FAJARDO - El gobernador Pedro Pierluisi dejó este martes la puerta abierta para realizar cualquier recobro de fondos públicos que corresponda, incluso a través del Departamento de Justicia, tras la recomendación de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) a la Oficina del Gobernador para recobrar $186,300 que se pagaron incorrectamente a contratistas y a una exayudante bajo las administraciones de Alejandro García Padilla y posteriormente en la de Ricardo Rosselló Nevares porque se hicieron contrarios a los reglamentos y procesos de contratación.
Sin embargo, recordó que la Oficina del Contralor Electoral (OCE) ya ha recuperado parte del dinero pagado incorrectamente. Específicamente, la OCE ordenó al comité de Ricardo Rosselló Nevares restituir $229,063 al Departamento de Hacienda, que fueron pagados a Allied Car & Truck Rental. Sin embargo, los auditores de la OCPR determinaron que, al comité, le quedaba todavía una diferencia de $84,744 por restituir al Departamento de Hacienda.
“Si por alguna razón todavía hay alguna deficiencia, pues entonces le correspondería al contralor electoral (Walter Vélez) tomar la acción pertinente”, dijo el primer ejecutivo.
Este medio intentó contactar a Vélez, pero no respondió.
La OCPR pidió también la restitución de $9,000 pagados de salario a una funcionaria que ocupó el puesto de ayudante del gobernador bajo la administración de Rosselló Nevares y que dirigía la Oficina de la Primera Dama sin haber prestado juramento al cargo. La empleada fue identificada en el informe de la OCPR como Yamilette Flores Díaz, quien ocupó el cargo del 1 de julio al 16 de agosto de 2019, al tiempo en que también poseía contratos con la Autoridad de Tierras y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), lo que es contrario a la Constitución del Estado Libre Asociado y al Código Político.
Asimismo, la OCPR pidió recobrar $90,862 pagados por el arrendamiento de un local utilizado como archivo inactivo durante períodos en que no existía un contrato escrito válido. Esta situación ocurrió entre enero de 2013 a octubre de 2018, cuando se sucedieron en el poder ejecutivo García Padilla y Rosselló Nevares. Con relación a ese mismo local, encontró que el director de Finanzas de la Oficina del Gobernador autorizó 10 pagos que se excedían en $174, cada uno, de lo pactado en el contrato de arrendamiento formalizado.
Pierluisi dijo que cuando comenzó su administración emitió una orden administrativa para evitar que hayan desembolsos de fondos públicos sin que medie un contrato.
“Si por alguna razón todavía hay algo que recuperar, haremos las gestiones que sean necesarias. Usualmente, si es por vía de reclamación extrajudicial se hace desde la propia Oficina de La Fortaleza. Lo hace la administradora de La Fortaleza. Si ya hay que recurrir a los tribunales, eso queda en manos del Departamento de Justicia, pero nosotros responderemos como debe ser”, sostuvo el gobernador.
“Siempre ha sido mi postura, los señalamientos de la contralora hay que atenderlos, sean lo que sea”, agregó.
“Yo voy a estar pendiente, sí, y si no surte efecto, por ejemplo, un intento de cobro de algo que se deba, que lo tengo que confirmar, pues entonces es que uno refiere el asunto al Departamento de Justicia y yo estoy seguro que si yo hiciera el referido, Justicia lo atenderá”, enfatizó Pierluisi.
FUENTE: elnuevodia.com
