El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador emitirá el fallo el 12 de septiembre.
Saca, de 53 años, así como tres de sus exfuncionarios más cercanos y tres exempleados de la Casa Presidencial están siendo enjuiciados por formar parte de una red de corrupción que él diseñó. El exmandatario y cinco de sus viejos colaboradores se declararon culpables durante el juicio para obtener una condena menor, mientras que otro se dijo inocente y decidió someterse al juicio ordinario.
Elmer Charlaix, exsecretario privado; César Funes, exsecretario de Juventud; y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones, aceptaron su culpabilidad. Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la unidad financiera de la Casa Presidencial, y Jorge Alberto Herrera, tesorero de la misma, también confesaron haber cometido los delitos, pero Pablo Gómez, contador del secretario privado de la Presidencia, acusado también de lavado de dinero y peculado, no aceptó declararse culpable.
El exmandatario y su exsecretario privado están siendo procesados por los delitos de peculado y casos especiales de lavado de dinero, por los que podrían haber recibido hasta 30 años de prisión. Sin embargo, con el acuerdo logrado el Ministerio Público ha pedido que a ambos se les imponga la pena de diez años, cinco por peculado y cinco por lavado de dinero, mientras que a Rank y Funes únicamente cinco años de cárcel por lavado de dinero.
La Fiscalía pidió que Gómez sea condenado a 16 años de prisión.
Según el acuerdo, además de cumplir la pena de cárcel, la ley obliga a los condenados por corrupción a compensar al Estado con los bienes que adquirieron con los fondos públicos.
La Fiscalía General pidió que el exmandatario, Charlaix, y tres exempleados de la Casa Presidencial devuelvan al Estado 300 millones de dólares como responsabilidad civil, y también pidió que Rank pague ocho millones y Funes 800.000 dólares, el monto que se asegura desviaron de los fondos públicos.
Las autoridades ya iniciaron el proceso de embargo de 35 propiedades, 46 vehículos y varias empresas de comunicación del expresidente. Entre los inmuebles incautados destaca la residencia de Saca en las cercanías del volcán de San Salvador, que calificaron de “suntuosa” y cuyo valor se estima en ocho millones de dólares.
Saca, que gobernó el país de 2004 a 2009, es el tercer mandatario salvadoreño en ser procesado judicialmente por enriquecimiento ilícito o por desvío de recursos públicos durante su mandato. Los otros son Francisco Flores (1999-2004), quien murió de un derrame cerebral mientras estaba en arraigo domiciliar, y Mauricio Funes (2009-2014), el cual está asilado en Nicaragua.
FUENTE: Associated Press