieras y vínculos con empresas extranjeras que aún mantienen relaciones con Cuba.
OFAC estableció un período limitado de liquidación para ciertas transacciones ordinarias con GEMAR y GECOMEX.
Otra de las entidades sancionadas es ANTEX S.A., identificada por OFAC como vinculada a GAESA, el conglomerado militar que controla sectores estratégicos de la economía cubana.
GAESA ya ha sido blanco de sanciones previas de Estados Unidos por su papel en turismo, comercio, finanzas, logística, tiendas en divisas y operaciones empresariales bajo control militar.
La inclusión de ANTEX profundiza el cerco financiero contra ese entramado económico-militar.
La lista también incluye a COREYDAN S.A. y ENETEC S.A., empresas vinculadas al comercio mayorista de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.
La designación ocurre en medio de una crisis energética extrema en la isla.
Cuba atraviesa colapsos del Sistema Electroenergético Nacional, apagones prolongados, falta de combustible y paralización de decenas de centrales de generación distribuida.
Para La Habana, sancionar entidades del sector energético agrava directamente la crisis.
Para Washington, esas estructuras forman parte del aparato que sostiene al régimen.
La reacción de Bruno Rodríguez mantiene la línea discursiva que ha seguido el Gobierno cubano ante cada nueva ronda de sanciones.
El canciller no presenta las medidas como castigo a la élite, sino como agresión directa contra toda la población.
Según su argumento, Washington busca deteriorar las condiciones de vida de los cubanos para provocar desesperación, descontento social y presión interna contra el Gobierno.
Esa lectura ha sido repetida por La Habana en la ONU, en comunicados oficiales y en redes sociales.
El Departamento de Estado sostiene lo contrario.
Según Washington, las sanciones buscan atacar pilares interconectados del aparato cubano: entidades estatales que canalizan ingresos al régimen y organizaciones paramilitares o de vigilancia que reprimen al pueblo.
La administración Trump acusa a La Habana de usar recursos estatales para sostener represión, inteligencia, propaganda y control social, mientras la población enfrenta apagones, hambre, escasez y deterioro de servicios básicos.
El nuevo paquete forma parte de una ofensiva más amplia iniciada tras la firma de la Orden Ejecutiva 14404.
Desde mayo, Washington ha sancionado entidades y figuras vinculadas a GAESA, el MININT, la PNR, los CDR, CUPET, estructuras de inteligencia, empresas financieras, compañías energéticas y ahora organismos represivos y turísticos.
La administración Trump sostiene que seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para presionar al régimen y exigir reformas reales.
Las sanciones llegan apenas después del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.
Ese día, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró que los cubanos merecen un futuro mejor y pidió al régimen comprometerse con reformas reales antes de que sea demasiado tarde.
Washington también exigió la liberación de presos políticos y avances en derechos humanos.
Para La Habana, esas exigencias constituyen injerencia y condicionamientos inaceptables.
No es la primera vez que Bruno Rodríguez usa un lenguaje extremo contra medidas de Washington.
Tras sanciones previas contra entidades vinculadas a GAESA, calificó la decisión como un “acto de guerra” y acusó a Marco Rubio de mentir sobre Cuba.
También ha acusado a Estados Unidos de imponer un cerco energético y de utilizar las sanciones para castigar al pueblo cubano.
Su nueva reacción se inserta en esa misma narrativa de confrontación.
El cruce ocurre en el peor momento económico y energético de Cuba en décadas.
La isla sufre apagones prolongados, colapsos nacionales del SEN, escasez de combustible, inflación, falta de alimentos y medicamentos, caída del turismo y deterioro general de los servicios públicos.
En varias provincias se han reportado cortes de electricidad de más de 70 y 80 horas.
En La Habana, barrios enteros han salido a protestar con cacerolazos y gritos de libertad.
Estados Unidos también vincula las sanciones con la situación de los presos políticos en Cuba.
Organizaciones de derechos humanos reportan más de 1.200 personas encarceladas por motivos políticos, entre ellas manifestantes del 11J, activistas, artistas, opositores y ciudadanos que protestaron contra el régimen.
La Habana niega tener presos políticos y afirma que esas personas fueron procesadas por delitos comunes.
Washington rechaza esa versión y acusa al régimen de criminalizar el disenso.
El nuevo paquete de sanciones volvió a mostrar la distancia entre las narrativas de ambos gobiernos.
Para La Habana, las sanciones son criminales, genocidas y buscan destruir la vida cotidiana del pueblo cubano.
Para Washington, son medidas dirigidas contra quienes reprimen, financian y sostienen al régimen.
En el centro queda una población atrapada entre apagones, pobreza, falta de alimentos, presos políticos, sanciones y ausencia de reformas reales.
La reacción de Bruno Rodríguez muestra que las sanciones golpean un punto sensible del régimen.
No solo afectan a empresas o ministerios: también colocan en la lista negra a estructuras simbólicas de control social, como las Brigadas de Respuesta Rápida.
Al sancionar simultáneamente represión, turismo, comercio exterior y combustibles, Washington intenta presionar tanto el aparato político como las fuentes de ingreso.
El régimen responde acusando a Estados Unidos de castigar al pueblo.banos.
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