“El país debe recuperar la calma, que el país sepa que tenemos la voluntad de diálogo, pues aquí está la mía”, dijo el mandatario en un mensaje en cadena de radio y televisión desde Guayaquil, a donde trasladó las operaciones de su gobierno tras las protestas que se han concentrado en Quito, la capital ecuatoriana.
Invitó a los líderes de los distintos grupos “a dialogar directamente conmigo”. Y les pidió: “sentémonos para conversar”.
Y es que el viernes, un feriado nacional, el país entró en su segunda semana de protestas que iniciaron cuando Moreno anunció la suspensión de los subsidios a los combustibles como parte de un plan que, dijo, busca enfrentar las dificultades económicas del país. Los transportistas fueron los primeros en manifestarse, pero al paso de los días se sumaron sindicalistas e indígenas.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONIAE) respondió en un comunicado que habrá diálogo cuando derogue las medidas, pero poco después mandó un nuevo documento en el que plantea que “insistimos en la necesidad del diálogo de manera directa y pública... para su respectiva derogatoria o revisión” del decreto.
El matiz pereció abrir una posibilidad de acercamiento en procura de una solución.
Las protestas del viernes se produjeron en las inmediaciones de la Asamblea, la cual está localizada frente a un hospital y de una maternidad estatales, los cuales se vieron afectados por gases lacrimógenos y los estruendos generados por la policía y los manifestantes. No se reportaron situaciones de gravedad al interior de esos centros.
Manifestantes y uniformados chocaron entre sí. Las imágenes mostraban a hombres cojeando, cubriéndose las cabezas y las bocas para protegerse de los gases y levantando los brazos en alto para fracturar piedras contra el piso para lanzarlas a la policía.
El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, en un mensaje dirigido a los ministros María Pula Romo, del Interior, y Oswaldo Jarrín, de Defensa, exigió el cese inmediato de los operativos y “ataque con armas disuasivas” en las inmediaciones de esas instituciones, así como de universidades.
Los indígenas de Ecuador protestan desde el lunes en ese sector, donde la confrontación dejó un saldo de personas con problemas de asfixia, contusiones y heridas de diversa magnitud que recibieron atención por parte de personal de asistencia médica de las universidades y de la Cruz Roja.
Jaime Vargas, presidente de la CONAIE se quejó de la represión y acusó al gobierno de que “mandan a asesinar a la gente que lucha por sus derechos... nos dan (agreden) con balines de goma y esto vamos a entregar a Naciones Unidas, para que no digan que es mentira”.
Los indígenas buscaban tomar la Asamblea, que esta semana ya controlaron momentáneamente, y avanzar al palacio de gobierno, ambos sin funcionarios.
El presidente Moreno transfirió su gobierno de Quito a Guayaquil en días pasados a causa de los disturbios.
A pesar de todo, las protestas no parecen amenazar la continuidad política institucional. El viernes, el presidente de la Asamblea, César Litardo, dijo que todos los legisladores “tenemos la posición firme de respeto a la estabilidad democrática y de que la Asamblea sea garante de ese derecho que tienen los ecuatorianos”.
En las últimas horas llegó a la capital un millar de indígenas de la Amazonía para aumentar la presión sobre el gobierno, que desató la tensión al decretar un paquete económico con duros ajustes fiscales, entre ellos una sustancial elevación de los precios de los combustibles.
Los enfrentamientos del viernes se produjeron al inicio de un feriado nacional de tres días en medio de una virtual paralización y con incertidumbre política debido a las protestas sociales que se han extendido por más de una semana.
Fuera de las zonas de choques entre manifestantes y autoridades, la capital y otras ciudades lucían desoladas, no solo por el feriado, sino por la casi nula actividad de esta semana, a lo que se sumó la suspensión de actividades en escuelas, colegios y universidades debido a las violentas manifestaciones.
Miles de indígenas permanecen concentrados en la Casa de la Cultura y universidades católicas cercanas para seguir protestando, aunque en el resto de la capital se registran esporádicas paralizaciones de vías y algunas llantas quemadas.
Los ataques de indígenas a pozos de producción de petróleo e instalaciones del principal oleoducto obligaron a la empresa estatal Petroecuador a declarar en todas sus operaciones situación de fuerza mayor, contemplada en sus contratos, lo que significa una advertencia a sus socios y proveedores de posibles retrasos e incumplimientos de entregas, evitando así multas o sanciones.
Las protestas iniciaron el 3 de octubre con un paro de transportistas que dejó al país sin servicio urbano e interprovincial, poco después los estudiantes se unieron y finalmente los indígenas llegaron por miles desde el lunes a la capital para rechazar la eliminación de subsidios a los combustibles, cuyos precios pasaron de 1,85 dólares el galón de gasolina a 2,39, y el diésel de 1,03 a 2,30 dólares, entre otras reformas de carácter laboral y financiero.
El saldo de los incidentes es de cinco fallecidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, aunque el gobierno ha reconocido dos muertos y no producto de la represión, sino de un atropellamiento y una caída.
El gobierno ha señalado que se han registrado más de 900 detenidos y que muchos ya fueron liberados.
FUENTE: Associated Press