El mercado fue incendiado en junio del año pasado cuando las socias se negaron a ceder a las amenazas. Días después marcharon exigiendo protección a las autoridades. Nada cambió.
Las víctimas de la extorsión en Perú se cuentan por miles
TRUJILLO, Perú (AP) — En una zona desértica de la provincia peruana de Trujillo, sobre el Pacífico, Gladys Saavedra mira con recelo a los desconocidos que llegan al pequeño mercado donde trabaja junto a un grupo de mujeres que, pese a las pocas ventas, deben pagar 300 dólares mensuales a los extorsionadores.
En agosto de 2024 la casa de Saavedra había sido atacada con explosivos que destrozaron la puerta y partes del techo por otra extorsión. Como precaución su único hijo no fue por algunos días a la universidad y ella entregó su celular a la policía para colaborar con la investigación. Un mes después se lo devolvieron tras no poder descubrir quiénes la extorsionaban.
Saavedra, de 49 años, aseguró que las amenazas provocan que las víctimas —muchas de ellas madres solteras— no salgan por días de sus hogares. “No puedes ni asomar la cabeza por miedo a un balazo”, dijo a The Associated Press. La casa “es una cárcel sin rejas”.
El temor a la violencia es la principal preocupación de los peruanos que el próximo 7 de junio elegirán a un nuevo presidente en un balotaje.
Las primeras extorsiones se reportaron en Trujillo hace más de 20 años, pero el fenómeno se expandió a todo Perú en el último quinquenio. Según datos oficiales, en ese periodo las denuncias por extorsión se quintuplicaron hasta alcanzar 28.948 casos el año pasado, mientras los asesinatos se duplicaron y llegaron a 2.226 también en 2025.
Las víctimas iniciales de este delito fueron las empresas de transporte público, cuyos choferes eran asesinados si no se concretaba el pago. Estos crímenes también se extendieron a todo el país y el año pasado al menos 239 conductores fueron asesinados, según el Observatorio del Crimen y la Violencia.
Entre los transportistas asesinados más de la mitad eran conductores de mototaxis, muy usados en la periferia de las ciudades donde las vías muchas veces no están asfaltadas. Pero han sido los asesinatos de choferes de buses los que han provocado paralizaciones del transporte y protestas.
En otro barrio periférico de Trujillo llamado El Porvenir —donde se fabrica la cuarta parte del calzado producido en el país— el dirigente gremial Máximo Varas dijo que alrededor de 1.500 pequeños empresarios del sector pagan a los extorsionadores para poder trabajar. “Todos pagan, hasta a mí me extorsionan, nadie se salva”, aseguró.
En un recorrido por Trujillo, AP observó que varios buses, restaurantes, bodegas, discotecas y hasta escuelas tienen colocadas pegatinas en sus fachadas. De acuerdo con la policía es la marca que significa que pagan extorsiones. Las figuras son diversas: un puma, una cruz, una silueta de Batman.
Para el empresario Iván Díaz, de 58 años, la violencia ha aumentado “exageradamente” en Trujillo. En 2023 estuvo secuestrado durante 11 días por delincuentes vestidos de policías que lo sacaron a la rastra de su oficina. Para obtener un rescate de 250.000 dólares sus captores le cortaron parte de dos dedos de la mano derecha y enviaron los videos de la tortura a su familia para “avanzar el pago”.
“Tuve que acoplarme a la realidad y tener mente fría” durante el encierro, dijo Díaz en su oficina con paredes repletas de fotografías familiares. En mayo la justicia sentenció a cadena perpetua por su secuestro a cuatro integrantes del grupo criminal Los Pulpos, que apareció en Trujillo en la década de 1990 y también opera en Chile.
Las explosiones por el uso de dinamita —proveniente de la minería informal que extrae oro y cobre de los Andes— también se han extendido. En 2025 hubo 136 detonaciones en Trujillo, según la policía, sobre todo contra pequeños empresarios, pero también contra la Fiscalía. En marzo una carga explosiva contra una discoteca a dos kilómetros de la plaza de armas de Trujillo dejó más de 40 heridos.
En julio del año pasado el Ministerio de Economía calculó que el impacto de la inseguridad en la economía nacional equivale a 1,7% del Producto Interno Bruto, unos 5.000 millones de dólares anuales. Esa cifra incluye la inversión estatal para solventar operativos policiales, pero también los gastos privados en cámaras de vigilancia y guardias de seguridad.
Los barrios periféricos de Perú carecen de vías asfaltadas, agua potable y electricidad, pero sobre todo de presencia policial. En contraposición, los municipios de mayor poder adquisitivo como San Borja en Lima, donde viven los dos candidatos presidenciales —la conservadora Keiko Fujimori y el progresista Roberto Sánchez— exhiben no sólo una alta cantidad de uniformados sino también una fuerza adicional de agentes de seguridad privados que recorren sus calles.
Los expertos en seguridad sostienen que para combatir la delincuencia es necesaria una depuración de la policía —que está integrada por unos 130.000 efectivos— y una inyección de financiamiento a la investigación.
Un agente que investiga a grupos del crimen organizado —y que pidió no ser identificado porque no tiene autorización para hablar con la prensa— dijo a AP que por falta de tecnología la policía no puede rastrear los teléfonos asociados a las billeteras digitales que usan los criminales para recibir los pagos por las extorsiones.
Harvey Colchado —diputado electo y jubilado de la policía— dijo que esa fuerza está desfinanciada y dio un ejemplo : hace un quinquenio cada una de las 70 unidades policiales de investigación del país tenía un presupuesto mensual de 29.000 dólares. Ahora no tienen fondos.
Añadió que a ello se suma un paquete de ocho leyes aprobadas por el Parlamento —con los votos de los partidos de Fujimori y Sánchez— que eliminaron el arresto preventivo en algunos casos, elevan los requisitos para confiscar bienes a delincuentes y dificultan los allanamientos.
“Esto es un cáncer... (los policías) no tienen las comodidades para que puedan localizar las llamadas, de dónde salen los mensajes. Así es la única manera de parar”, dijo Saavedra.
FUENTE: AP
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