El Estatus de Protección Temporal (o TPS por sus siglas en inglés) es una protección que puede ser otorgada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a personas de varias nacionalidades que se encuentran en Estados Unidos, impidiendo su deportación y permitiéndoles trabajar. El gobierno de Trump ha procurado activamente eliminar esta protección, haciendo que más personas sean elegibles para su deportación. Forma parte de una iniciativa más amplia del gobierno para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes.
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Jueza impide a gobierno de Trump poner fin a TPS para 60.000 personas de Centroamérica y Nepal
SAN FRANCISCO (AP) — Una jueza federal falló el jueves en contra de los planes del gobierno del presidente Donald Trump y extendió el Estatus de Protección Temporal para 60.000 personas de Centroamérica y Asia, incluida gente de Nepal, Honduras y Nicaragua.
Noem puede extender el Estatus de Protección Temporal a inmigrantes que están en Estados Unidos si las condiciones en sus países de origen se consideran inseguras para regresar debido a un desastre natural, inestabilidad política u otras condiciones peligrosas. Noem había decidido poner fin a las protecciones para decenas de miles de hondureños y nicaragüenses tras determinar que las condiciones en sus países de origen ya no las justificaban.
Noem dijo que los dos países habían hecho “progresos significativos” en su recuperación tras el paso del huracán Mitch en 1998, una de las tormentas en el Atlántico más mortíferas de la historia.
La designación para unas 7.000 personas de Nepal estaba programada para expirar el 5 de agosto, mientras que las protecciones que permitían que 51.000 hondureños y casi 3.000 nicaragüenses que han estado en Estados Unidos durante más de 25 años vencían el 8 de septiembre.
La jueza federal de distrito Trina L. Thompson, en San Francisco, no fijó una fecha de expiración, sino que decidió mantener las protecciones mientras se dirime el caso. La próxima audiencia es el 18 de noviembre.
En una orden escrita, Thompson indicó que el gobierno puso fin a las protecciones de estatus migratorio sin una “revisión objetiva de las condiciones del país”, tales como la violencia política en Honduras y el impacto de huracanes y tormentas recientes en Nicaragua.
Si las protecciones no se extendieran, los inmigrantes podrían sufrir la pérdida de empleo, seguro de gastos médicos, ser separados de sus familias y correr el riesgo de ser deportados a otros países donde no tienen vínculos, escribió, y añadió que la terminación del TPS para personas de Nepal, Honduras y Nicaragua resultaría en una pérdida de 1.400 millones de dólares para la economía.
“La libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de la libertad, y el sueño americano. Eso es todo lo que los demandantes buscan. En cambio se les dice que expíen debido a su raza, que se vayan debido a sus nombres, y que purifiquen su sangre”, manifestó Thompson.
Abogados de la National TPS Alliance argumentaron que las decisiones de Noem estuvieron predeterminadas por las promesas de campaña de Trump y motivadas por animosidad racial.
Thompson concordó, y señaló que las declaraciones de Noem y Trump perpetuaron la "creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones inmigrantes reemplazarán a la población blanca”.
“El color no es ni un veneno ni un crimen”, escribió.
El grupo activista que presentó la demanda indicó que por lo general los designados tienen un año para salir del país, pero en este caso recibieron mucho menos tiempo.
“Les dieron dos meses para salir del país. Es terrible”, indicó Ahilan Arulanantham, abogado de la parte demandante durante una audiencia el martes.
El vicecanciller hondureño Antonio García le dijo a The Associated Press: “El juez reconoció la necesidad" de los que tienen TPS "de poder trabajar en paz, tranquilidad y legalidad”.
García recordó que, durante el primer mandato de Trump, hubo una impugnación jurídica similar, la cual tardó cinco años en resolverse en los tribunales. En esta ocasión él esperaba un resultado similar que permitiera a los hondureños permanecer en Estados Unidos.
“La noticia de hoy es esperanzadora y positiva... nos da tiempo y oxígeno, esperando que sea largo el camino, y la última palabra la dará el juez y no el presidente Trump”, puntualizó.
Mientras tanto, en Nicaragua, cientos de miles de personas se han exiliado a medida que el gobierno cierra miles de organizaciones no gubernamentales y encarcela a opositores políticos. El presidente nicaragüense Daniel Ortega, y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, han consolidado el control total en el país centroamericano desde que Ortega regresó al poder hace dos décadas.
En febrero, un panel de expertos de la ONU advirtió que el gobierno nicaragüense había desmantelado los últimos contrapesos restantes y estaba “ejecutando sistemáticamente una estrategia para cimentar el control total del país a través de graves violaciones de derechos humanos”.
El plan del gobierno estadounidense para acotar la inmigración abarca a personas que están en el país ilegalmente, pero también ha estado eliminando protecciones que han permitido a las personas vivir y trabajar en Estados Unidos de manera temporal.
El gobierno de Trump ya ha puesto fin a las protecciones para cerca de 350.000 venezolanos, 500.000 haitianos, más de 160.000 ucranianos y miles de personas procedentes de Afganistán y Camerún. Algunos casos aún se procesan en tribunales federales.
El gobierno argumenta que Noem tiene autoridad clara sobre el programa y que sus decisiones reflejan los objetivos del gobierno en las áreas de inmigración y política exterior.
“No está destinado a ser permanente”, subrayó William Weiland, abogado del Departamento de Justicia.
En una declaración el viernes, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, indicó que el gobierno apelará la decisión.
“El TPS nunca fue destinado a ser un sistema de asilo de facto, pero así es como los gobiernos anteriores lo han utilizado durante décadas”, expresó. “Apelaremos, y esperamos que un tribunal superior nos reivindique.”
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Ding informó desde Los Ángeles. Marlon González contribuyó desde Tegucigalpa.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: Associated Press
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