El Tribunal de Apelaciones del 4to Circuito se convirtió en el noveno tribunal federal de su tipo en rechazar la política de detención obligatoria del gobierno, una pieza clave de su campaña de deportaciones masivas. Otros dos tribunales de apelaciones la han respaldado, lo que crea una división que aumenta considerablemente las probabilidades de que la Corte Suprema de Estados Unidos aborde el asunto.
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Tribunal compara política migratoria de Trump con detención de japoneses-estadounidenses en la IIGM
La política del gobierno del presidente Donald Trump de mantener detenidos a inmigrantes sin posibilidad de quedar en libertad bajo fianza es ilegal y “evoca algunos de los momentos más oscuros de la historia de nuestro país”, como la detención masiva de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, dictaminó el jueves, en decisión dividida, un tribunal federal de apelaciones.
La división también significa que los inmigrantes en algunas partes del país obtienen audiencias de fianza, mientras que quienes están en otros lugares, como Texas y Luisiana, enfrentan obstáculos adicionales para solicitar su liberación.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) señaló en un comunicado que “confía en su posición legal respecto de la detención obligatoria”, y añadió que pidió recientemente a la Corte Suprema que se ocupara del tema.
En gobiernos anteriores, a la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales que eran arrestados dentro de Estados Unidos se les permitía solicitar una audiencia de fianza mientras sus casos migratorios estaban pendientes. Por lo general, la detención obligatoria se reservaba para personas arrestadas en la frontera.
En julio pasado, las autoridades migratorias emitieron directrices que ampliaron la detención obligatoria a inmigrantes en el interior de Estados Unidos. El gobierno de Trump ha sostenido que el Congreso modificó la ley migratoria en 1996 para permitir la detención obligatoria más allá de la frontera, pero que gobiernos anteriores no aplicaron esa disposición.
“El presidente Trump y el secretario Mullin ahora hacen cumplir la ley tal como realmente fue escrita para mantener a Estados Unidos seguro”, afirmó el DHS en referencia al secretario del organismo, Markwayne Mullin.
El Tribunal del 4to Circuito y la mayoría de las demás cortes federales de apelaciones han rechazado esa interpretación.
“El historial del gobierno habla por sí solo a estas alturas”, afirmó Michael K.T. Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y abogado principal en la demanda ante el Tribunal del 4to Circuito.
En una decisión de 2 a 1, las juezas del 4to Circuito Barbara Keenan y Nicole Berner indicaron que, en 1996, el Congreso habría ofrecido mayor claridad si hubiera tenido la intención de permitir la detención obligatoria de millones de personas. Keenan fue nominada por el presidente Barack Obama; Berner, por el presidente Joe Biden. La jueza Allison Rushing, nominada por el presidente Donald Trump, discrepó.
Al escribir por la mayoría, Berner señaló que la política del gobierno “afectaría los derechos constitucionales al debido proceso de millones de no ciudadanos en nuestro país, muchos de los cuales han vivido, trabajado y se han convertido en partes integrales de sus comunidades durante años”.
“La detención masiva de personas marginadas sin un debido proceso evoca algunos de los momentos más oscuros de la historia de nuestro país”, escribió.
Mencionó el internamiento de japoneses y la detención masiva de inmigrantes chinos a finales del siglo XIX, y sostuvo que la política del gobierno de Trump era aún más amplia que “esas detenciones pasadas vergonzosas y aberrantes”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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