Ocho de los acusados tienen más de 70 años de edad, por lo que la fiscalía solicitó que reciban prisión domiciliaria si existiesen méritos para encarcelarlos. El resto sería ingresado a algún establecimiento penitenciario.
El juez Pablino Escobar citó para el próximo 7 de julio a Nicolás Lucilo Benítez Santacruz de 79 años, Camilo Almada Morel (75), Juan Aniceto Martínez Amarilla (65), Eusebio Torres Romero (81), Agustín Belotto Vouga (84), Manuel Crescencio Alcaraz (74), Obdulio Arguello Brítez (77), Mario Flores Cáceres (64), Felipe Nery Saldívar (87) y Fortunato Lorenzo Laspina (72).
Aunque el caso apenas ha vuelto a ganar atención, los familiares del agricultor Domingo Guzmán Rolón presentaron una denuncia por tortura física y psicológica días después de haber arrestado sin orden judicial en el pueblo Santa Rosa, a unos 280 kilómetros al sur de Asunción, y retenido en el antiguo local del departamento de investigaciones de la policía política de Stroessner en la capital.
Rolón, de 82 años, aún cuida su huerta en el departamento de Misiones, según sus familiares.
"Todos estos imputados, menos Torres, ya estuvieron condenados por diferentes delitos de lesa humanidad pero lograron su libertad luego de cumplir más de la mitad de la pena", dijo a The Associated Press el expreso político y activista de derechos humanos Martín Almada. "(Torres) estuvo prófugo muchos años y cuando apareció, la justicia le otorgó prisión domiciliaria", según Almada.
Judiht Rolón, exdirectora de la oficina estatal Verdad y Justicia y familiar del agricultor, dijo a The Associated Press: "la causa contra estos expolicías por delitos contra mi tío fue presentada en realidad en 2013 en Buenos Aires, luego de que la justicia argentina se declarara competente para juzgar casos de violación de derechos humanos".
"Mi tío era en 1976 un agricultor militante de las denominadas Ligas Agrarias, una cooperativa de producción agrícola apoyada por la Iglesia, pero la dictadura de Stroessner dijo que era una organización comunista iniciando una cruel represión con detenciones ilegales y torturas a sus miembros", relató.
Según esta activista, la fiscalía realizó estas imputaciones “para que se crea en el exterior que el gobierno del presidente Horacio Cartes combate la impunidad de los violadores de derechos humanos". Ella y otros familiares de antiguos presos políticos y más de cien desaparecidos entre los años 50 y 80 piden procesar por presunta complicidad al actual canciller Eladio Loizaga, el actual ministro de Defensa Diógenes Martínez y al actual asesor político del presidente, Darío Filártiga.
La AP intentó comunicarse con estos funcionarios sin recibir respuesta de inmediato.
Stroessner murió en 2006 en el exilio en Brasilia a los 96 años de edad y durante su gobierno adhirió a la entonces vigente Guerra Fría contra la expansión del comunismo desde la hoy desaparecida Unión Soviética.
FUENTE: Associated Press