“Es un ejercicio de transparencia”, aseguró García Luna sobre la presentación del informe en el que destacó que la fiscalía retomó espacios de cooperación con países y organizaciones internacionales y nacionales que se habían suspendido con la anterior administración, como el reciente intercambio con fiscales estadounidenses para colaborar en investigaciones de narcotráfico, migración no regulada y pandillas.
Fiscal general de Guatemala dice que hay varias investigaciones activas contra su antecesora
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, dijo el viernes que hay varias investigaciones abiertas contra su antecesora, la exfiscal sancionada Consuelo Porras, al presentar un informe de sus primeros cuatro meses de gestión.
García Luna refirió que la entidad mantenía abierta varias investigaciones contra Porras, sancionada por 40 países y señalada de socavar la democracia guatemalteca y de obstaculizar la lucha anticorrupción, entre ellas una denuncia presentada por el gobierno guatemalteco por adopciones ilegales durante el conflicto armado (1960-1996) a la cual había asignado a un fiscal especial.
Esa denuncia fue presentada luego de que un panel de expertos de Naciones Unidas revelara estar alarmado sobre acusaciones contra Porras de presunta participación en adopciones ilegales, algo que la exfiscal negó.
Edwin Chavajay, secretario general del Ministerio Público, explicó que durante la gestión de Porras, quien estuvo en el cargo ocho años (2018-2026), aumentaron “desproporcionadamente” los sobreseimientos de casos y dijo que la entidad recibía anualmente unas 450.000 denuncias de las que aproximadamente 75% eran desestimadas.
El fiscal general recordó que siguen evaluando personal pues tras ocho años de gestión Porras logró establecer estructuras de confianza en algunas direcciones dentro de la institución pero que estas ya han sido "cortadas de raíz”, personal que ha sido destituido o han renunciado al cargo.
García Luna también confirmó que su administración inició una investigación contra los llamados “netcenters”, grupos de personas que realizan ataques y difamaciones orquestadas bajo argumento de ser medios de comunicación, usando boots y otros mecanismos contra operadores de justicia, funcionarios y periodistas a través de redes sociales que han generado, afirmó, "tanto daño a la población”.
“El fundamento legal de la investigación va a ser lo que establece el Código Procesal Penal ante varias denuncias que existen sobre amenazas y (otras) formas de delitos de coacciones que ha sufrido mucha población”, dijo García Luna.
FUENTE: AP
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