Universidades de California revelan su arsenal de armas militares tras investigación de CalMatters

La policía del campus también debe presentar su informe anual a sus juntas directivas distritales o estatales. La policía de la Universidad Estatal de California, campus de Chico, y de la Universidad del Estado de California, campus de Northridge, indicaron que sus informes se envían a la oficina del rector de Cal State, tal como lo exige la política del sistema universitario. Sin embargo, Klarissa Garcia, asistente ejecutiva del jefe de policía de la Universidad Estatal de California, campus Dominguez Hills, indicó que su departamento no presenta su informe a ningún organismo rector.

Varios departamentos de policía, incluidos los de la Universidad Politécnica Estatal de California, campus de Humboldt, y de la Universidad Estatal de California en Sonoma, manifestaron no haber celebrado ningún foro en el campus en 2025, ni respondieron a las preguntas sobre cuándo se llevó a cabo la reunión pública obligatoria. Muchos departamentos reportaron haber efectuado reuniones, pero no respondieron a las preguntas sobre cómo las anunciaron, o dijeron haber publicado anuncios en redes sociales sin que hubieran dejado constancia de ello en sus cuentas.

La Junta Directiva de la Universidad Estatal de California no ha revisado la política de equipamiento del sistema universitario en ninguna reunión pública desde 2022, a pesar de que dicha política debe renovarse al menos anualmente. Según la política que adoptó la junta, los miembros sólo deben revisarla si el sistema universitario desea autorizar nuevos tipos de equipamiento, le dijo Bentley-Smith a CalMatters. Y añadió que Cal State reexaminará la política para garantizar que cumple con la ley.

Varios colegios comunitarios carecían de políticas e informes sobre equipamiento de grado militar cuando CalMatters les preguntó al respecto. La oficina del rector del sistema de colegios comunitarios no realiza un seguimiento para verificar si los planteles cumplen con la ley de transparencia, según Melissa Villarin, su especialista en comunicaciones.

CalMatters utilizó informes anuales para crear un inventario masivo del equipo encontrado en las instituciones de educación superior de California, que incluye cientos de fusiles semiautomáticos, miles de municiones que contienen casaipcina —la misma sustancia química que los chiles— y cientos de miles de municiones para fusiles. Algunos informes no enlistaron las cantidades a pesar del requisito legal, por lo que CalMatters buscó otros documentos publicados en los sitios web de los campus o solicitó directamente esas cifras.

La ley de equipamiento militar, redactada por el exasambleísta demócrata David Chiu —actual fiscal de la ciudad de San Francisco—, sólo se aplica a los departamentos de policía de los campus que tienen agentes juramentados. Los departamentos de seguridad de los campus con personal no juramentado no están obligados a informar sobre su equipamiento. Más de 40 colegios comunitarios informaron a CalMatters que no presentaron ningún informe.

La policía no es la única que utiliza herramientas de grado militar. El informe de 2025 de la Universidad Estatal de California en Monterey Bay expone que su equipo de Gestión de Emergencias posee tres drones con cámara, los cuales, al ser aeronaves pilotadas a distancia, se clasifican como equipamiento militar, según la ley estatal.

El equipo de Gestión de Emergencias reporta al jefe de policía del campus, pero no está compuesto por agentes juramentados, según Yvonne Gordon, jefa interina de policía.

Tras las consultas de CalMatters, varios campus, así como el sistema de la Universidad de California, declararon que se comprometen, a partir de este momento, a acatar la totalidad de la ley de transparencia de equipamiento militar. Además, algunos ya están reduciendo su inventario.

Con frecuencia, poca gente acude a los foros sobre equipamiento militar que se llevan a cabo en las universidades, según varios departamentos de policía. Pero algunos estudiantes se muestran muy apasionados con respecto al tema. En una manifestación frente a una reunión de la Junta de Regentes de la Universidad de California en enero, la sección del grupo estudiantil antiimperialista y antimilitarista UC Divest Coalition en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), criticó a los regentes por gastar el dinero de la matrícula en equipamiento militar mientras la junta se reunía a pocos metros de distancia en un salón de actos de la universidad.

La policía de la UCLA utiliza dispositivos acústicos de largo alcance —que emiten haces de sonido concentrados y de alto volumen— para que sirvan de altavoces gigantes con el fin de transmitir anuncios a grandes multitudes. En el curso académico 2024-2025, el departamento desplegó estos dispositivos —conocidos como “la voz de Dios”— en 71 ocasiones, todas ellas en situaciones de control de multitudes, definidas por la universidad como asambleas, protestas y manifestaciones. La policía de la Universidad de California en Santa Cruz utilizó un dispositivo acústico similar para dar órdenes de dispersión durante los campamentos estudiantiles propalestinos en 2024.

La UCLA no utiliza los dispositivos acústicos para producir tonos agudos, aunque son capaces de emitirlos, dijo Richard Mejia, director de comunicaciones de emergencia e información de la oficina de seguridad del campus de la universidad. Pero el tono difiere del volumen, el cual se mide en decibelios: un dispositivo acústico de largo alcance puede producir hasta 160 decibelios, y los sonidos superiores a 120 pueden causar daños auditivos permanentes incluso con una exposición breve. La universidad manifestó que no establece un nivel fijo de decibelios, y añadió que cumple con las regulaciones federales y científicas sobre exposición, incluidas las de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), que permiten ruidos repentinos de hasta 140 decibelios. A modo de referencia, una excavadora emite alrededor de 95 decibelios.

No todo el equipo inventariado está aprobado para su uso por las juntas directivas distritales o estatales. Un memorando de octubre de 2025 de la Universidad Estatal de San José indica que su departamento de policía posee 33 granadas de gas lacrimógeno, que al ser liberadas estallan en nubes de sustancias químicas asfixiantes y, en el caso de algunas marcas, causan “efectos psicológicos y fisiológicos”. La política de equipamiento militar de Cal State no autoriza utilizar granadas para desplegar gas lacrimógeno ni oleorresina de capsaicina, el irritante en los chiles.

Estas granadas “siempre han estado en nuestro arsenal”, explicó el capitán Jermaine Thomas. “Nunca las usaremos”. Agregó que el departamento planea destruirlas, junto con la subametralladora de la universidad, cuyo uso tampoco está autorizado por la política de la universidad.

Bentley-Smith informó a CalMatters que la subametralladora nunca se incluyó en el manual de políticas del sistema universitario porque la universidad nunca la utilizó ni solicitó permiso para usarla.

Un sitio web promocional del foro comunitario de la Universidad Estatal de San José, de 2025, informa que el evento aborda las iniciativas policiales actuales sin mencionar específicamente el equipamiento militar, pero Thomas refirió que, de hecho, ese tema si se discutió.

Aproximadamente 21.500 estudiantes asisten al colegio comunitario El Camino College en el condado de Los Ángeles, que anunció su reunión de 2025, efectuada en un gimnasio, durante otras cuatro reuniones que tuvieron lugar en el campus: la del Comité de Seguridad Pública Universitaria, la del Senado Académico, la del Consejo del Colegio y la Reunión del Presidente. Matthew Vander Horck, jefe de policía, reportó que asistieron unas 30 personas. Mientras tanto, el capitán Jeffrey Chobanian del Departamento de Policía de la Universidad de California en Los Ángeles, que presta servicio a unos 49.000 estudiantes, expresó que el departamento utilizó las redes sociales para promocionar su foro de 2025, celebrado por Zoom, pero nadie asistió.

Algunos de los foros se convierten en sesiones de preguntas y respuestas, como los que organiza la policía de la red pública de educación superior Distrito de Colegios Comunitarios de San Bernardino, según su jefe Blake Bonnet. Los estudiantes y el profesorado llegan preparados, leen la normativa —que incluye cuándo y dónde se puede utilizar el equipo— a los agentes, y les preguntan directamente cómo se aplicará, añadió Bonnet.

Bonnet indicó que difunde la reunión anual a través de Just the Facts, el boletín informativo en línea del departamento de policía —el cual contiene registros de delitos y consejos de seguridad de actualidad— y que se envía mensualmente a los estudiantes y al personal.

“La gente hace preguntas y busca aclaraciones”, expuso Bonnet. “Si no entienden el mundo policial —algunos sí lo entienden, y otros no—, si tienen alguna pregunta, prefiero que la expresen para que podamos comprender su inquietud”.

En el foro anual de la Universidad de California en Davis, los participantes han preguntado cuándo y por qué los agentes pueden usar armas —lo cual requiere entrenamientos anuales cuando menos—, y cómo comparte la institución su equipo con otros, ya que la universidad ha prestado drones a otros campus de la Universidad de California para el control de multitudes, y puede pedir prestado equipo de otros campus en preparación para protestas y manifestaciones “importantes”. El año pasado, un asistente preguntó si otras fuerzas policiales pueden traer equipo militar no autorizado al campus, según las actas de la reunión. El capitán Mark Brunet respondió que sí.

En febrero de 2025, un comité asesor de la policía del colegio comunitario Mount San Antonio, integrado por personal universitario y policial y dos estudiantes, se reunió para sopesar el incorporar fusiles AR-15 al arsenal del departamento. Pronto otros estudiantes se enteraron de los planes. El alumno César Tlatoāni Alvarado dijo que sus compañeros, especialmente los veteranos de las fuerzas armadas y los estudiantes no blancos, no se sentían cómodos con la militarización del campus.

“Todo el campus hablaba de ello”, agregó Tlatoāni Alvarado, quien estudia ciencias políticas, lenguas extranjeras y estudios globales. También fue representante estudiantil del campus durante dos mandatos, de 2023 a 2025.

Según datos de CalMatters, más de 25 universidades y colegios comunitarios públicos poseen fusiles semiautomáticos, que disparan con mayor precisión, exactitud y alcance que las pistolas, de acuerdo con las políticas de varias instituciones.

Tlatoāni Alvarado manifestó su temor al impacto que tendría una fuerza policial militarizada sobre las protestas en el campus, las cuales, sostuvo, son activas pero pacíficas.

“Sabía con certeza que esto se hacía para silenciar a la disidencia en nuestro campus”, expresó.

El estudiante encabezó una coalición de clubes estudiantiles para manifestarse contra las compras propuestas y protestar enérgicamente en varias asambleas policiales. En abril de ese año, casi 20 estudiantes, profesores y exalumnos condenaron el plan de comprar fusiles AR-15 en la reunión mensual de la junta directiva del distrito del colegio comunitario. Entre los manifestantes se encontraba el representante estudiantil, quien dijo que varios cientos de alumnos participaron en la iniciativa.

“Había muchísimos estudiantes que gritaban”, refirió Tlatoāni Alvarado. “Le gritaban a la administración. Estaban molestos, estaban frustrados. Se sentían traicionados”.

Hasta junio de 2026, la universidad no poseía fusiles semiautomáticos. “Aún se debate el tema” de si la universidad los adquirirá en el futuro, según Kelli Florman, jefa de policía del campus.

No obstante, Tlatoāni Alvarado considera que la labor de los estudiantes fue un éxito.

“Fue mucho trabajo”, puntualizó. “Yo fui uno de los estudiantes que encabezó esa campaña. Pero no podría haberlo hecho solo. Éramos muchísimos”.

Keith Curry, presidente del colegio comunitario Compton College, indicó que una consulta de CalMatters en febrero puso la ley de equipo militar en su radar por primera vez.

La policía del campus había entregado fusiles semiautomáticos a los agentes de patrulla durante más de siete años, bajo el argumento de que las pistolas reglamentarias no protegieron eficazmente a los civiles ni a los agentes durante el robo bancario y tiroteo de North Hollywood, en 1997. El departamento de policía del campus también posee pistolas aturdidoras incapacitantes y una subametralladora. Esta última, según informa el colegio comunitario, es para uso en situaciones potencialmente letales y para disparar a través de barreras. No obstante, después de investigar, Curry se dio cuenta de que su colegio comunitario nunca había adoptado una política de uso de equipo.

“Una vez que comprendí que no se había implementado correctamente, pasé a la acción”, agregó Curry. “Llamé a varias personas, llamé a un jefe de policía que conozco, consulté diferentes sitios web. Tuve que analizar el proyecto de ley a fondo para entender, yo mismo, qué pasa”.

A fin de cuentas, Curry y el abogado de Compton redactaron un Plan de Acción Correctiva que la junta directiva de su distrito aprobó por unanimidad el 16 de marzo. De acuerdo con el plan, el colegio comunitario aprobó una política oficial en abril, celebró una reunión con la comunidad en mayo, revisó un informe anual de utilización en junio y actualizará el manual de políticas policiales para septiembre.

La revisión de cumplimiento sirvió de recordatorio general para fomentar la transparencia entre la policía del campus y sus miembros, señaló Curry. En abril, anunció el establecimiento de tres nuevas formas de supervisión para la policía del campus: un comité estudiantil, un comité asesor comunitario, y un grupo de trabajo que revisa los procedimientos y las políticas policiales.

“Como líder, es necesario comprender qué errores se cometen. Hay que corregir los errores”, añadió Curry.

Tras una consulta de CalMatters, los funcionarios del colegio comunitario Chaffey College también descubrieron que no tenían una política al respecto, lo que el jefe Steven Griffin subsanó al redactar una política que la junta directiva de su colegio comunitario aprobó en abril. La Universidad Estatal de California en Monterey Bay actualizó su sitio web con una política de equipo. El colegio comunitario Southwestern College modificó su informe anual con las cantidades de munición. Los colegios comunitarios San Joaquin Delta College y Cuesta College, así como el sistema público de educación superior Distrito de Colegios Comunitarios de Riverside, manifestaron no estar seguros de si su documentación anterior cumplía con la ley, pero señalaron que ya trabajan para garantizar el cumplimiento futuro.

Otros funcionarios de colegios comunitarios y universidades indicaron que ajustar su documentación para que se apegue a la ley estatal los llevó a reconsiderar las herramientas con las que cuentan. Tras tomar “medidas inmediatas” para actualizar el informe del colegio comunitario MiraCosta College, Kristen Gonzales, directora de relaciones públicas y gubernamentales, manifestó que el jefe de la policía del campus planea “reducir responsablemente el inventario (de municiones) a un nivel que se ajuste a nuestras necesidades operativas reales y a las mejores prácticas”.

Tlatoāni Alvarado expresó que, si bien la militarización de los campus es profundamente preocupante, observa una creciente tendencia de estudiantes que se resisten a ella.

“Los campus universitarios son un punto clave donde nuestro activismo puede traducirse en un cambio en el mundo real”, agregó. “Las universidades están tratando de sofocar esa disidencia. Pero lo que deben saber, y de lo que necesitan estar conscientes, es que somos muchos más que ellos”.

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Phoebe Huss colabora con la College Journalism Network, una iniciativa conjunta de CalMatters y estudiantes de periodismo de todo el estado de California. La cobertura de CalMatters sobre educación superior cuenta con el apoyo de una beca de la College Futures Foundation.

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Este artículo fue publicado originalmente por CalMatters y distribuido en colaboración con The Associated Press.

FUENTE: AP