En una opinión legal publicada el miércoles, el abogado general Paolo Mengozzi concluyó que el texto firmado en 2014 no debe entrar en vigor en su forma actual.
El Parlamento Europeo remitió el texto al Tribunal de Justicia de la UE por sus preocupaciones sobre el respeto a la privacidad.
Según el acuerdo, las autoridades canadienses tendrían acceso a datos de viajeros europeos como información de contacto, tarjeta de crédito y otros detalles personales.
Mengozzi señaló que algunas partes del acuerdo van más allá de lo estrictamente necesario para evitar delitos graves.
Estas opiniones legales no son vinculantes, pero en su mayoría son respetadas por el tribunal de la UE.