En un comunicado emitido el lunes, la Fiscalía del Tribunal Supremo consideró que la pesquisa es de una “innegable complejidad técnica".
La investigación se concentrará en hechos acaecidos en 2014. Ese periodo cubre la segunda fase del contrato de 2011 para la construcción del servicio ferroviario AVE (Alta Velocidad Española) entre las ciudades saudíes de Medina y La Meca, el llamado “AVE del desierto”.
La fecha atendida por los fiscales marca el momento en que el entonces rey Juan Carlos, ante el daño de varios escándalos cede el trono a su hijo, quien se convertiría en el rey Felipe VI.
“Esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado”, detalló el comunicado.
La fiscalía añadió en el comunicado que “dada la trascendencia institucional de esta investigación”, será designada a uno de los máximos fiscales del Tribunal Supremo especializados en delitos económicos, quien “estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales”.
Si bien las finanzas de Juan Carlos han sido puestas en duda por los medios españoles durante años, hasta ahora no había tenido consecuencias penales para el monarca emérito. Legisladores españoles han rechazado al menos dos propuestas para abrir investigaciones parlamentarias desde que surgieron las primeras acusaciones.
Fiscales suizos investigan, por su parte, una cuenta administrada por Juan Carlos a la cual millones de dólares fueron presuntamente transferidos por el ya fallecido rey saudí Abdalá. En marzo, el rey Felipe VI renunció a toda herencia futura de su padres luego que el diario británico The Telegraph publicó a principios de este año que el actual monarca había sido nombrado beneficiario de parte de ese dinero.
Felipe VI negó estar enterado sobre este fondo.
FUENTE: Associated Press