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SUSCRIBITECARACAS (AP) — La Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, aprobó el martes por unanimidad una reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que apunta a reducir la influencia de los legisladores en la selección de los magistrados de esa máxima instancia al aumentar el número de miembros del comité de postulaciones ajenos al Legislativo.
La reforma, que entrará en vigor luego de que sea promulgada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y publicada en la Gaceta Oficial, contempla el incremento de los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales de 21 a 23, de los cuales 12 de ellos serán postulados por representantes de asociaciones civiles, grupos académicos y organizaciones independientes del Estado, entre otros.
El comité funcionará por un periodo de dos años y estará a cargo de evaluar y preseleccionar una lista de candidatos para escoger a las 32 magistrados del TSJ.
La aprobación se produjo casi tres semanas después que se realizó el primer ciclo de conversaciones formales entre delegaciones del Legislativo unicameral y exdiputados de la oposición (2015-2020) en las que se acordó iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema judicial venezolano, que es señalado por organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, como carente de independencia del poder político.
Las conversaciones, que se desarrollaron entre el 6 y 12 de agosto en Caracas, estuvieron enfocadas en la reforma de la ley del máximo tribunal, que incluiría renovar y ampliar el comité de postulaciones, así como conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados al TSJ para evitar irregularidades en la designación de los magistrados.
Los adversarios del ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y de su sucesor, el depuesto presidente Nicolas Maduro (2013-2026), permanentemente han acusado al oficialismo de designar con su abrumadora mayoría a los magistrados entre sus aliados, incluidos diputados recién separados del cargo, para asegurarse el control del TSJ que durante casi tres décadas se ha convertido en un poder decisivo en la trama política venezolana con una gran cantidad de sentencias desfavorables a los críticos de los gobiernos socialistas.
El oficialismo sostiene que los nombramientos de magistrados principales y suplentes se hicieron bajo cumplimiento de las leyes.
Estados Unidos fue el principal impulsor de los diálogos sobre una agenda para fortalecer la democracia y restituir derechos fundamentales tras casi tres décadas de gobiernos socialistas.
Los grupos defensores de derechos humanos, entre ellos la prestigiosa organización no gubernamental Acceso de la Justicia, ven de manera positiva la reforma, pero advierten que el comité de postulaciones debe ser integrado por miembros de la sociedad civil “independientes” y cuestionan la participación de legisladores en la preselección, argumentando que esto vulnera lo establecido en la Constitución.
La carta magna expresa que el Comité “estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad de conformidad con lo que establezca la ley”. En ese sentido resaltan que los diputados son “funcionarios públicos” que a la postre tendrán la última palabra en la selección definitiva de los magistrados.
Los activistas también exigen que sean públicos oportunamente las evaluaciones de los candidatos y los criterios de selección.
FUENTE: AP
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