La fiscalía dijo que presentaría los cargos contra Roberto David Castillo Mejía durante una audiencia preliminar programada para el martes. Sin embargo, la audiencia se pospuso a petición de la familia de Cáceres.
Castillo Mejía era presidente de la Empresa Desarrollos Energéticos cuando mataron a Cáceres en 2016. La activista encabezaba una campaña contra la construcción de una represa y fue galardonada con el Premio Goldman, que se entrega a quienes defienden las causas ambientalistas.
Castillo Mejía fue arrestado en 2018 y sigue detenido. Juan Carlos Sánchez, abogado de Castillo, dijo que la fiscalía no ha presentado pruebas contra su cliente. "Hemos refutado todas esas evidencias", dijo Sánchez. "Hay crecientes dudas porque hemos realizado nuestras propias investigaciones al respecto", agregó.
Carlos Morazán, portavoz de la fiscalía, dijo que los detectives tienen muchas evidencias contra Castillo Mejía. Afirmó que la audiencia será fijada para este mismo mes.
"El Ministerio Público está dispuesto para llegar en este juicio hasta las últimas consecuencias para descubrir la verdad y que la conozca el pueblo", dijo Morazán.
La hermana de Cáceres, Agustina Cáceres, expresó confianza en que avance el trabajo de la fiscalía en el caso de Castillo.
"Hemos sufrido mucho y seguimos sufriendo al ver la lentitud y la debilidad de la justicia de Honduras", dijo Cáceres. "Ojalá que el Ministerio Público tenga éxito en sus esfuerzos por saber lo que realmente ocurrió".
En noviembre, una corte declaró culpables a siete personas por el asesinato de Cáceres. Un octavo sospechoso fue absuelto.
Los fiscales dijeron que Castillo Mejía proveyó logística y otros recursos a uno de los asesinos convictos.
Los abogados de la empresa no respondieron de momento a los pedidos de declaraciones.
FUENTE: Associated Press