El canciller cubano rechazó el informe de 100 páginas de Washington y dijo que busca justificar nuevas sanciones y una eventual agresión militar contra la isla.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de utilizar un nuevo informe sobre las operaciones de inteligencia e influencia de La Habana para construir un supuesto pretexto que permita endurecer las sanciones y justificar una eventual acción militar contra Cuba.
La reacción fue publicada este lunes en la cuenta oficial de Rodríguez en X, pocas horas después de que el Departamento de Estado difundiera el documento titulado Cuba: The Capital of 21st Century Communism, que reúne cerca de 100 páginas de acusaciones sobre espionaje, infiltración institucional, propaganda y vínculos con organizaciones radicales dentro de Estados Unidos.
Rodríguez rechazó la investigación de Washington y afirmó que forma parte de una estrategia dirigida a mantener lo que el régimen cubano denomina una “guerra económica” contra la población de la isla.
El ministro sostuvo que Rubio intenta obtener apoyo entre los ciudadanos estadounidenses para una futura agresión militar. También describió las acciones del secretario de Estado como parte de un “macabro plan” vinculado, según dijo, con determinados intereses políticos del sur de Florida.
Las publicaciones no estuvieron acompañadas por pruebas públicas que demuestren la existencia de una operación militar estadounidense en preparación. La acusación representa la interpretación política del Gobierno cubano sobre la creciente presión ejercida desde Washington.
El documento divulgado por el Departamento de Estado sostiene que el régimen cubano ha ejecutado durante casi siete décadas una campaña de influencia y espionaje dentro de Estados Unidos.
Rubio aseguró que La Habana ha promovido históricamente movimientos revolucionarios y corrientes de izquierda radical en territorio estadounidense.
“El pueblo americano merece saberlo”, manifestó el secretario de Estado al presentar el informe.
La investigación acusa a Cuba de combinar diferentes herramientas dentro de una misma estrategia:
El documento representa la posición oficial de la administración estadounidense, pero no constituye una sentencia judicial contra todas las personas u organizaciones mencionadas. Tampoco anuncia por sí mismo una orden de intervención militar contra Cuba.
Uno de los apartados más sensibles sostiene que en Cuba existen 18 instalaciones conocidas de inteligencia de señales.
Según el informe, tres serían operadas activamente por China y dos por Rusia. Washington considera que esas estructuras podrían utilizarse para interceptar comunicaciones y vigilar instalaciones militares estadounidenses situadas en Florida y otras zonas del sureste del país.
El documento también retoma informaciones sobre un supuesto acuerdo entre La Habana y Beijing para ampliar las capacidades de espionaje electrónico desde territorio cubano. Los gobiernos de Cuba y China han rechazado anteriormente esas acusaciones.
El Departamento de Estado sitúa el origen de la estrategia cubana contra Washington antes del triunfo de la Revolución de 1959.
Como argumento, cita una carta escrita por Fidel Castro en 1958 en la que anticipaba que, después de concluir la lucha contra Fulgencio Batista, comenzaría para él una guerra mucho más amplia contra Estados Unidos.
Washington utiliza ese mensaje para sostener que la confrontación no surgió únicamente por las sanciones posteriores a la Revolución, sino que formaba parte de la visión política de Castro antes de llegar al poder.
La respuesta de Rodríguez constituye un nuevo episodio de la confrontación verbal entre ambos gobiernos.
Durante los últimos meses, el canciller ha acusado repetidamente a Rubio de presentar a Cuba como una amenaza para justificar medidas económicas, acciones judiciales y una eventual intervención militar.
En mayo, Rodríguez advirtió que una confrontación armada podría provocar un “baño de sangre” con víctimas cubanas y estadounidenses. También afirmó que el riesgo de una agresión había aumentado mientras las conversaciones entre los dos países permanecían estancadas.
La disputa se intensificó el 20 de mayo, cuando fiscales federales estadounidenses anunciaron cargos contra Raúl Castro y cinco antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas cubanas por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
La acusación atribuye al entonces ministro de las Fuerzas Armadas responsabilidad en la operación que causó la muerte de cuatro civiles. El expediente incluye cargos de asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves.
El régimen cubano rechazó el proceso y lo presentó como una maniobra política. En aquella ocasión, Donald Trump aseguró que no consideraba necesaria una escalada adicional inmediata, aunque dejó abierta la posibilidad de futuras decisiones relacionadas con Cuba.
El documento estadounidense busca presentar las operaciones históricas de espionaje, la influencia ideológica y las alianzas internacionales de Cuba como componentes de una sola amenaza estratégica.
El Gobierno cubano, por el contrario, sostiene que Washington exagera o fabrica esas acusaciones para mantener las sanciones, desacreditar internacionalmente a La Habana y preparar a la opinión pública estadounidense para acciones más agresivas.
Por ahora, la publicación del informe no ha estado acompañada de un anuncio oficial sobre operaciones militares contra la isla. Sin embargo, confirma que la administración Trump pretende colocar a Cuba, sus vínculos con China y Rusia y sus redes de influencia en el centro de su agenda de seguridad nacional.
La confrontación entra así en una nueva etapa: Washington acusa al régimen cubano de ejecutar una campaña subversiva durante décadas, mientras La Habana asegura que Marco Rubio intenta transformar esas acusaciones en un argumento para una eventual agresión.
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