San Miguel —que fue acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir— indicó en sus redes sociales que el Tribunal Tercero de Primera Instancia dictó una sentencia “declarándome libre de toda responsabilidad penal respecto a los cargos formulados en mi contra".
Tribunal venezolano absuelve a activista que había sido acusada de terrorismo
CARACAS (AP) — La abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel informó el viernes que recibió una “sentencia absolutoria” dos años después de ser vinculada a una presunta trama para atentar contra el entonces presidente Nicolás Maduro.
Agregó que “esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente”, resaltó la activista hispano venezolana.
La víspera el fiscal general Larry Devoe señaló que el Ministerio Público había pedido la absolución de San Miguel y otras tres personas luego de “un análisis objetivo de los hechos y las pruebas”.
San Miguel —experta en seguridad, asuntos militares y defensa— fue una de las primeras liberadas tras la captura de Maduro en enero en una audaz acción militar estadounidense y después del anuncio de la presidenta encargada Delcy Rodríguez de que excarcelaría a un grupo importante de presos políticos. Posteriormente, y con la anuencia del gobierno venezolano, se trasladó a España.
La activista indicó entonces que su excarcelación no se trataba de una libertad plena, sino de una medida cautelar sustitutiva de la prisión.
San Miguel regresó a Venezuela en mayo con el propósito de dar impulso al cierre de su caso en el marco de la Ley de Amnistía que posibilita la liberación masiva de presos por motivos políticos. Esa legislación contempla que aquellos que están en el exilio pueden solicitar la amnistía en los tribunales a través de un representante legal y en la práctica permitió que no fuesen encarcelados a su regreso mientras sus casos eran sometidos a revisión.
San Miguel, de 60 años, estuvo detenida en El Helicoide, una cárcel que funcionaba en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y que originalmente contenía calabozos de corta estadía. Organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, entre ellas Human Rights Watch, denunciaron en varios informes la práctica de torturas y otras formas de abuso físico y psicológico contra los detenidos en esa prisión. La presidenta en funciones ordenó recientemente cerrar El Helicoide.
La activista dirigió Control Ciudadano, una organización no gubernamental establecida a inicios de 2005 con el fin de promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre asuntos de seguridad y defensa. Un año antes de la creación de esa organización San Miguel había sido despedida del gubernamental Consejo Nacional de Fronteras tras firmar una lista que buscaba activar un referendo para recortar el mandato del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Cientos de personas denunciaron que luego de aparecer en esa lista fueron despedidos de sus cargos en el sector público.
FUENTE: AP
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