Tras un maratónico debate que se extendió por más de doce horas, el partido gobernante Morena y sus fuerzas aliadas impusieron su mayoría sin mayores dificultades para aprobar, con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención, la iniciativa conocida como el “Plan B” que contempla cambios a tres artículos de la Constitución. El dictamen deberá ser avalado por la mayoría de los congresos de los 32 estados para su promulgación y entrada en vigencia.
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Congreso mexicano aprueba una reforma que reduce los gastos electorales sin tocar a los partidos
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Cámara de Diputados de México avaló el jueves una reforma constitucional para recortar los gastos de las autoridades electores, congresos locales y municipios, pero dejó fuera una controversial iniciativa promovida por la mandataria Claudia Sheinbaum para adelantar la revocatoria de mandato presidencial.
La reforma constitucional prevé que los congresos locales no podrán tener un gasto superior al 0,7% de los presupuestos estatales; se reducen las regidurías en los ayuntamientos hasta un máximo de 15; se ajustan los sueldos de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales electorales y organismos locales electorales y se establece que no podrán ganar más que la presidenta; y se ordena al Senado reducir en un 15% su gasto en un periodo de cuatro años.
Aunque desde el oficialismo se consideró la reforma como un importante avance a favor de la “austeridad” y la reducción de los privilegios, analistas señalaron que los cambios no tendrán mayor incidencia ni ayudarán a resolver asuntos claves en materia electoral como el control del financiamiento de los partidos y la violencia política, que el año pasado cobró la vida de 284 funcionarios y políticos, según cifras de la organización local Data Cívica que lleva adelante desde hace ocho años un estudio sobre la violencia en México.
La aprobación de la iniciativa se da tras un largo proceso que se inició en agosto del 2025 cuando la mandataria creó una comisión presidencial para promover una ambiciosa reforma electoral.
A comienzos de marzo Sheinbaum presentó un primer proyecto que contemplaba el recorte del financiamiento público de los partidos; la eliminación de 32 senadurías de representación proporcional; la modificación de método de elección de 200 diputados plurinominales; el fortalecimiento de los mecanismos de democracia participativa; la simplificación de los pasos del proceso electoral, y la regulación del uso de inteligencia artificial en las campañas políticas.
Pero la reforma no logró avanzar en el Congreso debido a que los partidos del Trabajo y Verde Ecológico de México – aliados del gobierno – le retiraron el apoyo y dejaron a Morena sin los votos suficientes para aprobarla.
Tras ese revés la mandataria decidió hacerle varios cambios a su propuesta y envió a mediados de marzo al Congreso el llamado "Plan B”.
Pese a que la nueva iniciativa no incluyó algunos temas álgidos como el financiamiento de los partidos y los diputados plurinominales, también encontró resistencia en el Partido del Trabajo, que presionó para que se excluyera la propuesta de Sheinbaum sobre el adelanto la revocatoria de mandato presidencial para junio del 2027.
La Constitución prevé que la consulta sobre la revocatoria de mandato solo puede hacerse a la mitad del período, que en el caso de Sheinbaum será en octubre del próximo año.
Luego de una serie de negociaciones el oficialismo accedió a eliminar la disposición en materia de revocación de mandato y fue así como el Senado aprobó el pasado 26 de marzo la reforma.
Sobre el impacto que tendrá la reforma, Daniela Arias, coordinadora del centro de pensamiento local Laboratorio Electora, afirmó que hasta el momento no se sabe cómo incidirán los recortes de gastos debido a que no hay un “diagnóstico claro que nos muestre por qué se considera desperdicio el dinero que se invierta en los municipios”.
Arias consideró como una “oportunidad perdida” la reforma debido a que no atendió asuntos de fondo como la violencia electoral o el uso de la inteligencia artificial en las campañas. “Se presente como una reforma electoral cuando en realidad en su mayoría no lo es. No es una reforma más administrativa”, sostuvo.
FUENTE: AP
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