El informe de 263 páginas de la comisión, difundido el 9 de febrero en Washington, "es una torpeza", dijo a la prensa el ministro de Interior, Ramón Fadul.
La CIDH difundió el martes el informe sobre dos años de audiencias temáticas y la visita que realizó a República Dominicana a finales del 2013. En septiembre de ese año el Tribunal Constitucional había ordenado anular mediante juicios individuales la nacionalidad de todas las personas nacidas entre 1929 y 2007 de padres extranjeros sin permiso de residencia.
Organismos de derechos humanos estimaban, con base en una encuesta de Naciones Unidas, que la sentencia dejaría apátridas a unos 210.000 descendientes de inmigrantes haitianos.
La CIDH entrevistó a más de 3.000 afectados y consideró que la decisión del Tribunal Constitucional tiene sus cimentos en ideologías raciales y en conflictos históricos con el vecino pueblo de Haití y creó "una situación de apatridia de una magnitud nunca antes vista en las Américas".
El organismo recomendó al gobierno dominicano restablecer de forma automática la nacionalidad a todos los afectados por la sentencia, estuviesen o no inscritos en el registro civil.
"Al ritmo que vamos CIDH, redactará por nosotros la constitución, leyes y sentencias" de República Dominicana, escribió en su cuenta en Twitter el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario.
El polémico fallo del Tribunal Constitucional "fue una acción soberana del órgano constitucionalmente establecido para eso y sus sentencias son vinculantes", explicó el funcionario a periodistas en un acto público.
La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, comenzó a negar documentos de identidad a dominicanos de ascendencia haitiana varios años antes de que el Tribunal se pronunciara con el pretexto de que los afectados habían sido registrados de forma fraudulenta para obtener la nacionalidad.
"Nos han tienen en un limbo", dijo por teléfono a The Associated Press Epifania Chals, de 34 años, a quien desde 2007 las autoridades le habían negado copias de sus documentos de identidad debido a su ascendencia haitiana. "Nos han matado civilmente", insistió. Sin los documentos, Chals no podía realizar ningún trámite civil, como casarse o registrar a sus hijos, ni estudiar, ni abrir una cuenta bancaria propia.
Fadul, ministro de Interior, recordó que el ante las críticas internacionales gobierno aprobó en 2014 una ley para restablecer la nacionalidad de los afectados por la sentencia, siempre y cuando estuviesen inscritos en el registro civil, como el caso de Chals.
Según estadísticas oficiales, las autoridades revalidarán la nacionalidad dominicana a unos 55.000 afectados por la sentencia.
La CIDH insistió, sin embargo, que la junta electoral "continúa negando las actas de nacimiento" a los dominicanos de ascendencia haitiana.
Chals coordina un grupo de dominicanos de ascendencia haitiana en El Seibo, su pueblo natal, 130 kilómetros al este de la capital, y asegura que las autoridades aún ponen trabas excesivas a los afectados para liberarles los documentos. Aunque reconoce que desde noviembre el registro civil comenzó a entregar las cédulas de identidad en provincia, lamenta que "nuestra situación sigue igual o quizás peor".
Detalló que las autoridades no les validaron de forma automática la nacionalidad a los afectados, como establecía la ley, sino que transcribieron el registro original a un nuevo libro, que carece de sustento jurídico y corre el riesgo de ser anulado en el futuro.
La Comisión también cuestionó en su informe la existencia de esos nuevos libros de transcripción.
Para los descendientes de extranjeros que nunca estuvieron inscritos en el registro civil, el gobierno creó un programa para registrarlos como extranjeros con la posibilidad de naturalizarse en un periodo especial de dos años.
La Comisión cuestionó "que personas nacidas en territorio dominicano y que de conformidad con la legislación dominicana les correspondía la nacionalidad dominicana sean tratadas como extranjeras".
La coalición Dominicanos X Derechos, integrada por diversas organizaciones que demandan la restitución de la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, consideró en un comunicado que el informe de la CIDH hace un aporte importante al debate sobre el derecho a la nacionalidad en República Dominicana, "ofreciendo un amplio contexto histórico, político y jurídico".
La Cancillería calificó en un comunicado como "inaceptable" el informe porque fue elaborado con "datos inexactos, prejuicios, juicios obsoletos y graves omisiones".
El proceso de desnacionalización dividió a la sociedad dominicana en 2013 y ha generado severas críticas por parte de gobierno extranjeros y organismos internacionales.
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Ezequiel Abiú López está en Twitter como: https://twitter.com/Ezequiel_Abiu
FUENTE: Associated Press