La fiscalía de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos dijo que la captura se realizó en coordinación con la Policía Nacional Civil debido a que Cuxum tenía una orden de aprehensión internacional coordinada con Interpol desde 2018.
El guatemalteco fue detenido hace seis meses en Boston, Massachusetts.
Según la investigación de la fiscalía, Cuxum participó junto a otros seis hombres en el denominado caso de la Mujeres Achi’, que señala a patrulleros civiles por la violación de varias mujeres, incluyendo menores de edad, en el municipio de Rabinal, departamento Baja Verapaz, entre 1981 y 1985.
El caso no ha sido “cuesta arriba”, dijo a The Associated Press la fiscal Hilda Pineda, quien explicó que la jueza Claudette Dominguez, quien tenía a su cargo el proceso, desestimó las acusaciones contra tres procesados y ordenó su inmediata libertad. Agregó que hizo lo mismo de manera provisional contra los otros tres acusados.
Las víctimas identificaron a sus agresores en las audiencias, pero la juez que no le dio valor a sus testimonios alegando que éstos no habían sido tomados en instalaciones del Ministerio Público. Los abogados defensores de las víctimas dijeron que éstas aún tienen temor de que se les vea en las oficinas de la fiscalía. Muchas aún conviven en sus comunidades con los victimarios o sus familias.
La fiscalía pidió separar del caso a Domínguez y la denunció por los delitos de prevaricato --que consiste en asesorar a las partes en los casos para salir libres en diferentes procesos penales-- y denegación de justicia. Aún se espera que una Corte decida si acepta la demanda.
El juez Miguel Ángel Gálvez, que tiene a cargo el proceso ahora, ha señalado para el viernes 31 de enero la primera audiencia de declaración de Cuxum para explicarle las denuncias en su contra.
Durante el conflicto armado interno de Guatemala, el Ejército utilizó y armó a patrulleros civiles para controlar poblaciones. Éstos tenían a su cargo puestos de registro, controles e información de las comunidades. Durante ese período, según un informe de la memoria histórica, unas 200.000 personas murieron y otras 45.000 desaparecieron.
El 16 de enero, otro juzgado desestimó la denuncia contra Juan Alecio Samayora, de 69 años, quien también se había refugiado en Estados Unidos huyendo de la justicia guatemalteca, pero que fue deportado en noviembre de 2019 acusado de delitos de lesa humanidad en los años 80 en el departamento de Quiché.
FUENTE: Associated Press