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SUSCRIBITETrump anuló la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos
El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha anulado la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, una medida que había sido aprobada por el expresidente Joe Biden antes de dejar la Casa Blanca.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles la cancelación de la prórroga, que extendía la protección contra la deportación y otorgaba permisos de residencia y trabajo a más de 600,000 venezolanos.
La extensión, aprobada en enero por Biden, permitía a los beneficiarios permanecer en el país hasta el 2 de octubre de 2026. Sin embargo, con la revocación de la medida, el TPS para venezolanos concluirá el 3 de abril de 2025, como estaba previsto antes de la ampliación.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la revocación en una entrevista con Fox News, tras reportes previos del diario The New York Times.
“Antes de irse, [el exsecretario de Seguridad Nacional, Alejandro] Mayorkas firmó una orden que extendía la protección por 18 meses adicionales, lo que significaba que estas personas podrían quedarse aquí y violar nuestras leyes por más tiempo. Lo detuvimos.
Hoy firmamos una orden ejecutiva dentro del Departamento de Seguridad Nacional para revertir esa decisión y evitar que nos atemos de manos”, declaró Noem.
El TPS es un programa humanitario que permite a ciudadanos de ciertos países afectados por conflictos o desastres naturales residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, aunque no ofrece un camino directo a la ciudadanía.
La administración de Biden había respaldado activamente esta protección, extendiéndola para cerca de un millón de personas de diversas nacionalidades, incluidos 234,000 salvadoreños.
La decisión de anular la extensión del TPS para los venezolanos ha generado incertidumbre entre los beneficiarios, quienes ahora enfrentan un plazo más corto para su permanencia en el país. Grupos de derechos migratorios han expresado su preocupación por el impacto de esta medida y han instado al Congreso a encontrar soluciones legislativas para quienes dependen de este programa.
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