Maduro afirmó que los opositores buscan "implosionar" la mesa de diálogo con la complicidad de uno de los facilitadores del diálogo, sin identificarlo.
Entre los facilitadores figura un representante del Vaticano, además de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana.
En un acto televisado manifestó que está en marcha un complot para desestabilizar el gobierno.
"Yo sé por qué lo dijo, tengo pruebas en mi mano", afirmó, sin dar detalles.
Los comentarios de Maduro se produjeron dos días después que la alianza opositora denunció que la búsqueda de soluciones para superar la crisis de Venezuela se mantiene paralizada por el incumplimiento de acuerdos preliminares por parte del gobierno de Maduro.
Desde que se activó el diálogo el 30 de octubre, los opositores afirman que pasan los días y el gobierno sigue sin cumplir sus compromisos.
"Si el régimen no cumple", la alianza no asistirá a la próxima reunión el 6 de diciembre, dijo esta semana la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a una treintena de partidos y organizaciones de oposición, en una carta enviada a los facilitadores de las conversaciones.
En alusión a esa misiva, Maduro manifestó que espera que los facilitadores respeten la soberanía del país como ha sido y "como debe seguir siendo".
La oposición sostiene que el gobierno no quiere cumplir con lo acordado, mientras ellos han dado gestos claros de cumplimiento, al suspender acciones de calle y modificar la agenda de la Asamblea Nacional, que postergó la realización de un juicio de declaratoria de responsabilidad política contra Maduro, que había comenzado en octubre.
El juicio por presunto incumplimiento de sus deberes constitucionales, es simbólico, no puede provocar la destitución de Maduro —ya que el Legislativo no está facultado por la constitución para ello_, pero según sus impulsores derivará en una "sanción moral" al mandatario, cuya popularidad cae afectada por la inflación descontrolada y la escasez de alimentos y artículos básicos.
La oposición además exige la liberación de más de un centenar de activistas políticos, así como el reconocimiento al Congreso, cuyas competencias fueron anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia, acusado de estar bajo control del oficialismo.
Las partes también acordaron llamar a elecciones en Amazonas para volver a elegir a los diputados de ese estado, luego de que el máximo tribunal bloquease su juramentación por la supuesta compra de votos. La autoridad electoral, vista como favorable al gobierno, hasta ahora ha guardado silencio.
FUENTE: Associated Press