El Ministerio Público, que exige que los encausados se defiendan en la cárcel, anunció que apelará la determinación.
Gutiérrez, su padre, dos hermanos y 12 personas más están acusados de cinco delitos relacionados con el uso indebido de documentos públicos y fraude en la venta de medicamentos al Instituto Hondureño de Seguro Social y a la Secretaría de Salud.
La fiscalía ha señalado que la empresa AstroPharma, de la familia Gutiérrez, vendió al gobierno medicamentos de dudosa calidad y a precios inflados. Ellos han negado los cargos.
La Corte sancionó a Gutiérrez, de 38 años e ingeniera civil de profesión, impuso una fianza de 1 millón de dólares que renovará cada año cuando el juez así lo ordene.
Impuso a Marco Tulio Gutiérrez arresto domiciliario y una fianza de 1,5 millón de dólares, mientras que a Ginnette, hermana embarazada de la congresista, le otorgó permiso para realizar visitas médicas en el país o el extranjero. Sin embargo, pagará fianza de 1 millón de dólares al igual que su hermano menor, Julio César.
El presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera, es el juez designado a conocer el caso por el máximo tribunal. La resolución la dictó Rivera a la medianoche del viernes tras seis horas de deliberaciones.
"Respetamos, pero no compartimos, la decisión del juez de dejar en libertad a los imputados en este caso penal de corrupción... y la resolución es lesiva a los bienes jurídicos protegidos por la Constitución", dijo la fiscalía en un comunicado.
La vicepresidenta es diputada desde 2009 e integrante del gobernante Partido Nacional. Gutiérrez también era vicepresidenta del Congreso cuando el actual presidente Juan Orlando Hernández dirigía la cámara legislativa.
Las autoridades ordenaron el arresto domiciliario de ella y su familia, y de un grupo de sus socios, en momentos en que miles de manifestantes mantienen protestas callejeras contra la corrupción e incluso hacen llamados a la renuncia del presidente.
El sistema de salud pública de Honduras ha estado bajo cuestionamiento y escrutinio después de que se hicieran públicas irregularidades que descapitalizaron al instituto por más de 100 millones de dólares.
Una comisión legislativa divulgó a principios de junio un informe en el que se reveló, entre otras cosas, la compra de medicamentos sobrevalorados y defectuosos.
Además concluyó que un grupo de empresarios crearon empresas fachada y efectuaron contribuciones al Partido Nacional manejadas por el actual vicepresidente, Ricardo Alvarez.
El juicio es inusual en Honduras, donde tradicionalmente ha prevalecido la impunidad para los políticos y empresarios que han saqueado al estado.
Más del 66% de los 8,6 millones de hondureños vive en la pobreza.
FUENTE: Associated Press