Un tribunal federal de apelaciones decidió el mes pasado mantener temporalmente abierto el centro de detención apodado “Alcatraz Con Caimanes” al bloquear una decisión de un tribunal inferior que ordenaba reducir gradualmente sus operaciones. Pero el caso fue devuelto a la jueza del tribunal inferior, que ahora recupera la jurisdicción sobre la demanda mientras continúa el litigio sobre el destino de la instalación.
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Grupos dicen que rol de jueza hace inminente cierre de centro de detención de inmigrantes en Florida
ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — El cierre de un controversial centro de detención de inmigrantes en Florida es inminente ahora que el caso ha pasado a la jurisdicción de una jueza que anteriormente ordenó su clausura, dicen grupos ambientalistas.
“Al saber que la misma jueza que previamente prohibió el funcionamiento volverá a asumir la supervisión, los demandados ahora están, en la práctica, ondeando la bandera blanca”, manifestó Paul Schwiep, abogado de los grupos ambientalistas que presentaron la demanda, al sostener que la construcción de la instalación no había pasado por la revisión ambiental obligatoria.
Al ser consultado sobre el futuro de la instalación administrada por el estado y sus costos el miércoles, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló que no había recibido ninguna “notificación oficial” de que las autoridades federales vayan a dejar de enviar detenidos al centro.
Pero los proveedores que abastecen y ayudan a operar la instalación han sido notificados de que el cierre podría ocurrir tan pronto como el próximo mes, según reportes del New York Times y CBS News Miami.
El Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, que opera el centro, no respondió el miércoles a una consulta enviada por correo electrónico. La secretaria de prensa del gobernador, Molly Best, remitió las preguntas sobre la instalación a la agencia estatal de manejo de emergencias.
“No construimos ninguna instalación permanente allá abajo porque sabíamos que iba a ser temporal”, declaró DeSantis el miércoles en una conferencia de prensa en Titusville, Florida.
La administración de DeSantis abrió la instalación el pasado julio para respaldar la campaña de deportaciones masivas del gobierno del presidente Donald Trump, quien visitó el centro el verano pasado. Un abogado de dos detenidos ha denunciado abusos en el lugar, incluyendo golpizas y uso de de gas irritante. Otros detenidos han dicho que hay gusanos en la comida, los inodoros no descargan y abundan los mosquitos y otros insectos.
“Este monumento a la crueldad, el despilfarro y el abuso de tierras ambientales y tribales nunca debió haberse construido”, indicó la representante Debbie Wasserman Schultz, demócrata de Florida.
Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity demandaron a funcionarios estatales y federales poco después de que se abriera la instalación, alegando que el sitio de una pista de aterrizaje en los Everglades no recibió la revisión ambiental exigida por la ley federal antes de ser convertido en un centro de detención de inmigrantes. La jueza federal Kathleen Williams, en Miami, coincidió y ordenó en agosto que la instalación debía reducir sus operaciones en un plazo de dos meses.
El tribunal de apelaciones bloqueó la orden, al señalar que la instalación no estaba bajo control federal y no necesitaba cumplir con la ley federal que exige una revisión de impacto ambiental.
Pero el tribunal de apelaciones dejó claro que, una vez que Florida obtuviera el reembolso federal por la instalación, tendría que cumplir con la ley ambiental federal, señaló Schwiep.
DeSantis sostuvo el martes que el estado esperaba ser reembolsado por el gobierno federal con 608 millones de dólares, lo cual ya fue aprobado por la agencia federal de emergencias.
“No hay negociaciones sobre eso”, afirmó.
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Mike Schneider en Bluesky: @mikeysid.bsky.social.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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