Los productores, que cuentan con el respaldo del gobierno estatal, esperan que la CIDH les conceda medidas cautelares por lo que consideran “actos represivos” del ejecutivo que presidente Andrés Manuel López Obrador.
En concreto, piden que el organismo solicite al gobierno federal la retirada de la Guardia Nacional y del ejército de las presas del estado y que paralice la extracción de agua de esos embalses.
En septiembre, cientos de agricultores mexicanos molestos por la pérdida de agua que dicen necesitar para sus cultivos tomaron una presa y se enfrentaron con la Guardia Nacional. Una mujer murió, según los militares por accidente, aunque el suceso está bajo investigación. El objetivo de las manifestaciones era impedir los trasvases que benefician a los agricultores y pueblos de Texas a lo largo del río Bravo -conocido en Estados Unidos como río Grande.
Pero el conflicto degeneró en una cuestión política. El presidente López Obrador denunció que las autoridades de Chihuahua -estado gobernado por la oposición- utilizan el tema del agua con intereses políticos, mientras que el gobierno estatal acusó al ejecutivo de no atender a sus agricultores por complacer a Trump.
Finalmente México cumplió con sus compromisos con Estados Unidos. A finales de octubre ambos países acordaron que los mexicanos cumplirían con el pago de las deudas de agua pendientes mediante el uso de reservas de agua potable, pero con el compromiso de Washington de proporcionar agua a México como “apoyo humanitario” es caso de emergencia o sequía.
México y Estados Unidos tienen un acuerdo que data de 1944 gracias al cual México recibe cuatro veces más agua de la que aporta a Estados Unidos de las cuencas comunes.
FUENTE: Associated Press