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SUSCRIBITEMEXICO (AP) ? México avanzó en la reforma de su sector de telecomunicaciones, una de las promesas del gobierno de Enrique Peña Nieto, con la aprobación en el Senado de las leyes secundarias que desarrollan el tema y que, según el ejecutivo, tienen como objetivo dar mejores servicios a los mexicanos a mejores precios y luchar contra los monopolios.
Con 80 votos a favor y 37 en contra el viernes avanzada la noche, el Senado validó las normas que regularán la telefonía, internet y los medios audiovisuales en México y las pasó a la Cámara de Diputados que la semana que viene previsiblemente dará su visto bueno definitivo a una de las propuestas incluidas en el paquete reformista prometido por el presidente al llegar al poder.
La propuesta de Peña Nieto, con algunos cambios, pudo salir adelante gracias al aval de todo su grupo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI, mayoritario), dos partidos minoritarios que son sus aliados y parte del principal partido de oposición, el derechista Partido de Acción Nacional (PAN) aunque 12 senadores panistas lo rechazaron, así como todos los legisladores del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La principal crítica de los detractores del proyecto es que el objetivo de la reforma, que era combatir los monopolios, no se ha conseguido ya que aunque se limita el poder de las compañías del magnate Carlos Slim no se ataca la supremacía de Televisa con lo que ni se logrará democratizar los medios de comunicación mexicanos, ni se promoverá la competencia.
Slim, considerado el hombre más rico del mundo, es el principal proveedor de telefonía fija y móvil en México donde controla el 70% del mercado. Televisa es el mayor productor de programas de televisión en español y tiene cerca del 70% de la televisión abierta en México.
Entre los cambios que podría conllevar la reforma en caso de aprobarse definitivamente en la Cámara de Diputados está la eliminación de los costos de larga distancia para llamadas entre los distintos estados mexicanos, se incrementarían las sanciones por determinados contenidos audiovisuales y se establecerían márgenes de actuación para concesiones comunitarias e indígenas.
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