La administración del presidente Donald Trump evalúa un cambio profundo en la política migratoria estadounidense que podría incrementar las denegaciones de tarjetas de residencia, asilo y parole, especialmente para ciudadanos de países incluidos en la prohibición de viaje, entre ellos Cuba.
Trump prepara cambios para aumentar denegaciones de "green card" y asilo a inmigrantes de países como CUBA
La administración Trump evalúa nuevas reglas que aumentarían las denegaciones de green cards, asilo y parole para inmigrantes de países incluidos en el veto migratorio
De acuerdo con documentos preliminares del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenidos por The New York Times, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) comenzarían a incorporar los llamados “factores específicos de cada país” como “factores negativos significativos” al revisar solicitudes que dependen de un análisis discrecional.
¿Qué cambiaría con la nueva política?
El cambio afectaría a solicitudes que requieren una evaluación que sopesa elementos positivos y negativos del caso, incluyendo:
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Residencia permanente (green card)
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Asilo político
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Parole humanitario
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Otros beneficios migratorios sujetos a discreción
Estas directrices no se aplicarían a peticiones de ciudadanía y aún se encuentran en etapa de borrador.
El objetivo declarado es endurecer el escrutinio para solicitantes provenientes de países donde, según Washington, no se puede verificar adecuadamente la identidad, los antecedentes o la autenticidad de los documentos.
Expansión del veto migratorio
El nuevo criterio se enmarca dentro de la ampliación del veto migratorio firmado por Trump, que prohíbe ingresar a ciudadanos de:
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Cuba, Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán y Yemen.
Además, impone restricciones parciales a personas de Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
La Casa Blanca justificó el veto asegurando que recientes atentados demostraron los “riesgos extremos” de permitir la entrada de extranjeros sin una investigación exhaustiva.
Expertos alertan sobre impacto en la inmigración legal
Especialistas consultados por The New York Times advierten que la propuesta podría constituir un ataque directo a la inmigración legal.
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Doug Rand, ex alto cargo de USCIS, calificó la medida como un “cambio radical” y “absurdo”, ya que penaliza a solicitantes únicamente por su país de origen.
Michael Valverde, exfuncionario de USCIS, recordó que siempre han existido documentos difíciles de validar, pero nunca habían sido considerados formalmente como un factor negativo.
Sarah Pierce, analista y experta migratoria, afirmó que “no hay forma de que esta política no aumente las denegaciones” y advirtió sobre posibles demandas por discriminación.
Los expertos coinciden en que esta política podría traducirse en una prohibición de facto para solicitantes de países señalados, aun cuando viven legalmente en Estados Unidos o ya han pasado controles de seguridad estrictos.
Más controles, menos vías de protección
La propuesta llega en un contexto en el que la administración Trump ha intensificado las restricciones a la migración:
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Reducción del número de refugiados admitidos.
Rechazo de miles de solicitantes de protección internacional.
Priorización de cupos para determinados grupos, como los afrikaners sudafricanos.
Expansión de investigaciones en redes sociales, con más de 12,500 verificaciones durante el año fiscal 2025.
Mayor vigilancia sobre “actividades antiamericanas” para solicitantes de beneficios migratorios.
Los mismos “factores negativos por país” serían aplicados también a solicitudes de asilo y libertad condicional humanitaria, lo que podría cerrar vías de protección para personas que ya se encuentran dentro del país.
Efectos y posibles disputas legales
El borrador reconoce que USCIS desconoce el impacto exacto que tendrá la medida, aunque varios analistas anticipan:
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Aumento significativo de las tasas de rechazo.
Mayor litigiosidad por discriminación o trato desigual.
Cambios en las expectativas de inmigrantes que ya residen legalmente en Estados Unidos.
De aprobarse, esta política representaría uno de los endurecimientos más amplios de la inmigración legal bajo la administración Trump, afectando de forma directa a quienes buscan una green card, asilo o parole, cuyo futuro dependerá cada vez más del país donde nacieron.
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