Los comisionados aprobaron el cambio por unanimidad tras escuchar a un desfile de oradores que, en su mayoría, les pidieron que hicieran lo contrario por temor a que la medida frene la economía del estado e imponga más trabas a los inmigrantes que intentan ganarse la vida honradamente. Los oradores también sostuvieron que la decisión empujará a la gente a trabajar sin licencia y erosionará la supervisión estatal de industrias cruciales.
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Texas exigirá prueba de estatus migratorio legal para otorgar licencias profesionales
Las personas que buscan obtener una amplia gama de licencias profesionales en Texas, desde electricistas hasta criadores de perros, pronto tendrán que demostrar que se encuentran legalmente en el país después de que la Comisión de Licencias y Regulación del estado adoptara una nueva norma el martes que podría afectar a miles de trabajadores.
La comisión supervisa el Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés), que planea implementar la norma el 1 de mayo.
“El TDLR lleva mucho tiempo evaluando la verificación de elegibilidad para licencias en consonancia con la ley federal. Con el traspaso de la Lotería de Texas al TDLR, el reciente lanzamiento de nuestro proyecto de modernización del sistema de licencias y un mayor enfoque en el combate a la trata de personas, el departamento avanza con la verificación de presencia legal”, manifestó el martes Caroline M. Espinosa, portavoz del TDLR. “Esto garantiza prácticas coherentes y seguras en todos los programas y fortalece nuestra capacidad para identificar y disuadir el fraude, la explotación laboral y la trata de personas”.
Pese a la intención declarada de la agencia de cumplir el estatuto federal y a las preocupaciones planteadas por trabajadores de todo el estado, el abogado del TDLR Derek Burkhalter indicó a los comisionados que algunos no ciudadanos podrán obtener licencias, siempre que cumplan uno de los requisitos contemplados en una ley federal de hace tres décadas que sustenta el cambio de norma y presenten la documentación requerida.
Las personas pueden calificar para obtener beneficios según la ley federal si, por ejemplo, se les concedió asilo, fueron admitidas como refugiadas o son reconocidas como víctimas de trata de personas.
“Las normas propuestas no imponen un requisito de ciudadanía”, señaló Burkhalter. “Las personas que no son ciudadanos de Estados Unidos aún pueden ser elegibles para obtener una licencia si cumplen los criterios de elegibilidad”.
El TDLR argumenta que la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996 prohíbe que las personas que se encuentran ilegalmente en el país reciban ciertos beneficios, como las licencias profesionales administradas por el estado, a menos que califiquen para determinadas excepciones. Las listas de documentos que pueden usarse para solicitar una licencia se publicarán en el sitio web del TDLR, informaron autoridades el martes.
El TDLR se suma al menos a otras tres agencias estatales que han emprendido ofensivas contra la inmigración mediante procedimientos administrativos y regulatorios desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado. El Departamento de Seguridad Pública de Texas dejó de emitir licencias de conducir comerciales a muchos no ciudadanos, el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas impuso nuevos y estrictos requisitos de identificación con foto para los registros de vehículos, y la oficina del secretario de Estado de Texas ha buscado a no ciudadanos inscritos para votar, en ocasiones señalando erróneamente a estadounidenses como posibles no ciudadanos.
Los cambios reflejan una orden ejecutiva presidencial de febrero de 2025, cuando Trump ordenó a las agencias federales que endurecieran la aplicación de esa misma ley de 1996 para “defender contra el despilfarro de los recursos que los contribuyentes ganan con gran esfuerzo y proteger los beneficios para los ciudadanos estadounidenses que los necesitan, entre ellos, las personas con discapacidad y los veteranos”.
Sigue sin estar claro cuántos trabajadores indocumentados se verán afectados en Texas por el nuevo requisito de licencias. En el estado viven, según estimaciones, 1,7 millones de personas sin autorización que trabajan en numerosas industrias clave como la construcción, la hotelería y otras bajo la jurisdicción del TDLR.
Steve Bruno, subdirector ejecutivo de la agencia para servicios de licencias y regulación, dijo a los comisionados que menos del 2% de las licencias emitidas por la agencia carecían de un número de Seguro Social asociado.
Pero el TDLR no podía suponer que esas personas infringían la ley federal, explicaron funcionarios de la agencia, porque existen varias maneras en que los no ciudadanos pueden vivir y trabajar en el país mediante programas federales.
La agencia emitió más de 1 millón de licencias individuales y comerciales durante el año fiscal 2025.
Actualmente, el sitio web del TDLR contiene orientación para solicitar licencias ocupacionales para quienes no tienen un número de Seguro Social. La página enlaza a un formulario, actualizado por última vez por la comisión en enero, en el que se pide a los solicitantes que adjunten documentación de respaldo, como una tarjeta de residencia permanente, una visa de inmigrante o un documento de viaje para refugiados.
Para dar contexto a los comisionados, Bruno indicó que la agencia había emitido aproximadamente 19.000 licencias nuevas y renovado otras 39.000 únicamente en febrero.
La información hizo poco para disipar las preocupaciones de distintas industrias.
Los funcionarios de la agencia recibieron 450 comentarios sobre la norma propuesta; de ellos, todos salvo 28 se opusieron.
Entre quienes testificaron en persona el martes por la mañana estuvo Rocio Gomez, una residente de Austin de 35 años que tiene una licencia de especialista en extensiones de pestañas y da clases en una escuela de belleza en la capital. Algunos de sus estudiantes sin estatus legal se han sentido muy angustiados desde que la agencia propuso la norma en enero, y en ocasiones han llorado con ella por la incertidumbre sobre su futuro, contó en una entrevista después de testificar.
Gomez indicó que el hecho de ver cómo afecta esto a sus alumnos también la afecta a ella emocionalmente. Señaló que, al parecer, todo está a merced de los comisionados.
Otros oradores —propietarios de salones, educadores y más— les recordaron a los comisionados los estrictos requisitos que ya están vigentes para obtener algunas licencias. Las industrias que se verán afectadas van desde terapeutas de dislexia hasta recicladores de piezas de autos usados y criadores de perros, según la propuesta del TDLR presentada ante el estado.
Algunas licencias requieren muchas horas de práctica y formación en seguridad. Por ejemplo, para obtener una licencia de operador de cosmetología en Texas puede requerirse más de un año, mientras los solicitantes aprenden sobre químicos e higiene, además de técnicas de peinado.
Al impedir que las personas indocumentadas obtengan licencias, el estado las empujará al mercado negro y provocará una proliferación de personas que prestan servicios sin supervisión ni permisos adecuados, dijeron los oradores a los comisionados.
El tema ya ha captado la atención de funcionarios electos y de sectores duros en materia migratoria, que celebraron la nueva norma.
“Durante demasiado tiempo, los beneficios para extranjeros ilegales han servido como un imán para atraer a migrantes a entrar ilegalmente a Estados Unidos”, afirmó en un comunicado Andrew Mahaleris, portavoz del gobernador Greg Abbott, después de la votación. “Texas no recompensará la inmigración ilegal emitiendo licencias profesionales a quienes están aquí ilegalmente. Estos cambios protegen la integridad de nuestro sistema de licencias, hacen cumplir la ley federal y garantizan que los empleos vayan a los texanos trabajadores”.
Las agencias estatales deben presentar los cambios de normas propuestos ante la oficina del gobernador antes de que se pongan a disposición para comentarios públicos.
La senadora estatal demócrata de Austin, Sarah Eckhardt, que se postula para contralora de cuentas públicas, presentó un comentario al TDLR en oposición al cambio. Con estimaciones publicadas por diversos grupos, la senadora calculó que el cambio de norma podría provocar una reducción de la fuerza laboral calificada del estado de entre 8% y 10%.
“Texas no puede permitirse perder licenciatarios calificados y capacitados en estos empleos de alta demanda”, escribió Eckhardt, instando a la comisión a estudiar el posible efecto. “El impacto de la norma propuesta por el TDLR probablemente sea de mayor alcance que lo que la agencia evaluó inicialmente”.
En su propuesta formal de norma presentada ante el estado, los funcionarios de la agencia escribieron que no se prevén impactos económicos ni efectos sobre empresas pequeñas y microempresas. El martes, en respuesta a preguntas sobre el tema, dijeron a los comisionados que era difícil evaluar el posible impacto porque no querían suponer que un licenciatario estuviera infringiendo la ley federal simplemente por no proporcionar un número de Seguro Social.
El presidente de la comisión, Rick Figueroa, pidió actualizaciones frecuentes a la comisión a medida que se implemente la norma, al reconocer que la agencia entraba en un terreno inexplorado, quizá solo comparable al del Departamento de Vehículos Motorizados, que hizo su cambio meses atrás.
“Este es un tema prioritario en lo que respecta a la información que vuelve a la comisión”, dijo Figueroa. “Estoy seguro de que estamos construyendo un avión y volándolo un poco”.
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Ayden Runnels contribuyó a este reportaje.
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Esta historia fue publicada originalmente por The Texas Tribune y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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