La decisión deriva de una demanda que el gobierno federal presentó para recuperar más de 28.000 dólares que el SSI pagó a un ciudadano estadounidense después de que se trasladó de Nueva York a Puerto Rico para cuidar a su esposa.
Uno de los abogados del hombre, Hermann Ferre, cuyo despacho se encuentra en Nueva York, dijo a The Associated Press que unas 700.000 personas en Puerto Rico reúnen los requisitos para acceder a los recursos del SSI.
“Este es un caso importante”, señaló.
El fallo es relativo al caso de José Luis Vaello Madero, que vivió en Nueva York de 1985 a 2013, cuando se mudó a Puerto Rico. Vaello Madero continuó recibiendo los pagos hasta 2016, cuando le dijeron que no tenía derecho a ellos. La Administración del Seguro Social presentó entonces una demanda civil contra él en 2017 para exigirle la devolución del dinero que había recibido.
Los beneficios del SSI son entregados para asistir a personas ancianas, ciegas o discapacitadas que tienen carencias económicas. Los beneficios están disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses que vivan en cualquiera de los 50 estados, Washington, D.C., y las Islas Marianas. Sin embargo, Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y Guam están excluidas del programa SSI, que tampoco se extiende a Samoa estadounidense.
Puerto Rico tiene un programa llamado Asistencia para Personas de Edad Avanzada, Ciegos o Discapacitados. Para acceder los recursos correspondientes la persona interesada debe tener un ingreso de 65 dólares o menos al mes, en comparación con los 750 dólares para recibir los beneficios del SSI. Además, la cantidad promedio recibida en Puerto Rico con ese programa es de 77 dólares mensuales, en comparación con los 533 del SSI. La isla, de 3,2 millones de habitantes, tiene una tasa de pobreza de más de 40% que rebasa la de cualquier estado de Estados Unidos.
Jenniffer González, la representante de Puerto Rico en el Congreso, elogió el fallo del viernes.
“El estatus territorial de Puerto Rico ha sido la causa de discriminación contra los ciudadanos americanos residentes en la isla”, agregó.
Ferre consideró posible que el gobierno federal apele la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
FUENTE: Associated Press