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Asamblea de Bolivia define suerte de fiscal general detenido por presunto lazo con crimen organizado

LA PAZ, Bolivia (AP) — La Asamblea Legislativa de Bolivia definirá el viernes la suerte del fiscal general, detenido por presuntamente favorecer al narcotráfico y cuyo arresto desató una crisis política y judicial en medio de un creciente descontento social por la situación económica.

Roger Mariaca pasó la noche en una celda policial a la espera de su audiencia en la que un juez decidirá si lo envía a la cárcel mientras es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y enriquecimiento ilícito.

En tanto, senadores y diputados analizaban las pruebas y debatían si destituyen a Mariaca o nombran a un interino. A su vez las autoridades desconocieron al fiscal Luis Montaño y lo acusaron de “usurpar funciones” después de que se autoproclamara fiscal general, dijo el vocero presidencial José Luis Gálvez. Mariaca no renunció tras su detención.

También es buscado el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por la supuesta protección al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado y entregado a la DEA en marzo pasado, quien vivía y operaba en el oriente boliviano mientras era buscado en varios países del continente.

En tanto, la madrugada del viernes la policía allanó domicilios de Mariaca y detuvo a su edecán con un botín de un millón de bolivianos (dólares). La víspera se incautaron 3,5 millones de bolivianos (dólares) y unos 10.000 dólares que eran sacados del domicilio del fiscal en una ambulancia, dijo la policía.

“Hemos roto una estructura criminal que era liderada por Mariaca”, sostuvo el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en la sesión legislativa.

Mariaca fue detenido la madrugada del jueves dos días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocara la visa acusándolo de “recibir sobornos para favorecer el narcotráfico”. También fueron detenidos otros altos funcionarios judiciales.

La operación fue respaldada por el Escudo de las Américas, la alianza continental de gobiernos de derecha liderada por el presidente Donald Trump contra el crimen organizado que, en una declaración conjunta, respaldó al gobierno de Rodrigo Paz “por sus acciones decisivas para enfrentar el narcotráfico, combatir la corrupción y exigir la responsabilidad de quienes lo facilitan”.

El caso se presenta en un momento complicado para Paz, quien afronta un creciente malestar social por una caída en el poder adquisitivo de los ingresos tras la eliminación de subsidios al diésel que ha elevado el precio de los alimentos. Además, el gobierno se ha visto salpicado por escándalos que afectaron la imagen del mandatario, como el caso de su detenido asesor, el argentino Fernando Cerimedo.

FUENTE: AP

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