Miguel Díaz-Canel rechazó la nueva ronda de sanciones de Washington contra empresas, instituciones y funcionarios cubanos y volvió a denunciar el embargo
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel respondió a la nueva ronda de sanciones anunciada por Estados Unidos contra empresas estatales, instituciones y funcionarios de la isla, y aseguró que su Gobierno mantendrá la confrontación con Washington pese al incremento de la presión económica.
“Sabremos resistir y vencer”, afirmó Díaz-Canel en un mensaje publicado en X, donde volvió a calificar las sanciones estadounidenses como parte de una política destinada a castigar a Cuba.
La reacción llegó después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incorporara a ocho empresas estatales cubanas, al Ministerio de la Construcción (MICONS) y a tres funcionarios vinculados al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) a la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN).
El mandatario cubano utilizó un duro mensaje para cuestionar la nueva ofensiva de sanciones.
“Los verdugos parecen haber escogido los jueves para hacer públicas sus listas negras con nombres de personas e instituciones cuyo único delito es servir a Cuba, enfrentando el bloqueo genocida”, escribió.
Díaz-Canel cerró su publicación con otra acusación directa contra Estados Unidos:
“Sabremos resistir y vencer. Y EE.UU. quedará en la vergonzosa lista de genocidas”.
La utilización de términos como “bloqueo genocida” forma parte del discurso oficial con el que La Habana caracteriza desde hace años las sanciones económicas estadounidenses.
La respuesta del gobernante ocurre después de que Washington ampliara las restricciones contra diferentes sectores de la economía estatal.
Las ocho empresas incorporadas fueron:
Las compañías operan en áreas que incluyen minería, metales, importaciones, transporte y abastecimiento al sector turístico.
La nueva ronda incluyó además al Ministerio de la Construcción de Cuba (MICONS).
Su incorporación resulta especialmente significativa por la red de entidades vinculadas directa o indirectamente al organismo.
La OFAC estableció disposiciones específicas para determinadas personas e instituciones financieras extranjeras que necesiten cerrar operaciones existentes con el ministerio y con entidades controladas en al menos un 50 % por este.
La designación aumenta así la presión sobre otro sector estratégico de la economía cubana.
Washington también incluyó individualmente a tres dirigentes relacionados con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
El más conocido es Fernando González Llort, actual presidente del ICAP y exintegrante de la denominada Red Avispa, una estructura de inteligencia cubana desmantelada en Florida a finales de la década de 1990.
También fueron designadas Noemí Rabaza Fernández, vicepresidenta primera del ICAP, y Leima Martínez Freire, directora para Norteamérica.
El propio ICAP ya había sido incluido anteriormente en la lista de sanciones estadounidenses.
Díaz-Canel no fue el único funcionario cubano que reaccionó.
El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío acusó a Washington de adoptar nuevas medidas con una frecuencia “casi semanal” con el propósito, según sostuvo, de causar el mayor daño posible a la población cubana.
El diplomático aseguró que la estrategia estadounidense no ha conseguido doblegar lo que describió como la “voluntad moral y política” de los cubanos.
También sostuvo que las sanciones no responden a los intereses de la población estadounidense.
Las nuevas designaciones relacionadas con Cuba se realizaron bajo la Orden Ejecutiva 14404, utilizada por Washington para ampliar las herramientas de presión económica contra personas, empresas e instituciones vinculadas al Estado cubano.
La inclusión en la lista SDN implica, en términos generales, el bloqueo de bienes e intereses en propiedad que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense, además de restricciones para determinadas transacciones con ciudadanos y empresas de Estados Unidos.
Las medidas pueden tener también efectos sobre operaciones internacionales debido al riesgo que bancos y compañías extranjeras perciben al mantener relaciones con actores sancionados.
La publicación de OFAC fue más amplia que las medidas específicamente dirigidas contra Cuba.
La actualización incluyó también designaciones relacionadas con terrorismo y narcotráfico, pero bajo programas y fundamentos jurídicos diferentes.
Por tanto, la aparición de esas categorías dentro de la misma actualización no significa que las empresas o funcionarios cubanos mencionados hayan sido sancionados necesariamente bajo esas autoridades.
La nueva ronda profundiza una escalada de sanciones estadounidenses contra instituciones y sectores estratégicos de la economía cubana.
Washington sostiene que estas medidas buscan aumentar la presión sobre las estructuras económicas y políticas que sostienen al Gobierno de La Habana.
El Ejecutivo cubano, por su parte, atribuye buena parte de la crisis económica de la isla a las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de intentar provocar un colapso interno.
La respuesta de Díaz-Canel deja claro que La Habana no anticipa un cambio inmediato de postura.
Su mensaje vuelve a recurrir a una fórmula histórica del discurso oficial cubano frente a Estados Unidos:
“Sabremos resistir y vencer”.
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