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SUSCRIBITEWashington busca aumentar la presión económica sobre Venezuela al revocar licencias de operaciones a empresas extranjeras.
La administración del presidente Donald Trump ha decidido intensificar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, revocando licencias que permitían a ciertas empresas extranjeras operar en Venezuela sin infringir las restricciones estadounidenses. Esta medida tiene como objetivo aumentar la presión económica sobre el gobierno venezolano y forzar concesiones políticas.
Entre las empresas afectadas se encuentra la petrolera francesa Etablissements Maurel & Prom SA y una compañía de asfalto dirigida por el empresario estadounidense Harry Sargeant. Estas compañías han sido notificadas de que disponen de un plazo de 30 días para cesar sus operaciones en Venezuela, una vez que Estados Unidos revoque sus exenciones, según fuentes familiarizadas con el asunto. El Departamento del Tesoro podría iniciar este proceso en breve.
Esta estrategia sigue a la reciente orden del Tesoro a Chevron Corp., instruyéndole a finalizar sus actividades en Venezuela antes del 3 de abril, un periodo significativamente más corto que las habituales extensiones de seis meses otorgadas previamente. La economía venezolana, altamente dependiente del petróleo, podría verse aún más afectada por la salida de estas empresas, que han sido fundamentales para mantener cierta estabilidad económica en medio de la crisis que atraviesa el país.
Además de Chevron, otras compañías internacionales como la española Repsol SA y la italiana Eni SpA están a la espera de decisiones similares por parte de las autoridades estadounidenses respecto a sus operaciones en Venezuela. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para aislar al régimen de Maduro y promover reformas democráticas en el país sudamericano.
No obstante, dentro del gobierno estadounidense existen diversas opiniones sobre la efectividad de estas sanciones y el camino a seguir en la política hacia Venezuela. Algunos asesores abogan por mantener una línea dura, mientras que otros sugieren enfoques más diplomáticos. Esta diversidad de perspectivas podría influir en futuras decisiones relacionadas con las sanciones y las relaciones bilaterales entre ambos países.
La situación en Venezuela continúa siendo crítica, con una economía en declive y una crisis humanitaria que ha provocado la migración de millones de ciudadanos. La comunidad internacional observa de cerca cómo las nuevas sanciones podrían afectar al régimen de Maduro y al pueblo venezolano, en medio de esfuerzos por encontrar una solución pacífica y democrática a la prolongada crisis política del país.
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