El gobierno de Kerala pidió al Tribunal Supremo que considerase a la ley como una violación de la naturaleza secular de la Constitución india, y acusó al gobierno de dividir al país por líneas religiosas.
La ley de ciudadanía respaldada por el partido nacionalista hindú del primer ministro, Narendra Modi, abre una vía para la naturalización de personas llegadas de Bangladesh, Afganistán y Pakistán, a menos que sean musulmanas. La medida ha provocado protestas en todo el país y choques con la policía, en los que han muerto 23 personas.
Las marchas se han convertido en protestas contra el gobierno con reivindicaciones más amplias.
Los detractores afirman que la ley se utilizará junto con una lista de ciudadanía que podría obligar a todos los indios a presentar documentos que certifiquen su procedencia, un desafío en un país donde mucha gente carece de documentos oficiales, incluidos los certificados de nacimiento.
Los desafíos políticos de Modi en torno a la ley empiezan a multiplicarse, ya que varios estados han dicho que no la aplicarán.
La ministra jefe del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, una férrea crítica de Modi, ha liderado varias manifestaciones masivas en su estado contra la medida. Los estados de Punjab, Rajasthan y Madhya Pradesh, gobernados por el partido opositor Congreso, también han anunciado que no impondrán la nueva ley.
También el estado occidental de Maharashtra, donde Congreso forma parte de un gobierno de coalición, ha rechazado la ley.
El gobierno de Modi insiste en que el texto es necesario para ayudar, concediéndoles la ciudadanía india, a los miembros de minorías no musulmanas perseguidas en Afganistán, Bangladesh y Pakistán llegados a India antes de 2015.
FUENTE: Associated Press