Elecciones en Venezuela, ¿sin libertad de expresión?

En estos 23 años la historia de trabajadores de la prensa que han sido golpeados, robados, amenazados, detenidos y hasta asesinados, es larga.A esos capítulos es justo incorporar el hostigamiento que le hacen a los empresarios que invierten en esas empresas comunicacionales, incluidas las de larga trayectoria, como es el caso del Diario El Nacional, cuyo editor, Miguel Enrique Otero se vio forzado a tomar la senda del destierro escapando de una persecución implacable por parte de los más encumbrados jefes políticos y militares del régimen, uno de ellos Diosdado Cabello, quien ha interpuesto una denuncia contra ese medio, maniobra judicial que prosperó en los tribunales en los que esos capos de la dictadura «se despachan y se dan el vuelto».

Pero ese caso, más el asalto a RCTV, a las cadenas de radios CNB y a RCR, son apenas unos entre miles. Por eso la importancia de la denuncia que hace pública el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), organización que en su trabajo de seguimiento de esos atropellos indica que se registraron no menos de 325 barrabasadas contra trabajadores de la prensa en el transcurso del año 2020.

La prensa internacional ha tomado debida nota y le ha asignado una marcada significación a estos desafueros, tal como los cubre la agencia AFP, en crónica rubricada por Cristian Hernandez, fechada 2 de marzo de 2021.En el parte se indica que en el primer trimestre del pasado año las agresiones físicas y verbales contra los periodistas ocurrieron, sobremanera, mientras trataban de darle cobertura informativa a las actividades que se desarrollaban en el Palacio Legislativo y en otros eventos relacionados con la agenda que cumplía Juan Guaido, siendo notoria la agresividad conque los funcionarios y activistas afectos al régimen intimidaban y hostigaban a los trabajadores de la prensa.

En total se suman «338 tropelías contra trabajadores de medios de comunicación». Detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, ataques, amenazas y agresiones contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación, señalados en el informe anual de IPYS Venezuela, detallados de la siguiente manera:

«Los hechos registrados por la organización comprendieron 338 violaciones en la categoría de agresiones y ataques, 102 por abuso del poder estatal, 63 por limitaciones de acceso a la información pública, 29 acciones legales administrativas, 13 casos de censura previa, 12 casos de censura interna y un caso de impunidad. La emergencia sanitaria por el covid-19 complicó aún más el cuadro clínico de la labor informativa, la cual sigue sin ser inmune a las restricciones impuestas fundamentalmente desde el Poder Ejecutivo»No faltan en este memorial de atropellos los medios que son afectados en las interferencias por la eliminación de registros periodísticos, otros 9 por cierres, suspensiones, incautaciones de medios de comunicación, 7 por persecuciones, 5 por acoso, 3 por desapariciones forzadas e inclusive se registraron hechos de más alta gravedad como 2 asesinatos y 1 intento de homicidio. En este último renglón destacan los casos acontecidos en el mes de agosto de 2020, que se citan en el informe, como «hechos de excesiva violencia los casos de José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves Zacarías, dos trabajadores de medios de comunicación asesinados bajo causas que aún se desconocen». El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela confirmó que: