Aunque las decisiones de la asesora parlamentaria son consultivas, pocas veces se pasan por alto. Los líderes republicanos trabajaban arduamente el sábado, días antes del inicio esperado de la votación sobre el paquete que el presidente Donald Trump desea que se convierta en ley para el 4 de Julio.
Se espera que sea una costosa derrota para los republicanos. Ellos contaban ya con algunas decenas de miles de millones de dólares en posibles ahorros del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), para ayudar a compensar los costos del plan de recortes fiscales de 4,5 billones de dólares. La asesora parlamentaria dejó en pie por ahora una disposición que impondría nuevos requisitos de trabajo a los estadounidenses de hasta 65 años para que reciban ayuda de cupones de alimentos.
“Seguiremos luchando para proteger a las familias necesitadas”, dijo la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, la principal demócrata del Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura del Senado, que maneja el programa SNAP.
“La asesora parlamentaria ha dejado claro que los republicanos del Senado no pueden usar su presupuesto partidista para trasladar importantes costos de asistencia nutricional a los estados, lo que inevitablemente habría producido importantes recortes”, expresó.
El presidente del comité, el senador John Boozman, dijo en un comunicado que su equipo examina opciones que cumplirían con las reglas del Senado para lograr ahorros y “asegurar que el SNAP sirva a quienes realmente lo necesitan, al tiempo que se administran responsablemente los dólares de los contribuyentes”.
La decisión de la asesora parlamentaria es el más reciente de una serie de reveses, mientras el personal trabaja todo el fin de semana, a menudo hasta la medianoche, para evaluar la propuesta de 1.000 páginas. Todo apunta a que habrá serios problemas para el proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara con un voto de línea partidaria el mes pasado sobre la oposición unificada de los demócratas y ahora está siendo revisado en el Senado.
En su núcleo, el objetivo del paquete de varios billones de dólares es extender los recortes fiscales del primer mandato de Trump que, de otro modo, expirarían si el Congreso no actúa. También añade otros nuevos, que incluyen la exención fiscal de las propinas o del pago de horas extras. Para ayudar a compensar los costos de la pérdida de ingresos fiscales, los republicanos proponen recortes a los programas federales de Medicaid, atención médica y alimentos —alrededor de un billón de dólares. Además, el paquete aumenta el gasto en seguridad nacional en unos 350.000 millones de dólares, que incluyen la financiación de las deportaciones masivas de Trump, que enfrentan protestas en todo el país.
El mandatario ha implorado a los republicanos, que tienen la mayoría en el Congreso, que cumplan con su principal prioridad nacional, pero los detalles del paquete, con su mezcolanza de prioridades, ha generado un escrutinio más profundo.
En total, la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un organismo no partidista, calcula que el paquete, tal como fue aprobado por la Cámara, añadiría al menos 2,4 billones de dólares al déficit nacional en la próxima década y dejaría a 10,9 millones más de personas sin cobertura de atención médica. Además, reduciría o eliminaría los cupones de alimentos para más de 3 millones de personas.
La oficina de la asesora parlamentaria se encarga de examinar el proyecto de ley para garantizar que cumpla con la llamada Regla Byrd, que lleva el nombre del fallecido senador Robert C. Byrd, y prohíbe muchos asuntos de política en el proceso de conciliación presupuestaria que se utiliza ahora.
El viernes por la noche, la asesora parlamentaria emitió sus hallazgos más recientes. Determinó que la propuesta del Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura del Senado para que los estados asuman una parte más grande de la factura para cubrir los cupones de alimentos —lo que los republicanos llaman un nuevo arreglo de reparto de costos— violaría la Regla Byrd.
Muchos legisladores dijeron que los estados no podrían absorber el nuevo requisito de ayuda alimentaria, que durante mucho tiempo ha sido proporcionada por el gobierno federal. Advirtieron que muchas personas perderían acceso a los beneficios del SNAP utilizados por más de 40 millones de estadounidenses.
Inicialmente, la Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado unos 128.000 millones de dólares en ahorros con la propuesta de la Cámara de trasladar los costos de ayuda alimentaria del SNAP a los estados. Las estimaciones de costos para la versión del Senado, que hizo cambios al enfoque de la Cámara, aún no se han hecho públicas.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, calificó el hecho más reciente como una “pequeña pero importante victoria”, pero advirtió que el paquete general, con otros cambios en el SNAP, “todavía incluye el ataque más brutal a la asistencia alimentaria en la historia de Estados Unidos”.
Schumer sostuvo el sábado una conferencia telefónica privada con senadores demócratas y dijo que seguirán presentando objeciones al paquete. “Los republicanos del Senado están empeñados en pagar recortes de impuestos para los multimillonarios arrancando comida de la boca de niños, ancianos, veteranos y familias”, dijo el senador de Nueva York.
Las decisiones de la oficina de la asesora parlamentaria dejan varias opciones a los líderes republicanos. Pueden revisar las propuestas para intentar cumplir con las reglas del Senado o eliminarlas del paquete por completo. También pueden arriesgarse a una impugnación durante la votación en el pleno, que requeriría el umbral de 60 votos para superarla. Eso sería poco probable en la Cámara dividida, en la que los demócratas se oponen al paquete general.
Los recientes hallazgos de la asesora parlamentaria también indican que la disposición del comité para hacer que ciertos inmigrantes no sean elegibles para recibir cupones de alimentos violaría la regla. Encontró que varias disposiciones del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, dirigido por el senador Ted Cruz, violarían la regla. Entre ellas está una para proporcionar 250 millones de dólares a estaciones de la Guardia Costera dañadas por un incendio en 2025, a saber, una en South Padre Island en Texas.
Aún están por venir algunos de los fallos más importantes de la asesora parlamentaria. En uno se evaluará el enfoque del Partido Republicano que se basa en la “política actual” en lugar de la “ley actual” como base para determinar si el proyecto de ley aumentará los déficits del país.
La asesora parlamentaria ya propinó un serio revés el jueves, al encontrar que el plan republicano para desmantelar la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, que era una propuesta central proveniente del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, violaría la Regla Byrd.
La asesora parlamentaria también ha advertido sobre violaciones en disposiciones del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado que revertirían los estándares de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental en ciertos vehículos, y del Comité de Servicios Armados del Senado para exigir que el secretario de Defensa proporcione un plan sobre cómo el Pentágono pretende gastar las decenas de miles de millones de nuevos fondos.
Los nuevos requisitos de trabajo en el paquete exigirían que muchas de las personas que reciben beneficios del SNAP o de Medicaid trabajen 80 horas al mes o participen en otros servicios comunitarios o educativos.
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La periodista de The Associated Press Mary Clare Jalonick contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: Associated Press