Los grupos ambientalistas denunciaron la pesquisa como una farsa y presentaron demandas el jueves para solicitar que se anulen las citaciones, que describieron como hostigadoras y excesivamente amplias.
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Virginia Occidental investiga a grupos ambientalistas por defensa climática “engañosa”
El fiscal general republicano de Virginia Occidental inició una amplia investigación sobre los principales grupos ambientalistas del estado, al exigir una década de registros internos relacionados con “actos injustos o engañosos” en su recaudación de fondos y su defensa contra el cambio climático.
El fiscal general de Virginia Occidental, JB McCuskey, instó a las autoridades federales a investigar y retirar fondos a organizaciones de defensa climática, y señaló que la protección de la industria energética de combustibles fósiles del estado contra lo que caracterizó como políticas liberales de clima y energía que se extralimitan es una de las principales prioridades de su oficina.
Las citaciones buscan registros relacionados con las declaraciones públicas de los grupos sobre clima y energía, sus deliberaciones internas y sus solicitudes de donaciones. En los documentos se ofrecen pocos detalles sobre cualquier supuesto engaño, pero se invocan “posibles violaciones” de la Ley de Crédito y Protección al Consumidor de Virginia Occidental.
“Las citaciones no se emitieron con ningún propósito gubernamental legítimo, sino que son una acción política del fiscal general destinada a sofocar la expresión”, escribió Derek Teaney, abogado de la West Virginia Rivers Coalition y 350.org, en una presentación judicial ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Virginia Occidental.
McCuskey no respondió a las solicitudes de comentarios.
El fiscal general del estado aplaudió la decisión que el gobierno de Trump tomó a principios de este año de revocar una determinación científica de la era Obama que, en los últimos 15 años, había sustentado gran parte de la acción de Estados Unidos para regular las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático.
Su oficina también encabezó una impugnación de 22 estados contra la ley climática del “superfondo” del estado de Nueva York, que un juez federal anuló en septiembre. La ley —un intento de obligar a las industrias productoras de combustibles fósiles a aportar a un fondo de 75.000 millones de dólares para compensar daños relacionados con el cambio climático— excedía la responsabilidad del estado, determinó el juez.
David Cole, profesor de Derecho en Georgetown y especialista en la Primera Enmienda, calificó la investigación de Virginia Occidental de “frívola” y afirmó que las citaciones deberían ser anuladas.
“Si los funcionarios del gobierno pueden empezar a procesar a grupos sin fines de lucro porque discrepan de la postura política que adoptan sobre un asunto de interés público, eso enfriaría una enorme cantidad de expresión política protegida”, declaró Cole a The Associated Press. “El lugar adecuado para dirimir esto es el tribunal de la opinión pública y los laboratorios de los científicos, no en investigaciones penales que, en esencia, buscan convertir en arma el brazo penal del estado para tomar partido en un debate político”.
La investigación se produce tras esfuerzos similares en otros lugares por parte de fiscales generales y congresistas republicanos para escrutar el trabajo de grupos de defensa centrados en el clima.
En Florida, el fiscal general republicano James Utheimer anunció en abril que su oficina emitió una citación al Environmental Law Institute (ELI) y a su Climate Judiciary Project, que busca educar a los jueces sobre la ciencia del cambio climático, “como parte de una investigación ante sospechas” de que la organización sin fines de lucro había violado la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida. El grupo también ha enfrentado escrutinio de miembros republicanos del Congreso.
La oficina de Utheimer no respondió a una consulta de la AP sobre en qué punto se encuentra el esfuerzo.
Nick Collins, portavoz del instituto, señaló en un comunicado que el ELI había enfrentado durante años “acusaciones sin fundamento” y que había “respondido incontables preguntas y proporcionado miles de páginas de documentos”.
“Pese a estos hechos, ciertos políticos —entre ellos, varios fiscales generales estatales republicanos— siguen atacando los programas del ELI utilizando estas mismas afirmaciones sin fundamento”, señaló.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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