Según explica la comisión en un comunicado, los hechos tuvieron lugar en septiembre de ese año en Nuevo Laredo, ciudad fronteriza con Texas, cuando un convoy militar se enfrentó a supuestos miembros del crimen organizado.
La institución consideró acreditado que las fuerzas armadas que participaron en los hechos “no emplearon la fuerza de manera gradual" con el fin de “controlar, detener o restringir los movimientos” de los sospechosos, sino que usaron “fuerza letal" con el objetivo de matar a dichas personas, ya que los disparos fueron dirigidos a la cabeza y el tórax.
Además, la Comisión indicó que dos peritos responsables de elaborar los dictámenes de las necropsias de las víctimas “omitieron documentar diversas lesiones que éstas presentaron” y obstaculizaron el acceso a la justicia para los agraviados, por lo que pidió que se indemnice a las víctimas y se investigue a los militares y funcionarios involucrados.
La CNDH es una entidad oficial que investiga violaciones de funcionarios públicos y emite recomendaciones a las distintas instituciones de la República que, aunque no son vinculantes, sí tienen un alto valor simbólico.
La Secretaría de la Defensa Nacional no contestó de forma inmediata a una solicitud de comentario de AP.
Las denuncias contra distintos cuerpos policiales y militares no son nuevas en México pero rara vez conducen a sanciones.
Tamaulipas es un estado de gran actividad del crimen organizado y Nuevo Laredo es una de las bases de operaciones del Cártel del Noreste, sucesor de los antiguos Zetas.
FUENTE: Associated Press