El viceministro Carlos Luis Jorge Méndez confirmó a USA Today que las conversaciones están suspendidas, mientras La Habana promete una mayor apertura al sector privado
El Gobierno cubano confirmó que las conversaciones directas con Estados Unidos están suspendidas, en momentos de máxima tensión con la administración de Donald Trump y mientras La Habana intenta convencer a Washington y a potenciales inversionistas de que su nueva apertura económica al sector privado representa un cambio real y no otra reforma temporal.
Carlos Luis Jorge Méndez, viceministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, abordó el estado de las relaciones bilaterales durante una entrevista exclusiva concedida en La Habana a USA Today.
Según el funcionario, ambos gobiernos suspendieron las conversaciones hasta que puedan encontrar puntos en común, aunque sostuvo que Cuba mantiene abierta la posibilidad de retomarlas.
“Mantenemos nuestra postura y estamos dispuestos a continuar el diálogo”, afirmó.
La confirmación llega después de meses de contactos y señales contradictorias entre Washington y La Habana y coincide con una nueva ofensiva de sanciones de la administración Trump.
La declaración de Méndez representa una de las confirmaciones más directas realizadas recientemente por un alto funcionario cubano sobre el estado del diálogo bilateral.
Las conversaciones no habrían producido suficientes coincidencias para continuar avanzando.
Esto no equivale formalmente a una ruptura de relaciones diplomáticas ni significa que los canales entre ambos gobiernos hayan desaparecido definitivamente.
Pero sí confirma que el proceso político de conversaciones se encuentra paralizado.
La Habana insiste en que permanece dispuesta a regresar a la mesa.
El estancamiento ocurre después de que Washington explorara posibles interlocutores dentro de la estructura cubana.
USA Today había reportado previamente contactos relacionados con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro y coronel del Ministerio del Interior.
Su aparición como interlocutor resultó especialmente significativa debido a su proximidad histórica al círculo familiar de los Castro y al aparato de seguridad cubano.
Otros reportes periodísticos han señalado que Washington ha intentado identificar figuras dentro del sistema con capacidad para negociar eventuales cambios políticos y económicos.
Por ahora, esos contactos no han desembocado en un acuerdo capaz de destrabar la relación bilateral.
Mientras reconoce el estancamiento político con Washington, el Gobierno cubano intenta proyectar una imagen diferente en materia económica.
Méndez aseguró a USA Today que las reformas aprobadas en junio representan un cambio estructural y duradero.
“Esto refuerza la idea de que Cuba se está abriendo”, afirmó.
Y añadió una frase destinada a despejar las dudas sobre las intenciones del Gobierno:
“Este es un proceso real; esto va en serio. No es una maniobra”.
Las declaraciones buscan responder directamente al escepticismo generado por anteriores aperturas económicas que posteriormente fueron limitadas o revertidas.
Entre los cambios más importantes aparece una mayor autonomía para las empresas privadas cubanas.
Las nuevas normas permitirían que determinados negocios no estatales realicen operaciones comerciales directamente con empresas extranjeras, reduciendo parte de la intermediación estatal que históricamente ha caracterizado al comercio exterior cubano.
De aplicarse plenamente, el cambio podría ampliar considerablemente las posibilidades de importación, exportación y asociación comercial del sector privado.
Para las mipymes cubanas, el acceso directo a proveedores y compradores internacionales ha sido durante años una de las principales demandas.
El Gobierno también pretende modificar determinadas reglas aplicables a la inversión extranjera.
Entre los cambios anunciados se encuentra una mayor flexibilidad para contratar trabajadores.
El modelo cubano tradicional ha obligado a numerosas compañías extranjeras a contratar personal mediante entidades empleadoras estatales, un sistema criticado durante años por inversionistas y trabajadores.
La apertura planteada podría reducir parte de esa intermediación.
También se contempla ampliar las posibilidades de los inversionistas para participar en proyectos inmobiliarios dentro de la isla.
Los cambios forman parte del paquete de 176 transformaciones económicas y sociales aprobado en junio.
El Gobierno cubano presenta estas medidas como una actualización profunda del funcionamiento de la economía.
Entre sus componentes figuran una mayor participación del sector privado, cambios en el comercio exterior, nuevas reglas para la inversión extranjera y modificaciones relacionadas con banca y actividad empresarial.
La Habana sostiene que no pretende abandonar el socialismo.
Miguel Díaz-Canel ha definido estas aperturas como “concesiones necesarias” dentro de la construcción socialista y ha negado categóricamente que representen reformas capitalistas.
La administración Trump mantiene una interpretación muy diferente.
Funcionarios estadounidenses han cuestionado que los cambios anunciados representen una transformación estructural del sistema y los han descrito como medidas insuficientes o cosméticas.
Washington considera que el Gobierno cubano intenta encontrar nuevas fuentes de ingresos y aliviar la presión económica sin realizar modificaciones políticas fundamentales.
Ese es precisamente uno de los puntos centrales de la actual disputa.
La Habana afirma que la apertura económica es auténtica.
Washington duda de que pueda considerarse irreversible mientras el Partido Comunista conserve la capacidad de modificar las reglas.
La desconfianza tiene antecedentes.
Durante el acercamiento con la administración de Barack Obama, Cuba amplió determinados espacios para el trabajo privado y recibió un aumento significativo del turismo y las relaciones empresariales con Estados Unidos.
Posteriormente, varias de aquellas aperturas fueron restringidas.
Ese historial provoca dudas sobre si las reformas actuales sobrevivirían a futuras decisiones políticas del Gobierno cubano.
John Kavulich, presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, consideró que las modificaciones representan una trayectoria positiva para el sector privado.
Pero introdujo una advertencia importante.
Según Kavulich, Cuba tendría que modificar su Constitución si quiere ofrecer garantías de que la apertura no podrá ser revertida fácilmente.
Mientras los cambios dependan fundamentalmente de regulaciones, decretos y decisiones administrativas, persistirá la incertidumbre sobre su sostenibilidad.
La cuestión es especialmente importante para inversionistas que necesitan garantías jurídicas a largo plazo antes de comprometer capital.
La apertura llega en uno de los momentos económicos más difíciles que atraviesa la isla en décadas.
Cuba enfrenta simultáneamente:
apagones prolongados, falta de combustible, inflación, escasez de alimentos y medicamentos, caída del turismo y dificultades para conseguir divisas.
La crisis energética ha llegado incluso a paralizar vuelos internacionales.
Rusia confirmó recientemente que no restablecerá plenamente sus conexiones regulares con Cuba hasta que La Habana pueda garantizar un suministro estable de combustible de aviación.
La situación económica coincide con una ofensiva de la administración Trump contra las fuentes de ingresos del Gobierno cubano.
Washington ha impuesto durante 2026 múltiples rondas de sanciones contra funcionarios, ministerios, empresas estatales y estructuras vinculadas con sectores estratégicos.
El secretario de Estado Marco Rubio anunció una nueva ronda de medidas el pasado 20 de agosto.
La estrategia estadounidense busca cerrar mecanismos utilizados por La Habana para conseguir financiamiento, combustible y acceso al sistema económico internacional.
La contradicción que enfrenta ahora el Gobierno cubano resulta evidente.
Por un lado, necesita atraer capital extranjero, empresas internacionales y mayor actividad privada para generar divisas y recuperar la producción.
Por otro, insiste en que la apertura económica no implicará cambios fundamentales en el sistema político.
Díaz-Canel ha asegurado que “no hay reformas capitalistas” y que el Partido Comunista seguirá garantizando el carácter socialista del proceso.
La pregunta para inversionistas y gobiernos extranjeros es hasta dónde puede avanzar una apertura económica sin cambios institucionales que garanticen la propiedad privada y la estabilidad de las reglas.
La frase de Méndez busca responder precisamente a esa duda.
“Esto va en serio. No es una maniobra”.
El Gobierno necesita convencer no solo a Washington, sino también a empresarios extranjeros y cubanos de que las nuevas reglas permanecerán vigentes.
La credibilidad será decisiva.
Si las medidas son posteriormente limitadas, como ocurrió con aperturas anteriores, la capacidad de La Habana para atraer inversiones podría deteriorarse todavía más.
La situación deja dos movimientos simultáneos.
En el frente político, las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos están suspendidas mientras ambos gobiernos mantienen posiciones enfrentadas.
En el frente económico, La Habana intenta acelerar una apertura parcial hacia el sector privado y el capital extranjero.
Cuba afirma que está dispuesta a volver al diálogo.
Pero Washington continúa incrementando las sanciones y mantiene dudas profundas sobre las reformas anunciadas.
Por ahora, el mensaje del Gobierno cubano combina resistencia y pragmatismo: no cede públicamente ante las exigencias políticas estadounidenses, pero intenta convencer al exterior de que esta vez su apertura económica sí será real y duradera.
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