Se trata básicamente de una formalidad en apego a las reglas de la OMC. Su Organismo de Resolución de Disputas accedió a la solicitud de Corea del Sur a pesar de las afirmaciones de Japón de que las restricciones a la exportación son necesarias para la seguridad nacional. El enfrentamiento involucra a dos firmes aliados de Estados Unidos y ha provocado que el gobierno del presidente Donald Trump se involucre para intentar atenuar las crecientes tensiones económicas y políticas.
La medida dio inicio a lo que posiblemente sean meses de preparaciones y discusiones antes de que se llegue a una decisión, pero incluso entonces, Japón podría ganar tiempo y apelar cualquier decisión en su contra ante el árbitro máximo —el Órgano de Apelaciones—que no está aceptando nuevos casos debido a que Estados Unidos bloqueó todas las citas con el organismo.
La disputa surgió en julio pasado, cuando Japón impuso controles de exportación hacia Corea del sur a la poliamida fluorada, a los polímeros resistentes y a los productos de fluoruro de hidrógeno y las tecnologías relacionadas. Estos productos son utilizados en la fabricación de pantallas y chips de cómputo y son elementos fundamentales para la potente industria electrónica surcoreana, incluyendo el gigante de la telefonía celular Samsung.
Japón asegura que las exportaciones representan un riesgo de seguridad, sin revelar inquietudes específicas sobre los controles de exportación de Corea del Sur de materiales delicados que también pueden utilizarse con fines militares. Seúl insiste en que la medida de Japón tiene tintes políticos y ha generado un mayor análisis, costos más elevados, demoras innecesarias e interrupciones en las cadenas de suministros a nivel mundial, entre otras consecuencias.