Durante una alocución nocturna difundida en sus redes sociales, el mandatario defendió su política de mano dura y detalló las medidas económicas impulsadas desde su posesión el 7 de agosto para reactivar el país.
De la Espriella resalta lucha anticrimen, recorte fiscal y acciones tras sismo al cumplir 100 días
BOGOTÁ (AP) — Al cumplir 100 días de gobierno, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó un balance de su gestión en el que destacó la ofensiva contra grupos armados ilegales, el fin de los diálogos de paz, un plan de austeridad fiscal y la atención de la emergencia tras el devastador terremoto del 10 de agosto.
Sin embargo, sectores políticos de oposición han criticado la política gubernamental alegando falta de resultados y eventuales afectaciones a las clases populares, así como supuestos actos de corrupción.
“A nuestra fuerza pública le impartí una orden que no admite interpretaciones: protejan a los colombianos, recuperen el territorio y persigan a los criminales”, afirmó el jefe de Estado. A esa “ofensiva antiterrorista” obedecería, según De la Espriella, el repunte de los ataques violentos en las últimas semanas.
También destacó la orden de revertir las negociaciones de la política de “paz total” implementada por su predecesor, Gustavo Petro (2022-2026).
En el balance operativo, el gobernante enumeró la caída de al menos una docena de cabecillas, la emisión de 167 órdenes de extradición —de las cuales se han ejecutado 91— y el decomiso de más de 389 toneladas de drogas.
Sobre la intervención carcelaria, aseguró que se realizaron 5.000 requisas y se ordenaron 2.568 traslados de reclusos. “Una cárcel no puede convertirse en una oficina donde un delincuente pueda seguir extorsionando, amenazando y asesinando”, sentenció.
Desde la orilla opositora, el senador del movimiento progresista Pacto Histórico Felipe Hernández ha cuestionado la política de seguridad gubernamental que considera “un show”. “Ha jugado a ser soldado, con pistola al cinto y radio en mano, mientras los criminales siguen haciendo de las suyas, y el pueblo sufriendo la violencia”, afirmó el legislador recientemente en sus redes sociales.
El ejecutivo subrayó que el pilar de su política fiscal ha sido reducir el gasto público en al menos 13,8 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación, tras recibir unas finanzas “deterioradas”. Los principales ajustes se dieron en plazas de la alta burocracia y en contratos de prestación de servicios.
Aunque reconoció la necesidad de introducir ajustes consensuados con los partidos políticos a su proyecto de ley de rescate económico —actualmente en trámite legislativo—, descartó impuestos para los alimentos básicos. “Mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario”, aseguró el presidente.
Ante un ajuste tributario incierto y sus posibles afectaciones, sectores sociales y políticos de oposición han convocado para el 19 de noviembre una movilización en defensa “al bolsillo del pueblo y contra una reforma tributaria que amenaza con encarecer la vida de la clase trabajadora y favorecer a los más ricos del país”, señaló en X el senador Hernández.
El sismo de magnitud 7,4 que sacudió el centro-oeste de Colombia el 10 de agosto —tres días después de asumir el poder— fue “una de las mayores tragedias naturales de la historia” del país, aseguró De la Espriella. Al menos 335 personas murieron, miles quedaron heridas y más de 770.000 resultaron damnificadas.
Según el Ejecutivo se ha desembolsado más de 343.000 millones de pesos (103 millones de dólares) en bonos directos para los damnificados y se asignaron apoyos económicos para vivienda por más de 35.000 millones de pesos (10,55 millones de dólares).
“Reconstruir no significa solamente levantar paredes; significa recuperar hogares, salvar empleos, restablecer servicios esenciales”, expresó el jefe de estado.
Pero el manejo de los recursos a través de un fondo especial para la emergencia no ha estado exento de cuestionamientos. Una reciente controversia sobre los supuestos grandes sueldos de los directivos de la entidad creada para gestionar la ayuda derivó en peticiones de renuncia de funcionarios y e hizo que el propio mandatario instara a una reabaja salarial.
El excandidato presidencial Iván Cepeda cuestionó, sin presentar pruebas, si había personas “lucrándose de los dineros para los damnificados.
FUENTE: AP
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