“Hemos venido hasta El Salvador para reunirnos con la OEA porque la dictadura de Daniel Ortega prohibió el ingreso de la comisión a Nicaragua”, dijo en conferencia de prensa Irlanda Jerez, unas de las líderes de la oposición nicaragüense, que recordó que estuvo 392 días “secuestrada en la cárcel”.
En las reuniones, que se prolongarán hasta el jueves, la comisión de la OEA recogerá el testimonio de los representantes de la Unidad Nacional que deberá entregar un informe al Consejo Permanente del organismo. La comisión está integrada por Leopoldo Sahores, de Argentina; Carlos Trujillo, de Estados Unidos; Elisa Ruíz Díaz Barreiro, de Paraguay; Sébastien Sigouin, de Canadá, y Audrey Marks, de Jamaica.
Las reuniones se desarrollan en privado en un hotel de la capital salvadoreña y los representantes de la OEA no estuvieron disponibles para hacer comentarios.
“Hay dos cosas que unen al ser humano, la alegría y el dolor, y hoy estamos fuera de nuestro país unidos por el dolor. Nos embarga la tristeza, la impotencia de que en nuestro país no hay respeto a la vida, no hay derechos humanos”, dijo Freddy Navas, representante del movimiento campesino nicaragüense.
Navas relató que en los últimos tres meses han sido asesinados más de 40 campesinos, dirigentes territoriales y de comarcas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enviaron misiones a Nicaragua para documentar las denuncias de asesinatos, pero el gobierno los expulsó tras calificar sus informes de “sesgados” y “parcializados”. El presidente Ortega ha rechazado solicitudes de ambos organismos para regresar al país.
Juan Sebastián Chamorro, que se unió al encuentro luego de concluir su entrevista con la comisión de la OEA, dijo que expusieron las violaciones a los derechos humanos y civiles, la existencia de presos políticos y el cierre de medios de comunicación.
También plantearon la necesidad de impulsar una reforma electoral pero que al mismo tiempo “se devuelvan los derechos y garantías ciudadanas actualmente confiscados por la dictadura sandinista y que se ponga en libertad de inmediato a más de 136 hombres y mujeres que guardan prisión”.
Unos 40 nicaragüenses, algunos residentes en El Salvador, marcharon por uno de los pasillos del hotel donde se reúne la comisión de la OEA al grito de “Democracia si, dictadura no” y “Libertad para los presos políticos”.
“Esto no lo podemos hacer en nuestro país porque vivimos en una dictadura que nos reprime, que nos amenaza, que nos mata”, dijo Jerez.
Los representantes de la sociedad civil dijeron que esperan que el informe de la comisión “tenga un peso internacional” que marque un nuevo rumbo y el regreso de los organismos internacionales a Nicaragua.
La crisis política estalló en abril de 2018 como consecuencia de un intento por reformar la seguridad social. Desde que las protestas iniciaron, las tensiones entre el gobierno y la oposición han tenido altas y bajas, pero no han desaparecido. Según la CIDH las acciones de la policía y los paramilitares han dejado al menos 325 civiles muertos, 2.000 heridos y más de 700 presos. La ONU respalda estos datos y afirma que más de 80.000 personas han escapado del país.
FUENTE: Associated Press