La explosión que mató a más de 170 personas y causó heridas a otras 6.000 alteró el rostro de la ciudad y obligó al gobierno a renunciar.
Antes de renunciar, el gobierno declaró el estado de emergencia y otorgó a las fuerzas armadas el poder de declarar toques de queda, prohibir las reuniones públicas, censurar a la prensa y juzgar a civiles acusados de violar las normas de seguridad ante tribunales militares.
Los grupos defensores de los derechos civiles y otros detractores dicen que el gobierno civil ya había ampliado sus poderes debido a la pandemia de coronavirus. Destacaron la represión militar de las protestas la semana pasada y el temor de que se utilicen esos poderes para acallar el disenso.
El estado de emergencia requería la ratificación parlamentaria.
El Parlamento sesiona fuera de su sede para permitir el distanciamiento social y alejarse de las furiosas protestas que exigen la renuncia de todos los políticos. Se esperaban más manifestaciones en las próximas horas.
Después de un minuto de silencio en memoria de los muertos en la explosión, la sesión abordó la renuncia de una decena de legisladores en protesta por la manera como el gobierno manejó la explosión del 4 de agosto. El bloque de un importante partido cristiano boicoteó la sesión.
Aún se desconoce la causa del incendio que detonó casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto, pero documentos hechos públicos después de la explosión revelan que los más altos funcionarios del gobierno y las fuerzas de seguridad sabían de la existencia de esos productos químicos.
La indignación general y las protestas forzaron la renuncia del gobierno el lunes. El gabinete permanece en funciones con carácter interino.
FUENTE: Associated Press