El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel salió este lunes en defensa de Raúl Castro después de que las autoridades de Florida anunciaran una orden de arresto sin derecho a fianza contra el exmandatario, acusado de conspiración para cometer asesinato en primer grado por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que dejó cuatro muertos.
¡DÍAZ-CANEL SALE EN DEFENSA DE RAÚL CASTRO! Estalla contra Florida tras la orden de arresto
Díaz-Canel rechazó la orden de arresto contra Raúl Castro en Florida por el caso Hermanos al Rescate y aseguró que carece de sentido jurídico y práctico
La reacción llegó mediante una publicación en Facebook, en la que Díaz-Canel cuestionó la legitimidad de la actuación judicial estadounidense y la vinculó con intereses políticos.
El mandatario calificó la medida de “repudiable” y la describió como un “patético circo miamense con trasfondo electoral”.
También aseguró que la orden de arresto “no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico”.
Las declaraciones se produjeron después de que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentara públicamente los detalles de la nueva actuación estatal contra Raúl Castro, de 95 años.
La orden está relacionada con el ataque del 24 de febrero de 1996, cuando aviones militares cubanos derribaron dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate sobre el estrecho de Florida.
Díaz-Canel rechaza la orden de arresto contra Raúl Castro
En su mensaje difundido este lunes 19 de octubre, Díaz-Canel cuestionó duramente la actuación de las autoridades de Florida.
El gobernante sostuvo que el procedimiento judicial responde a motivaciones políticas y no a fundamentos jurídicos.
Además de calificarlo como un espectáculo con trasfondo electoral, afirmó que se trata de una “maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos”.
El mandatario añadió que la acción merece una condena firme por parte del Gobierno cubano.
Sus declaraciones representan la respuesta pública de La Habana a una nueva iniciativa judicial estadounidense relacionada con el derribo de las avionetas.
Sin embargo, la valoración política expresada por Díaz-Canel no modifica por sí misma la existencia ni los efectos legales de la orden emitida por el tribunal de Florida.
Bruno Rodríguez también condena la decisión de Florida
La reacción del Gobierno cubano no se limitó a Díaz-Canel.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, publicó un mensaje en X en el que rechazó la actuación de las autoridades estadounidenses.
El canciller dirigió fuertes críticas contra políticos cubanoamericanos, a quienes calificó de “parásitos” que, según afirmó, engañan y estafan a sus seguidores.
Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, describió la medida como una “maniobra con disfraz legal”.
El funcionario también relacionó el anuncio de Florida con la confrontación diplomática registrada este lunes en Naciones Unidas, donde representantes cubanos protestaron contra una actividad estadounidense sobre derechos humanos y represión política en la isla.
Las declaraciones muestran una respuesta coincidente de varios altos funcionarios cubanos frente al procedimiento judicial.
Una jueza de Miami firmó la orden de arresto sin derecho a fianza
La orden estatal fue firmada por Ariana Fajardo Orshan, jueza principal del Undécimo Circuito Judicial de Florida.
Según los documentos citados en los reportes, la magistrada encontró causa probable para sustentar una acusación contra Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado.
La investigación fue desarrollada por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE).
Las autoridades sostienen que el derribo de las avionetas fue precedido por una operación de inteligencia que incluyó actividades desarrolladas en territorio estadounidense.
El expediente apunta a la participación de agentes cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate, quienes presuntamente recopilaron información sobre los vuelos de la organización.
La orden de arresto no constituye una condena judicial.
Para establecer responsabilidad penal, las acusaciones deberán ser examinadas mediante los procedimientos correspondientes.
¿Qué ocurrió con las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996?
El 24 de febrero de 1996, dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate fueron derribadas por cazas de la Fuerza Aérea cubana.
La organización, fundada en Miami, realizaba misiones destinadas a localizar y auxiliar a migrantes cubanos que intentaban atravesar el estrecho de Florida en embarcaciones precarias.
En el ataque murieron cuatro integrantes:
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Carlos Costa.
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Armando Alejandre Jr.
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Mario de la Peña.
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Pablo Morales.
Los cuerpos de las víctimas nunca fueron recuperados.
Las autoridades estadounidenses y una investigación internacional concluyeron que las aeronaves fueron derribadas sobre aguas internacionales.
El Gobierno cubano ha defendido históricamente la actuación de sus fuerzas militares y ha sostenido que las avionetas violaban su espacio aéreo.
El episodio provocó una grave crisis diplomática y continúa siendo uno de los casos más recordados por la comunidad cubanoamericana de Miami.
Florida impulsa un proceso independiente de la acusación federal
La nueva orden estatal se suma a una acusación federal anunciada el 20 de mayo de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según los antecedentes judiciales publicados.
Ese procedimiento incluyó cargos contra Raúl Castro y otros cinco exmilitares cubanos relacionados con el derribo de las aeronaves.
De acuerdo con los reportes, la acusación federal contempla siete cargos vinculados con asesinatos, destrucción de aeronaves y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.
La nueva actuación de Florida es jurídicamente independiente del expediente federal.
Esa diferencia resulta importante porque los delitos estatales y federales se tramitan bajo jurisdicciones distintas.
La existencia de ambas acusaciones tampoco significa que los implicados hayan sido condenados.
Fiscal de Florida advierte que un presidente no puede indultar delitos estatales
Durante el anuncio de este lunes, James Uthmeier destacó una característica del procedimiento iniciado por Florida.
El fiscal recordó que el presidente de Estados Unidos no tiene facultades para conceder indultos por delitos procesados exclusivamente bajo la legislación penal estatal.
Los indultos presidenciales corresponden a delitos federales.
Uthmeier sostuvo que esa distinción impide que un eventual cambio de administración en Washington elimine la causa estatal mediante un perdón presidencial.
En su intervención, el fiscal afirmó que ningún futuro presidente podría “perdonar, conmutar o inmunizar” a los acusados frente a los procedimientos de Florida.
La declaración constituye una explicación de la estrategia jurídica estatal, aunque cualquier medida concreta deberá ajustarse a las competencias y normas aplicables.
¿Podría Raúl Castro ser detenido fuera de Cuba?
Otro de los aspectos abordados por Uthmeier fue la posibilidad de detener al exgobernante si viajara a un país que mantenga mecanismos de cooperación judicial con Estados Unidos.
El fiscal advirtió que la orden podría exponer a Castro a procedimientos de detención y extradición fuera de territorio cubano.
Incluso mencionó hipotéticos desplazamientos por motivos médicos.
Sin embargo, una orden estatal de arresto no implica que cualquier país esté obligado automáticamente a detener o extraditar a Raúl Castro.
La ejecución internacional dependería de los tratados aplicables, los procedimientos judiciales del país requerido y las decisiones de sus autoridades.
Por ahora, no se ha informado que Castro haya sido detenido ni que exista una solicitud de extradición ejecutada.
Mariela Castro ya había rechazado las acusaciones contra su padre
La respuesta de La Habana recuerda las declaraciones realizadas en mayo, cuando se conoció la acusación federal relacionada con el mismo caso.
En aquella ocasión, el primer ministro Manuel Marrero Cruz calificó la actuación judicial estadounidense de “farsa”.
También se pronunciaron el Consejo de Estado y la Asamblea Nacional, mientras las autoridades cubanas convocaron una movilización frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Durante ese acto, Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro, rechazó la posibilidad de que su padre fuera detenido por autoridades estadounidenses.
“A él nadie lo va a secuestrar”, afirmó entonces.
También lanzó un mensaje desafiante al señalar que estaban esperando a quienes pretendieran detenerlo.
Raúl Castro no participó públicamente en aquella movilización.
Florida advierte que podrían presentarse nuevos cargos
La Fiscalía de Florida señaló que la investigación relacionada con el derribo de las avionetas continúa abierta.
Según los reportes, las autoridades no descartan presentar cargos adicionales contra otras personas que pudieran haber participado en la planificación o ejecución del ataque.
La investigación estatal busca determinar responsabilidades relacionadas con una operación que dejó cuatro víctimas mortales hace tres décadas.
Los familiares de los fallecidos han reclamado durante años que los responsables sean llevados ante la justicia.
La nueva orden representa un avance procesal en esa búsqueda, aunque su ejecución enfrenta obstáculos debido a que el principal acusado permanece en Cuba.
Díaz-Canel y Florida mantienen posiciones enfrentadas sobre el caso
La reacción de Miguel Díaz-Canel refleja el rechazo del Gobierno cubano a la actuación judicial de Florida.
Mientras La Habana considera la orden una maniobra política sin fundamento jurídico, las autoridades estatales estadounidenses sostienen que existen elementos suficientes para investigar penalmente la presunta participación de Raúl Castro en la conspiración.
El procedimiento se suma a la acusación federal anunciada meses antes y vuelve a colocar el derribo de Hermanos al Rescate en el centro de la relación entre ambos países.
La orden de arresto permanece como una actuación judicial contra Raúl Castro, pero no implica una detención inmediata ni una sentencia condenatoria.
Por ahora, la investigación continúa abierta y su eventual ejecución dependerá de que el exgobernante pueda quedar bajo custodia de las autoridades competentes.
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