Qué saber del nuevo intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento

La ley de inmigración estadounidense establece que los bebés nacidos de un “funcionario diplomático extranjero acreditado ante Estados Unidos” no tienen derecho a la ciudadanía por nacimiento en virtud de la Constitución, incluidos embajadores, ministros, encargados de negocios, consejeros, secretarios y agregados de embajadas y legaciones, y miembros de la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas.

Las órdenes de Trump del jueves ampliarían drásticamente esas exenciones.

Una orden descalifica a los bebés que sean producto del “turismo de parto”. La otra se aplica a los hijos de cualquiera que trabaje en una embajada extranjera o represente a un gobierno extranjero, así como a empleados de Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales. También quedan excluidos los hijos de padres vinculados a grupos que se consideran organizaciones terroristas, tales como Antifa o el Tren de Aragua.

“¿Cómo va a decidir el gobierno federal que un niño ha nacido de un miembro de una organización terrorista designada?”, preguntó César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Ohio. “Estas no son organizaciones que estén compartiendo listas de miembros, si es que siquiera las tienen”.

La ciudadanía a través de la gestación subrogada se ha convertido en una preocupación para legisladores republicanos, algunos de los cuales propusieron este año un proyecto de ley que restringiría la ciudadanía para hijos de padres no ciudadanos nacidos mediante vientres de alquiler en Estados Unidos.

García Hernández señaló que cree que la nueva orden ejecutiva que aborda la gestación subrogada podría ser fuente de nuevas preguntas jurídicas. “Ni la 14ª Enmienda ni ninguna de las decisiones de la Corte Suprema sobre cómo interpretar la 14ª Enmienda menciona o insinúa algo sobre los vientres de alquiler”, explicó el profesor de derecho.

La orden ejecutiva de Trump define el turismo de parto como alguien que entra a Estados Unidos con una “visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en suelo estadounidense”.

El turismo de parto ya se considera fraude y motivo para restringir una visa si alguien la solicita específicamente para ir a Estados Unidos y obtener la ciudadanía para un hijo.

Algunos activistas señalaron que la orden ejecutiva les daría a los agentes de inmigración discrecionalidad para negar la entrada a mujeres embarazadas sospechosas de querer dar a luz en Estados Unidos, sin ofrecer directrices claramente definidas.

El presidente no ofreció datos que indiquen la magnitud del problema, pero declaró el jueves: “Se los digo ahora mismo, cientos de miles, ¿ok? Cientos de miles”.

Aunque no hay un cálculo oficial de cuántos nacimientos pueden considerarse casos de “turismo de parto”, algunos expertos dicen que la aproximación de Trump es exagerada.

“Los cientos de miles simplemente parecen una sobreestimación basada en el tipo de datos limitados que tenemos disponibles”, comentó Colleen Putzel-Kavanaugh, analista asociada de políticas en el Migration Policy Institute, un centro apartidista de investigación que busca mejorar las políticas de inmigración e integración.

Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que en 2024 casi 9.600 niños nacieron de madres extranjeras que tenían una dirección oficial fuera del país. Otra estimación del Center for Immigration Studies, un centro de estudios que aboga por una menor inmigración, calculó que entre 20.000 y 26.000 turistas de parto llegan a Estados Unidos cada año.

La orden presenta una acusación amplia contra los “operadores de turismo de parto”, sin aportar evidencia de cuán extendidos están ni de cómo o por qué cualquier persona acusada de usar sus servicios quedaría exenta de la protección constitucional.

Esos empeños tampoco son nuevos. Gobiernos anteriores también han buscado procesar las estratagemas de “turismo de parto” que ayudaban a mujeres a ocultar sus embarazos mientras viajaban a Estados Unidos para dar a luz.

“Los operadores de turismo de parto usan anuncios engañosos e incentivos para atraer a extranjeros a viajar a Estados Unidos con el propósito de dar a luz en suelo estadounidense”, dice la orden.

“Prometen ciudadanía; acceso a prestaciones públicas; y estancias de corto plazo en instalaciones especializadas, hoteles o alquileres, pero a menudo no cumplen esas promesas. Estos operadores instruyen a sus clientes para que tergiversen el propósito y la duración de su viaje ante funcionarios consulares y fronterizos, con el fin de obtener visas que autoricen la entrada a Estados Unidos”, agrega.

El Partido Republicano ha acogido la misión. A finales de julio, la oficina del fiscal general en Texas anunció una “investigación exhaustiva” sobre posibles planes ilegales de turismo de parto después de que algunos hospitales del sur de Texas publicitaran servicios de parto en México.

Al preguntársele el jueves sobre cómo sus órdenes superarían el escrutinio de la Corte Suprema cuando su último intento fracasó, Trump remitió al secretario de personal de la Casa Blanca, Will Scharf, quien, al igual que su jefe, lanzó alertas sobre el “turismo de parto”. Scharf enfatizó la discrecionalidad consular para otorgar visas.

“Lo que estamos haciendo es tomar medios validados legalmente que están claramente a nuestro alcance y dirigirlos a esta industria del turismo de parto. No hay absolutamente nada aquí que contravenga ninguno de los fallos de la Corte Suprema sobre el tema”, sostuvo Scharf.

Activistas opuestos a los cambios propuestos dijeron creer que la enmienda constitucional y las decisiones de la Corte Suprema volverán a frenar los empeños del gobierno por restringir la ciudadanía por nacimiento.

“En resumen, la Corte Suprema ya examinó la petición del gobierno de Trump de reescribir la Constitución y la rechazó”, manifestó Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana por las Libertades Civiles.

“La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la 14ª Enmienda, y ninguna cantidad de órdenes ejecutivas va a cambiar eso”, sentenció.

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La periodista de The Associated Press Melissa Goldin contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP