La jueza de distrito Nancy Brasel emitió una orden judicial preliminar, la cual exige que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) garantice que las personas detenidas en una instalación en Minneapolis tengan derecho a comunicarse rápidamente con abogados y a hacerlo de manera privada mientras se desarrollan sus casos.
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Jueza prorroga orden para que inmigrantes detenidos tengan acceso a abogados en Minnesota
MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Una jueza federal prorrogó el jueves su orden que exige que las autoridades federales den a los inmigrantes detenidos en Minnesota acceso a abogados inmediatamente después de ser arrestados y antes de que sean trasladados fuera del estado.
“El debido proceso no es un juego de mantener a alguien alejado”, escribió la jueza. “El ICE reconoce el derecho de los detenidos a acceder a un abogado en teoría y en políticas escritas, pero no en la práctica. En cambio, ha puesto obstáculo tras obstáculo frente a los detenidos y sus abogados, bloqueando la comunicación entre clientes y asesores jurídicos”.
Brasel tomó su decisión después de una orden de restricción temporal que emitió el 12 de febrero, cuando indicó que parecía que la agencia federal no había planificado cómo proteger los derechos constitucionales de las personas detenidas durante la ofensiva de control migratorio implementada por el presidente Donald Trump, conocida como Operación Metro Surge.
“La Constitución no permite que el gobierno arreste a miles de personas y luego ignore sus derechos constitucionales porque sería demasiado difícil respetarlos”, escribió Brasel en febrero.
La jueza prorrogó el jueves su orden original, la cual obligaba al gobierno a garantizar que a todo extranjero detenido en el Edificio Federal Obispo Henry Whipple se le dé la oportunidad de contactar a un abogado en el plazo de una hora desde su detención.
Mantuvo su exigencia de que las personas detenidas no sean trasladadas fuera del estado durante las primeras 72 horas de su detención, para asegurar que tengan tiempo de comunicarse con abogados, y que sus representantes jurídicos tengan tiempo de intentar frenar cualquier traslado.
El organismo activista The Advocates for Human Rights presentó la demanda en enero, diciendo que los inmigrantes bajo custodia tienen un derecho fundamental a acceder a asesoría jurídica. La organización celebró la decisión, que permanecerá vigente a la espera de nuevos procedimientos.
“La capacidad de hablar libremente y en privado con un abogado es crucial para el debido proceso y esencial para proteger a las personas de fallos injustos, detenciones coercitivas y deportaciones que ponen en riesgo la vida”, manifestó en un comunicado Michele Garnett McKenzie, directora ejecutiva de ese bufete de interés público.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE no respondieron de momento a correos electrónicos en los que se les solicitaban comentarios sobre el fallo.
Durante una audiencia la semana pasada, Jeffrey Dubner, abogado de los demandantes, le indicó a la jueza que el cumplimiento por parte del gobierno de su orden de restricción temporal había sido “irregular, en el mejor de los casos”.
La jueza emitió su orden inicial el mismo día en que el zar fronterizo Tom Homan declaró oficialmente concluida la Operación Metro Surge. Funcionarios del gobierno afirman que las nuevas detenciones han disminuido desde entonces, ya que el número de agentes del ICE en Minnesota se redujo desde un máximo de aproximadamente 3.000 a cerca de sus niveles anteriores, por encima de 100. Señalan que ahora hay momentos en los que no hay personas detenidas en Whipple.
Christina Parascandola, abogada del gobierno, le dijo a la jueza que el ICE había estado cumpliendo su orden y que extenderla mediante una orden judicial preliminar era innecesario. Indicó que las condiciones en Whipple han “vuelto a un ritmo más manejable” con la reducción del operativo.
Pero abogados locales de inmigración testificaron que a menudo era imposible comunicarse con sus clientes en Whipple, incluso cuando acudían allí en persona, o conseguir información sobre si sus clientes estaban allí o habían sido trasladados a instalaciones más grandes en Texas.
Una abogada, Hanne Sandison, testificó que cuando a ella y a algunos otros se les permitió entrar —en virtud de la orden de la jueza— para ver las condiciones del lugar, no logró que los teléfonos funcionaran. En el único sitio donde sí funcionaban, explicó, los agentes del ICE habrían podido escuchar cada palabra.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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