Militares venezolanos preocupados ante los colectivos armados
El oficial retirado recordó al Ejecutivo que solo la institución castrense y los organismos policiales están facultados para la defensa y la seguridad del país, por que ese poder no puede delegarse. Le pareció peligroso permitir que fuerzas ajenas al Estado establezcan organizaciones paralelas, como ocurrió en el caso de Colombia, porque la situación puede irse de las manos.
Apuntó hacia un aspecto que el sector militar debe tener claro: "La FANB debe cooperar para asumir la defensa de la nación y no de la revolución".
En un documento presentado el miércoles pasado, los Colectivos de Trabajo Revolucionario Movimiento de Resistencia Popular Juan Montoya señalan: "Nos parece un total absurdo que se esté pidiendo a los colectivos de trabajo revolucionario su desarme al mismo nivel que se le exige a cualquier banda delictiva. No somos bandas delictivas, somos organizaciones revolucionarias".
Dos días más tarde, consultado sobre la existencia de fuerzas irregulares, el jefe de la delegación del Estado ante el Comité de Tortura de la ONU, José Vicente Rangel Ávalos, aseveró: "Sí, puede haber individuos dentro de esos colectivos que están armados, como hay personas de la oposición que están armados".
Rocío San Miguel, coordinadora de la ONG Control Ciudadano, cree innegable "el profundo malestar que existe en la institución militar ante la desautorización pública que le ha hecho el gobierno de sus funciones. No hay voluntad política para frenar a los colectivos; con los cambios en el Ministerio del Interior de Rodríguez Torres a la almirante Carmen Meléndez, solo se corrió la arruga", añadió.
Exhortó al Alto Mando a presentar un informe al presidente Nicolás Maduro, basado en estudios del Estado Mayor, con un plan concreto de acciones para contener a las fuerzas ilegales, las cuales deben converger en el desarme. "Debe detenerse la ingobernabilidad en el país y la pérdida de espacios de la Fuerza Armada", expresó.
Emplazó al presidente del Consejo de Defensa de la Nación, mayor general Alexis López Ramírez, compañero de armas de Rodríguez Torres y del nuevo ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a exponer al Ejecutivo las consecuencias de la permisividad con los colectivos armados.
El artículo 324 de la Constitución establece que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, corresponde a la FANB reglamentar y controlar la fabricación, el registro, la inspección, el comercio y, sobre todo, la posesión y el uso de armas, municiones y explosivos.
Rocío San Miguel cree que existe un dilema militar frente a los grupos irregulares, que se manifiesta en su "silencio operacional". Otro aspecto que en su opinión genera ruido es el "peloteo de funciones" en el control de las armas entre los despachos de Defensa y Relaciones Interiores. No descarta que detrás del manejo político y militar de los colectivos exista un cálculo electoral para los comicios parlamentarios de 2015.
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