En las presentaciones, el grupo sostuvo el miércoles que JBS lavó ganancias relacionadas con una presunta deforestación ilegal en su cadena de suministro de carne de res en Brasil. Las denuncias se presentaron ante reguladores financieros en el Reino Unido, Irlanda, Alemania y los Países Bajos, así como ante la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y organismos neerlandeses que supervisan a profesionales financieros y jurídicos. Por separado se presentó ante la fiscalía neerlandesa una denuncia penal contra la empresa matriz neerlandesa de JBS.
Empacadora JBS enfrenta denuncias en Europa por presuntos vínculos con deforestación en la Amazonía
MANAOS, Brasil (AP) — Una coalición de grupos ambientalistas y por los derechos humanos presentó 14 denuncias jurídicas ante reguladores financieros y fiscales europeos contra JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, junto con sus bancos, gestores de inversiones y asesores, a quienes acusa de facilitar el lavado de dinero vinculado a presunta deforestación ilegal en la Amazonía.
La coalición espera impulsar investigaciones y advertir a financiadores y asesores sobre posibles consecuencias jurídicas debido a la deforestación en la cadena de suministro de JBS.
“La deforestación ilegal de la Amazonía es un delito, no un modelo de negocio. Las comunidades indígenas y diversos grupos de la sociedad civil han estado luchando durante décadas contra el lucro corporativo derivado de esta destrucción”, expresó Bláithín Quigley, coordinador de la recién creada Coalición Legal Transnacional, o TLC por sus siglas en inglés.
La coalición “se formó con el fin de coordinar los esfuerzos jurídicos para abordar la participación en delitos ambientales graves, a lo largo de cadenas de valor globales”, agregó.
En un comunicado dirigido a The Associated Press, JBS indicó que no había recibido los datos ni la metodología detrás de las acusaciones, lo que le impide a la empresa evaluar de manera independiente los señalamientos o responder a ellos.
“Desde 2010, JBS ha monitoreado a sus proveedores de ganado en la Amazonía. Mediante imágenes satelitales y georreferenciación, evalúa cada transacción con base en criterios de toda la industria establecidos en un protocolo creado por la Fiscalía Federal de Brasil”, señaló la empresa.
“El sistema analiza más de 600.000 kilómetros cuadrados de territorio brasileño cada día y bloquea automáticamente granjas con deforestación ilegal, áreas embargadas, superposición con tierras indígenas, territorios quilombolas o unidades de conservación, o trabajo en condiciones análogas a la esclavitud”, agregó JBS.
La coalición de grupos incluye a Global Legal Action Network, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, Mighty Earth, FIND y un profesor de derecho del King’s College en Londres.
Según la TLC, la justificación legal para llevar los casos ante autoridades europeas son los vínculos de JBS con instituciones financieras en Europa, no el consumo de carne de res de JBS en el continente. Aproximadamente el 70% de la carne de res producida en Brasil se consume en el mercado interno. De las exportaciones del país, los datos oficiales muestran que la mayor proporción va a Norteamérica, de la que Estados Unidos recibe el 21,5%. Europa representó el 18,8% de las exportaciones brasileñas de carne de res.
Al recurrir a autoridades europeas, la coalición espera utilizar leyes contra el lavado de dinero para hacer que las empresas y sus socios financieros rindan cuentas por ganancias vinculadas a presunta deforestación ilegal. Las denuncias alegan que JBS utiliza ingresos provenientes de la venta de ese ganado para pagar a financiadores y asesores con sede en la Unión Europea, lo que activa obligaciones bajo las leyes contra el lavado de dinero.
El grupo apuntó a Barclays, Standard Chartered y las sucursales en Londres de Bank of Montreal y Banco do Brasil; los bancos neerlandeses Rabobank e ING; BlackRock Asset Management en Irlanda y Alemania; y los asesores jurídicos, contables y de auditoría de JBS en los Países Bajos: Loyens & Loeff, EY y KPMG.
La AP se comunicó con todas las empresas mencionadas en las denuncias. Rabobank declinó comentar sobre clientes específicos, pero señaló que su política prohíbe financiar la deforestación, aceptar nuevos clientes cuyas tierras hayan sido deforestadas ilegalmente desde el 1 de enero de 2018, o tomar en garantía tierras amazónicas deforestadas después de esa fecha, incluso cuando el desmonte haya sido legal. El banco añadió que está comprometido con prevenir y detectar el lavado de dinero, y que refuerza regularmente sus controles para proteger la integridad del sistema financiero.
Banco do Brasil manifestó que no había visto la denuncia y que cumple las normas contra el lavado de dinero, monitorea riesgos ambientales y sociales, y se apega a directrices del sector orientadas a abordar los riesgos de deforestación ilegal en la cadena de suministro de carne de res.
ING también indicó que no había visto la denuncia y, por lo tanto, no podía hacer comentarios. La empresa señaló que trabaja con clientes expuestos al riesgo de deforestación mientras aplica salvaguardas contra delitos financieros, pero que no comenta sobre relaciones con clientes individuales.
Por su parte, KPMG señaló que no ha sido contactada ni ha visto ningún documento de la TLC y, por ello, no podía comentar. La empresa añadió que cumple las leyes aplicables contra el lavado de dinero y las obligaciones profesionales.
Loyens & Loeff y Standard Chartered señalaron que no podían comentar debido a la confidencialidad con los clientes. BlackRock y Barclays también declinaron hacer comentarios.
Fundada en Brasil en 1953, JBS opera en más de 180 países y reportó 86.200 millones de dólares en ingresos en 2025, según sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en junio de 2025, mientras mantenía su cotización en la bolsa B3 de Brasil. Como parte de este proceso, JBS se constituyó en los Países Bajos y trasladó su sede de Sao Paulo a Ámsterdam.
Las denuncias sostienen que los ingresos provenientes de ganado criado en tierras presuntamente despejadas de manera ilegal constituyen ganancias delictivas, y que bancos, gestores de inversiones y asesores profesionales no cumplieron con obligaciones de detectar y reportar transacciones sospechosas. Se apoyan en una investigación encargada a AidEnvironment, una organización sin fines de lucro que monitorea la deforestación y las cadenas de suministro. Los investigadores utilizaron los registros obligatorios de sanidad y movimiento animal de Brasil para identificar granjas vinculadas al ganado comprado por mataderos de JBS, y luego cotejaron esas propiedades con mapas oficiales de deforestación.
El análisis de AidEnvironment abarcó 21 mataderos de JBS en cinco estados de la región amazónica de Brasil: Acre, Mato Grosso, Pará, Rondônia y Tocantins. Identificó a 3.329 proveedores directos y a 9.247 proveedores indirectos.
El ganado bovino en Brasil suele pasar por tres etapas —cría, recría y engorde—, ya sea en una sola finca o a través de varias propiedades. Los proveedores directos venden el ganado a los mataderos, mientras que los proveedores indirectos se encargan de la cría o la recría en las fases iniciales.
Estas transferencias pueden permitir el “lavado de ganado”: animales criados en tierras deforestadas ilegalmente se trasladan a fincas en regla antes del sacrificio, ocultando su origen. Las transferencias también son habituales en la producción ganadera y, por sí solas, no indican irregularidades.
Brasil ha logrado avances en la reducción de la deforestación, pero la ganadería sigue siendo su principal motor. Los ganaderos despejan grandes extensiones de bosque para que el ganado paste. La biodiversidad se ve amenazada a medida que los árboles que absorben dióxido de carbono —un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global— son reemplazados por ganado que emite metano, lo que también agrava la crisis climática.
JBS ha enfrentado denuncias jurídicas en Brasil por deforestación ilegal. En octubre de 2025, el gobierno de Rondônia revocó la decisión de sus propios abogados estatales y anuló una multa contra JBS por comercializar ganado criado en un área protegida deforestada. El caso siguió a una investigación de cuatro años, pero el fiscal general del estado dijo posteriormente que la multa se basaba en una legislación que ya no estaba vigente.
Cuando se presentaron las demandas, JBS declinó comentar sobre sus operaciones en Rondônia. Sin embargo, citó una auditoría, publicada por el Ministerio Público Federal de Brasil en 2023, que concluyó que el 94% de sus compras de ganado provenían de fuentes legales. Cuando se difundió la auditoría, la empresa indicó que trabajaba para lograr “cumplimiento del 100%”, al tiempo que señaló que laboraba con miles de vendedores de ganado en toda la región.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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